Desarrollo equitativo y propiedad privada: ¿incompatibles?

Patricio Órdenes es Fundación Para el Progreso

A las sombras de la deliberación constitucional que tendrá lugar este año, diferentes temas de discusión constitucional han de aparecer como temas centrales y decisivos en la esfera pública. Uno de ellos, sin duda, será la importancia del derecho de propiedad. ¿Cuál es el origen de este derecho?, ¿por qué es importante consagrarlo?, ¿qué lugar le cabe a la justicia y la equidad frente a los límites de la propiedad?

Para dar respuesta a la pregunta por el origen será necesario rondar por el siglo XVII y detenernos en uno de los pensadores más brillantes que vio pasar: el filósofo inglés John Locke. El brujo liberal, como alguna vez lo apodó Carlos Peña, se le reconoce por haber realizado una de las más importantes fundamentaciones acerca del derecho de propiedad.

Para Locke, la propiedad derivaba del trabajo, pues cuando el hombre mezcla su trabajo, fruto del cuerpo que posee, con la tierra que por Dios ha sido dada –Locke fue profundamente religioso–, entonces, el resultado que de ahí resulta será necesariamente de aquel que la ha obrado, puesto que al poner “en esa cosa algo de su esfuerzo, le ha agregado algo que es propio suyo; y por ello, le ha convertido en propiedad suya” (Segundo tratado, 62).

Hoy, más de tres siglos después, el mundo moderno parece haber aceptado la fundamentación de Locke, o al menos las conclusiones prácticas que de ella se derivan. En efecto, hoy prácticamente todos los países en el mundo establecen el derecho de propiedad en sus constituciones, y siempre que se ha buscado expulsar el reconocimiento jurídico de la propiedad privada en la vida social, ha terminado en tragedia.

Tal fue el caso del fallido experimento agrícola en la China de Mao (conocido como El Gran Salto Adelante), en el cual la colectivización de las tierras terminó por sembrar –al revés de lo que creían sus motivadores iniciales– una de las más grandes hambrunas de la historia, provocando decenas de millones de muertes por inanición; hoy se estima que causó alrededor de 50 millones de muertes.

A la luz de esto, parece evidente que lo que está hoy en debate en Chile no es si la Constitución debiese o no consagrar el derecho a la propiedad privada entre sus líneas, sino más bien cuán ponderante debiese ser este derecho frente a otros valores de la vida en común, como lo son la equidad o aspiraciones de desarrollo social. En este sentido, muchos creen que el fortalecimiento de la propiedad privada y el desarrollo social equitativo son objetivos que se contrarrestan. O, dicho de otro modo, que sería necesario debilitar lo primero para comprometerse con lo segundo. Sin embargo, todo aquello no es cierto.

Así lo demuestra el ex ministro y hoy profesor investigador de CIES UDD, Mauricio Rojas, en un reciente informe titulado “Propiedad privada, desarrollo, e igualdad: panorama global y experiencia nórdica”. Rojas en aquel trabajo se ocupa de contrastar los grados de fortalecimiento de la propiedad privada de 149 países con los niveles de desarrollo humano (ajustado por desigualdad) que logran exhibir, utilizando datos de The Heritage Foundation y PNUD respectivamente, ambos para 2020.

Los resultados parecen refutar la difundida creencia: la protección del derecho de propiedad y avanzar hacia una sociedad más próspera, justa y equitativa no serían objetivos contrapuestos ni excluyentes, sino compatibles, y, de hecho, fuertemente correlacionados. Así, lograr metas de desarrollo social y una fuerte protección al derecho de propiedad no serían objetivos antagónicos sino complementarios. Ejemplos insignes de ello son los países nórdicos. Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca han logrado combinar altos niveles de resguardo del derecho de propiedad (a través de férreos salvaguardas a nivel constitucional) con altos niveles de desarrollo humano, prosperidad y niveles de equidad que permiten gran cohesión.

Estos insumos debiesen orientar las directrices de la conversación constitucional a la que nos abrimos paso. El éxito en el desafío constitucional que nos hemos propuesto dependerá así tanto de los amplios acuerdos que se logren pactar como de la coherencia técnica, considerando la evidencia comparada disponible, que compongan el contenido constitucional de aquellos acuerdos. Para ello, será necesario salir de las trincheras ideológicas y avanzar hacia una deliberación fundada en la razón, la lógica y la evidencia.