Agenda Pesquera: entre la buena fe y el error administrativo

Durante su primera cuenta pública, el presidente Boric, hizo un reconocimiento respecto de
que en las tareas asumidas, no se parte desde cero, y que busca escuchar con ánimo de
aprender, con menos soberbia y más humildad. También se dio el tiempo de hacer un
reconocimiento a las autoridades anteriores, específicamente en el manejo de la pandemia,
señalando que si su sector fue injusto en las críticas, lo hicieron de buena fe. Además, hace
unos días, la vocera de gobierno, por su parte, justificaba el cambio de nombre de “Primera
Dama” a “Gabinete Irina Karamanos” como un “error administrativo”.

Transcurrido ya un tercio del primer año de gobierno, y terminada formalmente la instalación,
resulta oportuno detenerse a examinar la agenda gubernamental en materia pesquera que
comienza tímidamente a vislumbrarse. Análisis, que nos fuerza a reflexionar y transitar
respecto de su contenido, entre la buena fe y el error administrativo.

En efecto, como primer punto, al referirse a la ley de pesca durante la cuenta pública, el
presidente expresó que “cumpliremos nuestro compromiso de avanzar en una nueva ley, libre
de corrupción y fruto de un debate abierto y transparente. Que entregue reglas claras, justas y
sostenibles, tanto a nivel industrial como artesanal”.

Luego agregó que “reformularemos la política de fomento de la pesca artesanal y la
acuicultura de pequeña escala, mejorando los instrumentos de apoyo que otorga el Instituto
Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña
Escala”.

Por último, se comprometió con construir 17 nuevas caletas pesqueras, entre las que destacan
las ubicadas en Quellón y Melinka.

En el mismo sentido, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, anunció con bombos y platillos la
suscripción de un acuerdo con organizaciones de la pesca artesanal que considera “20
medidas” de apoyo para solucionar problemas que actualmente afectan a la actividad.

Pues bien, respecto de las 17 nuevas caletas, consultado el Ministro y el Subsecretario del
ramo en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, aclararon que en realidad no se
trata de nuevas caletas sino que de un programa de inversiones públicas a través de la
Dirección de Obras Portuarias en caletas ya existentes. De buena fe, en consecuencia,
debemos entender que por un error administrativo se las catalogó como “nuevas”.

Respecto de la reformulación de la política de fomento de la pesca artesanal y acuicultura de
pequeña escala, resulta difícil reformular algo que recién está en proceso de establecimiento
considerando que el reglamento de Acuicultura de Pequeña Escala fue publicado el 21 de
febrero del presente año, encontrándose pendiente aún la dictación de los reglamentos de
Indespa, los que no solo inciden en esta materia, sino que además regulan el diseño, ejecución
y control de sus programas e instrumentos de fomento; y sus consejos consultivos regionales,
precisamente los órganos encargados de remitir propuestas e información para la formulación
de los programas a nivel local. Ambos reglamentos que, a diferencia de lo señalado por el
Subsecretario en la respectiva comisión, fueron entregados en borrador por las autoridades
salientes a propósito del cambio de mando. Nuevamente de buena fe entendemos estar frente
a un error administrativo.

Por último, respecto del debate abierto y transparente para una nueva ley, proceso que recién
se comienza para terminar con un borrador a mediados del próximo años, según lo expuesto
por las autoridades sectoriales. Nuevamente, también desde la buena fe, y considerando las
palabras del propio presidente, debemos entender que, por un error administrativo, se ignora
que dicho trabajo fue realizado tanto en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y del
presidente Piñera.

En efecto, desde el año 2016 se han venido realizando gestiones con miras a adecuar esta
legislación. Entre ellas, el Gobierno de la Presidenta Bachelet, a través del Ministerio de
Economía y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), estableció una mesa de trabajo
con parlamentarios de la Nueva Mayoría para abordar modificaciones a la normativa, instancia
de diálogo que surgió tras la intención del Partido Comunista de anular la ley. Igualmente,
durante el 2017, Subpesca realizó cerca de 60 reuniones con organizaciones pesqueras
industriales y artesanales para levantar información con miras a modificar la ley. En estas citas
se abordaron también las conclusiones del informe encargado por el Gobierno en 2015 a las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que dio recomendaciones para
perfeccionar la normativa.

Por su parte, durante el año 2018, 1.889 representantes del sector artesanal, entre junio y julio
de ese año, acudieron a 114 encuentros participativos organizados por Subpesca, de cara a la
preparación del que sería el proyecto “largo”. En el mismo sentido, durante el año 2021,
representantes del sector pesquero artesanal y la industria dialogaron en torno a la ley corta
de pesca, en una mesa convocada por la Subsecretaría.

