IFE y la transición del desempleo al trabajo

Pablo González es Director de Postgrados de Facultad de Economía y Negocios U. Alberto Hurtado

Si observamos los datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas), la pandemia significó la destrucción de aproximadamente un millón de empleos a lo largo del 2020, situación que no cambió sustancialmente durante el primer semestre del presente año. Casi la mitad de esos puestos perdidos afectaron a las mujeres, que teniendo en cuenta la menor participación histórica en el mundo del trabajo, hace más gravosa la proporción afectada.

En ese contexto, el Gobierno implementó distintas medidas de mitigación ante la crisis de ingresos que, tanto los trabajadores como las empresas, enfrentaron. Entre esas políticas, y después de varias versiones y correcciones, hoy contamos con un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que llega a cubrir a aproximadamente el 80% de la población. Y lo hará hasta fin de año. Esta semana, el Presidente de la República anunció su extensión, una medida entre forzada desde lo político (ante la amenaza de un nuevo retiro del 10% de los fondos de pensiones) y potencialmente necesaria ante el lento reacomodo del mercado laboral.

Pero esta nueva versión de asistencia viene con su bonus track. Se crea un IFE Laboral, que suplanta a anteriores esquemas de subsidios al retorno o creación de nuevos puestos. Este nuevo subsidio al empleo transitorio (hasta fin de año) contiene incluso un incentivo mayor para que las mujeres puedan insertarse laboralmente.

El esquema parece ir en la línea adecuada, aunque a veces los efectos de las políticas públicas pueden tener efectos no esperados, ya sean favorables o no. Una comprensión cabal de qué está impidiendo el retorno natural a la labor presencial ayudaría a saber si estamos en el buen camino. Muchos factores están por detrás: miedo a enfermar o contagiar a un familiar desprotegido, limitaciones horarias, cuidados en el hogar de terceros dependientes, aglomeraciones en medios de transporte, reticencia a trabajar en actividades con alta circulación de personas. Y por detrás un enorme problema de coordinación al haber una apertura gradual de las distintas actividades que involucran a una persona en su vida diaria.

Si bien no hay evidencia de que el IFE esté impidiendo la creación de nuevos puestos laborales, en la literatura económica hay casos en los que, por ejemplo, la implementación de seguros de desempleos o cesantía han generado la elevación de la tasa de desempleo de largo plazo. El IFE no es un seguro de desempleo ni es una política permanente. Sin embargo, la disponibilidad de ese ingreso puede estar ocasionando que las personas piensen mejor a qué puesto de trabajo postular, qué nuevo empleo buscar y cuándo insertarse, y cuál es el nivel de flexibilidad que desea ahora. Esta podría ser una explicación de por qué vemos algunos puestos vacíos que no se llenan. El IFE aliviana el costo de “vitrinear” en el mercado laboral. Este efecto podría perdurar algún período adicional incluso una vez terminado el beneficio, dado que, si alguna persona ha tenido la posibilidad de reservar parte de los montos recibidos, la duración del desempleo podría extenderse levemente.

¿Reducir estos incentivos? Datos de Estados Unidos analizados por Morgan Stanley, en base a la reducción que han realizado algunos estados tienden a sugerir que los recortes no tienen un gran efecto sobre el mercado laboral. Quizás son otros los factores que están determinando la lenta respuesta. Adicionalmente, evidencia a nivel de microdatos de EEUU avalan que los beneficios otorgados sugieren mejoras en la calidad del matching labor/trabajador de las nuevas relaciones laborales.

Por lo tanto, el poner un incentivo hacia la búsqueda de trabajo formal, aquel que considera el pago de cotizaciones, puede ir en el sentido correcto. Quizás uno de los temores ante esta política es que podría generar puestos de trabajos en forma espuria, sin intención de mantenerlos en un mediano plazo al menos. Pero este no es el mayor temor. El COVID-19 ha generado cambios importantes en la estructura de la economía. Algunas industrias han visto reducido su nivel de actividad, otras han crecido y/o modificado fuertemente sus formas de producir. Se han automatizado procesos y se han abierto espacios para teletrabajo antes inexistentes, lo que ha hecho que algunas competencias laborales  hayan quedado obsoletas. Si el IFE Laboral genera la creación prematura de relaciones laborales “equivocadas”, las consecuencias en términos de productividad de mediano y largo plazo podrían comprometerse. El foco no debe estar sólo en generar empleo de corto plazo.

La suma de ambos beneficios involucra unos US$7 mil millones, importe para nada desdeñable. El esfuerzo fiscal que está realizando el estado chileno en estos dos años es impresionante y está en línea con lo que otras economías han realizado. La disponibilidad de ahorros previos permite en cierta forma algún margen de acción relativamente más amplio comparado al contexto internacional.

Estas nuevas ayudas estatales siguen presionando las cuentas fiscales y no tenemos aún noción de si habrá una nueva ola (y cómo será) que obligue a extender las ayudas en el 2022. El financiamiento por reasignaciones es posible quizás este año, pero también lo veremos en la próxima discusión presupuestaria. En cuanto a lo que el crecimiento pueda aportar, debemos tener en cuenta que, por ahora, simplemente estamos recuperando los niveles de actividad del 2019, con suerte. En los próximos meses veremos porcentajes altos de crecimiento, pero estamos comparando contra una base paupérrima. Si el ciclo de cobre se mantiene, podrá aportar a las arcas fiscales algo de ayuda, la cual lo necesita.

Cuando esta pandemia llegue a su fin el nivel de endeudamiento público global será sustancialmente mayor a los niveles pre-pandemia. Pero en ese aspecto, creo que Chile tiene una ventaja en términos relativos. Si tenemos en cuenta los países de la OCDE, Chile se presenta como uno de los países con mejor posición neta en términos de riqueza/endeudamiento. Pero nada es gratis en este mundo. La expansión fiscal global, tarde o temprano, repercutirá en tasas de interés y precios, lo que a su vez podría comprometer el crecimiento de la economía en el futuro.