Condonación del CAE y Educación Pública

En 2006 se dio inicio a una de las políticas que consolidó a nivel masivo el mercado en la educación superior chilena, el Crédito con Aval del Estado (CAE). En esa época, el sistema terciario ya se caracterizaba por una constante disminución de la preponderancia de la matrícula pública, producto de las reformas aplicadas en dictadura –y no corregidas en la transición– que permitieron y fomentaron la libre entrada de oferentes privados y la reducción progresiva de recursos fiscales a las casas de estudio estatales.

El CAE, además de incentivar el desregulado crecimiento de la matrícula en instituciones privadas de dudosa calidad, introdujo el endeudamiento estudiantil a gran escala, con tasas de intereses elevados y, en muchos casos, bajas expectativas de retornos positivos para los egresados.

La banca privada en el CAE jugó y juega un papel preponderante. Su participación no sólo es uno de los ejemplos más claros de cómo se aplicó parte de la alianza público-privada en Chile, sino también la gran razón del colapso de su diseño. La recompra al año 2018 ya había alcanzado más del 50% del total de préstamos emitidos y el promedio de recarga ascendía al 26% (Cámara de Diputados, 2018). Vaya negocio para el Estado.

Según datos de la Comisión Ingresa, a octubre de 2020 un total de 1 millón 57 mil estudiantes había recibido el CAE. Entre el grupo en etapa de pago, un 46% estaba moroso (37% en egresados y 75% en desertores).

En 2020 la distribución de saldos adeudados por los estudiantes sumaba US$10,4 mil millones. Un 56% de este total tiene al Estado como acreedor –es decir, ya lo recompró a la banca–. Si bien los créditos en propiedad del fisco permanecen como un activo a nivel contable, un porcentaje importante de estos difícilmente retornará a las arcas fiscales, producto a la alta morosidad.

Durante este año electoral han sido levantadas diversas propuestas de condonación del CAE, cada cual con sus particularidades. En esta materia existen dos importantes aristas que toda propuesta debe enfrentar. La primera se relaciona con su nivel de alcance: ¿será universal? En caso de que no lo sea, ¿a quiénes considerará y por qué? Y en caso de que sí, ¿qué se hace con quienes ya pagaron o con quienes poseen una probabilidad de retorno futuro alta?

La segunda arista, la más aguda y relevante, tiene relación con lo que se proyecta luego de la condonación. La eliminación de la deuda estudiantil, sea parcial o total, significa una compensación masiva del Estado hacia estudiantes egresados mayoritariamente de la educación superior privada. Hasta ahí no existe ninguna inconsistencia, ya que se busca reparar a nivel individual los daños de una mala política pública. Ahora bien, de no mediar un cambio gravitante en el sector terciario, existirá un número similar de futuros estudiantes de las mismas instituciones privadas que requerirán de la deuda para poder estudiar. ¿Llegaremos nuevamente a altas cifras de endeudados luego de condonar?

Hoy la educación superior pública representa sólo un 16% del pregrado del sistema terciario. En las dos últimas décadas las universidades del Estado son las casas de estudio que menos crecieron (58%). Muy por sobre ellas aparecen los institutos profesionales (371%) y las universidades privadas (228%).

Es urgente la creación de instrumentos que detengan el sobreendeudamiento. A través de un nuevo sistema de crédito, sin participación de la banca y con condiciones justas de pago, será posible construir una solución en el corto plazo. Sin embargo, el foco de la discusión más relevante, estructural y de largo aliento debe estar puesto en cómo se asegura el derecho a la educación. Se requiere de un compromiso del Estado y de los diferentes actores políticos para reconstruir un sistema público, masivo, gratuito y de calidad, que sea la columna vertebral de la educación superior. Toda discusión sobre condonación no puede ser concebida sin un diseño que tenga a la educación pública en el centro.