Ley de aborto y el derecho a decidir, humanicemos el debate

Históricamente, las mujeres hemos enfrentado la dura realidad del aborto, práctica que ha existido siempre, más allá de los intentos de quienes pretenden ignorarlo; así como muchas de nosotras sabemos de mujeres que, luego de tener muchos hijos/as y frente al hecho de no poder sustentar otra vida, decidieron abortar, cada una desde su realidad específica y su personal mirada de la vida.

La diferencia está en que algunas sociedades –más civilizadas y humanizadas- han optado por normar legislativamente este tema que, además, tiene también una relevante artista desde la salud pública.

La información recabada por diputadas de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, proveniente de distintas fuentes como el Minsal y otras, señalan que en Chile existen alrededor de 150 mil abortos clandestinos al año.

Frente a esto, las instituciones deben estar a la altura: el Estado central, municipios y el sistema educacional, entre otras, deben cumplir un rol que, dejando de lado el sesgo ideológico, permita a las mujeres decidir sobre nuestros cuerpos en acuerdo a las concepciones propias de vida, y para esto es indispensable contar con acogida y acompañamiento en vez de penalización; más educación y humanidad en lugar de abandono.

La reciente aprobación de la ley de interrupción del embarazo en Argentina abre nuevamente el debate en toda Latinoamérica y también en Chile.

La discusión ya está instalada gracias un grupo de parlamentarias que proponen despenalizar el aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación, asunto que se encuentra abierto y que seguramente tendrá un largo recorrido en nuestro Congreso.

El año 2017 y tras masivas movilizaciones de mujeres que exigimos nuestro derecho a decidir en este ámbito, se aprobó la ley que regula la interrupción del embarazo en tres causales específicas: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la mujer gestante y violación.

En esa oportunidad, se logró superar el sesgo ideológico y la pretensión de los sectores conservadores de la sociedad de imponer su propia moral, algo que en pleno siglo XXI y en un país cuyo pueblo pide más y mejor democracia, resulta inaceptable. Esa ley, incluso, puede entenderse como una forma de reparación para miles de mujeres que hemos vivido la indolencia del Estado frente a la decisión de abortar.

No queremos más niñas y mujeres muertas o mutiladas producto de la falta de atención médica adecuada en estos procedimientos, lo que es reflejo de la cruda desigualdad de nuestro país.

En Chile, hay mujeres que siempre han podido ejercer su derecho a decidir, porque con dinero y los contactos adecuados, no es complejo conseguir cómo interrumpir un embarazo de forma segura, aunque esto sea ilegal.

Hoy, debemos seguir avanzando y velar por los derechos de todas, humanizando el debate respecto de lo que significa encontrarse en esta situación, porque si alguien piensa que se aborta por querer, créame que no sabe de lo que habla. Y para ejercer este derecho en dignidad y conciencia, es preciso considerar el contexto en que se toma esa opción y respetar las propias convicciones.

Ante un embarazo no deseado, las mujeres nos enfrentamos a una gama de situaciones disímiles, porque las realidades de cada una lo son. Historias de abandono social, sanción moral, falta de humanidad y contención, también son formas de violencia que –no casualmente- golpean con mayor fuerza a mujeres más pobres y/o con menos redes de acompañamiento. Por esto, afirmo que nadie con una pretensión de superioridad –falsa, por lo demás- puede quitarnos la soberanía que tenemos sobre nuestros cuerpos.

Cada mujer es un mundo. Cada caso y cada experiencia son distintas y, colocadas ante la decisión de interrumpir un embarazo, es urgente que las políticas públicas garanticen igualdad para todas. Algo que el movimiento feminista ha visibilizado con fuerza en las demandas de ejercicio pleno de la autonomía sobre nuestro cuerpo y la promoción y respeto de nuestros derechos sexuales y reproductivos en su conjunto.

Estas premisas básicas deben estar en el centro del debate legislativo en Chile, en un tema que para las mujeres es, sin dudas, una deuda en restitución de dignidad y humanidad.