Todo ese trabajo, fue sistematizado en su oportunidad y se encuentra a disposición de las
autoridades actuales siendo sus conclusiones ampliamente conocidas. De ahí es que en el
contexto de crisis económica, y frente a un eventual triunfo del rechazo, postergar un proyecto
para el próximo año sobre la base de dicho trabajo no es más que repetir la historia y
mantener todo como está, ante la imposibilidad de implementar modificaciones que,
motivadas más que nada por aspectos ideológicos y reivindicatorios, que por criterios técnicos,
transitarán entre la eventual inconstitucionalidad, la pérdida de recaudación fiscal, la presión
por mayor gasto, y la merma de la actividad económica a nivel local y la subsecuente
conflictividad social.

El guion, por viejo es conocido: los del sur pedirán el término de las perforaciones en el norte,
los otros pedirán la extensión de las 5 millas hasta Magallanes, en una zona en que es
imposible la realización de actividad artesanal a mar abierto, junto con limitaciones a las
cesiones del sector artesanal al industrial, lo que será fuertemente resistido en Aysén que
amenazará con un nuevo conflicto a nivel local. Condepp reiterará su solicitud de nulidad y
pedirá una plataforma social que cercano al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional,
en base a una exposición ya vista una y otra vez en las diferentes comisiones y mesas de
trabajo. La octava región querrá una zona única de pesca con el consiguiente rechazo de las
regiones contiguas. Se pedirá el término de la pesca de arrastre, lo que con la experiencia de la
jibia movilizará a los trabajadores de planta y de flotas industriales amenazando la soberanía
alimentaria por una parte y afectando a la actividad acuícola por falta de insumos por otra. Y
junto con el término anticipado de las licencias transables de pesca (ltps), se pedirá modificar
el fraccionamiento antes del término de los 20 años lo que generará una discusión por
inconstitucionalidad por expropiación adulatoria y la disyuntiva del menor ingreso fiscal por
pérdida del royalty y del pago de la anualidad de las subastas de ltps clase B. Lo anterior, por nombrar solo los conflictos obvios y evidentes a los que se podrían sumar el conflicto artesanal
con el mundo indígena a propósito de la ley lafkenche y por una eventual cuota indígena.

Respecto de las 20 medidas anunciadas, como cuestión previa, resulta forzoso señalar que,
también desde la buena fe, atribuimos a un error administrativo catalogar como “medidas” lo
que no son sino vagos compromisos sin plazos ni contenidos acotados y que en su gran
mayoría no son sino continuidad de la gestión normal o imposiciones legales.

Por un tema de extensión, abordaré solo algunos ejemplos: la medida 1, actualizar y
sistematizar la Nómina Nacional de Pesquerías Artesanales, algo que ya está considerado en la
ley bentónica; al igual que la medida 2 sobre vacantes, considerada como un mandato legal en
el mismo proyecto y en ley corta pero en el marco de los planes de manejo; la medida 5,
proyecto de ley que autorice la movilidad interregional de los pescadores artesanales
propiamente tales, que ya es considerado en ley corta; la medida 6, otorgar urgencia al
proyecto de ley bentónica presentando indicaciones para mejorar el texto emanado del
Senado, es decir restablecer después de 4 meses la urgencia que tenía y que el propio
gobierno actual quitó, pero con la letra chica de indicaciones, que no se conocen, y que resulta
contraproducente con darle urgencia, considerando que el referido plazo ya se cerró y
requiere unanimidad de la comisión respectiva para ser reabierto; la medida 7, fortalecer la
representatividad de todos los sectores de la pesca artesanal en los comités de manejo,
aplicando el enfoque de género y revisando las condiciones para la participación de los
tripulantes en estas instancias de participación, aspecto abordado en ley bentónica y en ley de
género ya publicada y finalmente la medida 15, implementar la Ley N° 21.370 que promueve la
equidad de género en el sector pesquero y acuícola, lo que es un imperativo legal sujeto
incluso a plazo en sus normas transitorias. Y así suma y sigue.

Si todo lo anterior, hubiera sido expuesto a fines de marzo, sin duda la opinión sería distinta en
tanto daría cuenta de una autoridad informada y con un diagnóstico claro el que de alguna
forma debería haberse manifestado en el respectivo programa de gobierno. Pero transcurridos
los meses, resultan no solo preocupantes, si no además vienen a confirmar el secreto a voces
que circula entre los agentes sectoriales. Esto es la falta de conocimiento sectorial que se
traduce en la ausencia de una agenda o carta de navegación clara y realista.

De buena fe esperamos equivocarnos y que los eventuales errores administrativos
evidenciados puedan ser también prontamente corregidos.