Desde hace ya varios años que venimos observando que nuestra sociedad está enferma. Y cada día que pasa su estado empeora. El mejor termómetro para medir su gravedad son los actos de violencia. Nadie duda que la violencia acecha en cada rincón de Chile, violencia contra la mujer, violencia delictual, violencia represora, violencia institucional, violencia intrafamiliar, bullying, violencia económica, etc. Chile se convirtió en un país violento. Lo reconocemos, lo vivimos, pero no concordamos en el diagnóstico. Así, no podremos curar la enfermedad.
Hay quienes creen que la violencia se combate con mano dura, con leyes mas restrictivas, con limitaciones a las libertades individuales, con fiscales menos acuciosos y jueces menos apegados a la ley; en conclusión, con más hombres, mujeres y jóvenes en la cárcel.
Hay quienes creemos que la cárcel es el justo castigo por la autoría de un delito, pero que es inútil como política pública para prevenir la violencia. La violencia, al igual que las enfermedades contagiosas, se propaga con mayor fuerza en sociedades desiguales, ciudades segregadas, estructuras de poder político, económico y de medios de comunicación con alta concentración, con justicia, salud y educación para pobres y para clases acomodadas. No pretendo con ello eximir de responsabilidad o culpa a quienes cometen un delito, pero no podemos cerrar los ojos y tapar nuestros oídos ante esta realidad.
Es siempre más fácil afirmar que las responsabilidades son individuales. Con ello, se evita mirar el entorno y el deterioro institucional en el que el victimario está inmerso. Es una mirada de corto plazo que no resuelve el problema de fondo. Se trata el síntoma, pero la enfermedad queda sin curar.
El Presidente Piñera ha hecho un llamado a un gran acuerdo nacional contra la violencia. Habrá dos visiones y modelos de sociedad en pugna. Aquella que busca mantener el statu quo (que nada cambie), y para ello buscarán dotar de más recursos a las policías, endurecer la ley antiterrorista, aumentar las penas, mientras que otros señalarán que el Estado ya cuenta con herramientas legales y que un acuerdo contra la violencia debe comprometer una revisión a fondo de las instituciones y de sus fallas.
Dice el dicho popular que “ley pareja no es dura”. Es sabiduría del pueblo que acepta que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos, pero cuando ese mismo pueblo percibe que en Chile se condena y encarcela a los pobres y los poderosos van a clases de ética o se les imponen multas irrisorias, avala la violencia como método para visibilizar y buscar soluciones a conflictos.
En Fundación Semilla lo vemos a nivel de comunidad escolar, y es proyectable a la sociedad. No basta un acuerdo cupular y si se continúa con políticas excluyentes y discriminadoras, estas motivarán aún más violencia. Será necesario lograr un acuerdo que busque la integración de grupos vulnerables, la reparación y, sobre todo, de un ordenamiento jurídico sano, fuerte y vigoroso en el cual la sociedad se vea reflejada en ella.
Es de esperarse que si logramos avanzar en una agenda de no-violencia, dejemos de tratar los síntomas y nos aboquemos a tratar la enfermedad.
