TPP-11 y la soberanía de mercado en Chile
Es sabido que este acuerdo no sólo busca proteger legalmente las inversiones de las grandes corporaciones beneficiadas, sino incluso sus expectativas de ganancias, en desmedro de lo que pase con los cambios en las legislaciones de los países
Foto Agencia Uno.
Andrés Kogan es Sociólogo en Municipalidad de Lo Prado, miembro del Movimiento al Buen Vivir Global y director del Observatorio Plurinacional de Aguas
El desgobierno de Sebastián Piñera, el cual ha llegado a una aprobación ciudadana del 7%, nuevamente comete una torpeza en su pobre gestión, al poner en suma urgencia la aprobación en el Senado del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Internacional (TPP-11).
Un anuncio que ha sido defendido por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand, quien hace solo unos pocos meses atrás planteaba su rechazo a firmar el Acuerdo de Escazú, aludiendo paradójicamente a razones de soberanía nacional, ya que el país podía ser llevado a tribunales internacionales por su no cumplimiento.
Si bien es sabido que Chile en los últimos 30 años ha sido el Estado en el mundo que más ha firmado tratados de libre comercio (26) con más de 50 países, impulsando así una economía abierta a los mercados internacionales, hacerlo en este contexto de proceso constituyente es muy poco inteligente políticamente.
Señalo esto, ya que lo que la revuelta social y el aplastante triunfo del apruebo por una nueva constitución evidenció, es que la sociedad en Chile simplemente dijo basta del modelo neoliberal, impuesto en dictadura y profundizado en democracia, y el cual ha puesto a la inversión extranjera, al saqueo de los bienes comunes y al consumo desenfrenado, como sus pilares para sostener un crecimiento económico insostenible socialmente y ambientalmente.
La elite de Chile, totalmente sobreideologizada, desde un pensamiento economicista y antisocial, que cree aún en la autorregulación de los mercados, pareciera que ni con todo lo que ha pasado en el país es capaz de hacer un giro medianamente razonable, que tome en consideración las demandas más importantes que está exigiendo la sociedad.
Una de esas demandas ha sido impulsada por el Movimiento “Chile Mejor sin TLC” (1), el cual agrupa a diferentes organizaciones, movimientos, parlamentarios y ciudadanos, quienes han denunciado los peligros para el país de llegar a firmar el TPP-11.
Las razones son precisamente por la soberanía de los pueblos y por el cuidado de los bienes comunes de todas y todos, ya que es sabido que este acuerdo no sólo busca proteger legalmente las inversiones de las grandes corporaciones beneficiadas, sino incluso sus expectativas de ganancias, en desmedro de lo que pase con los cambios en las legislaciones de los países.
Esto quiere decir que, en el caso que las grandes empresas se sientan “pasadas a llevar legalmente”, puedan recurrir a Centros de Arbitraje pro empresariales, como lo son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI), la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) o la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
De ahí que empresas extractivas como Barrick o BHP Billiton, en el caso que se apruebe el TPP-11, puedan recurrir a estos centros de arbitraje cuando vean que la normativa ambiental cambie, lo que para la Convención Constitucional puede ser muy contraproducente. Esto ya que demandas como la Desprivatización de las Aguas o los Derechos de la Naturaleza por ejemplo, las cuales podrían ser parte de la nueva constitución, puedan verse en peligro en su aplicación futura.
La necesidad por tanto de que el Estado de Chile rechace este nuevo tratado y no se haga cómplice una vez más de la entrega de sus territorios a las grandes transnacionales, es primordial en estos tiempos constituyentes. Basta de seguir entregando el agua, la tierra y las semillas a quienes solo quieren seguir especulando con ellas.
El mal uso que hace el desgobierno de la noción de soberanía, sólo evidencia que únicamente la aplica cuando están en juego los acuerdos sobre Derechos Humanos y Derechos Ambientales que defienden a las comunidades y territorios, como pasó con el Acuerdo de Escazú. En cambio, cuando se trata de darle en bandeja a grandes corporaciones las riquezas del país y negar la posibilidad de diversificar su economía, ahí no se habla de soberanía.
Por ende, la soberanía que defiende el desgobierno de Chile se termina subordinando a los grandes grupos económicos finalmente, lo que ha sido una constante en estos últimos 30 años, en donde se ha vendido al mundo la idea de un país exitoso, centrado en un aumento del PIB a partir de grandes exportaciones de commodities, pero sin ningún tipo de valor agregado.
