Nueva Ley de Pesca: ¿Y la sustentabilidad cuándo?

El Gobierno ha sido claro respecto de su compromiso a tramitar una nueva ley de pesca, sin perjuicio de que hasta la fecha existían muchas dudas respecto del alcance de dicho compromiso. En efecto, no es baladí, a diferencia de lo señalado por el Ministro Nicolás Grau en una sesión de la comisión sectorial del Senado, la decisión relativa a proponer un nuevo cuerpo normativo que reemplace en forma íntegra la actual Ley General de Pesca y Acuicultura, o una mera modificación, por importante que sean sus contenidos, como lo fue en su oportunidad la Ley N° 20.657, coloquialmente conocida como “Ley Longueira”. 

Lo anterior, pues tanto el alcance de sus contenidos cambia profundamente y con ello, la duración de su tramitación, como también, y sobre todo, el alcance de sus normas transitorias, indispensables para hacerse cargo del cambio de legislación. Para que agregar lo referente al proyecto de nulidad que por su parte, en su texto actual, mandata un cuerpo normativo que reemplace la referida ley 20.657.

En dicho sentido, las declaraciones vertidas por el Subsecretario del ramo, tanto en la comisión del Senado como en una entrevista en un medio escrito, solo vienen en aumentar la incertidumbre. Incertidumbre que, por supuesto, en nada contribuye en el marco general de contracción económica que se anticipa para el próximo año.

En efecto, el Subsecretario adelantó que el Gobierno apostaría por un “Código de Pesca” a fin de abordar no solo lo referente a la actividad extractiva propiamente tal sino que también otros aspectos de la cadena de valor e incluso de la normativa ambiental. Anuncio recibido con estupefacción y escepticismo por los actores sectoriales. Dicho anuncio, solo aumenta la incertidumbre pero esta vez respecto a la viabilidad de contar con una propuesta de esa magnitud en los plazos comprometidos, abril del próximo año, y de poder ser despachada dentro del período presidencial. Al respecto se debe considerar que dichos contenidos no solo aumentan las comisiones a las que debe ser sometido un proyecto de dichas características, sino que además multiplica en forma excepcional las indicaciones a las que se verá expuesto, sumando la posibilidad de detractores en los diferentes sectores productivos atendida la diversidad de materias. 

Cualquiera con experiencia sectorial mínima conoce la controversia que se ha generado cada vez que se ha tratado de regular el contrato a la parte. De ahí a regular otros aspectos laborales hay un salto cuántico. 

De esta forma, el referido anuncio, en el lenguaje de las redes sociales, ha sido objeto de mofa en el sentido de “dime que no habrá nueva ley de pesca sin decírmelo”. 

Pues bien, sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno ha desplegado un calendario de trabajo con el sector artesanal tendiente a dar cumplimiento a los pazos comprometidos, anunciando que dentro del próximo mes, comenzará el trabajo con el sector industrial.

Dicho cronograma no ha estado exento de polémicas. La Condepp prontamente anunció bajarse de dichas mesas por estar conformadas por los mismos de siempre. Asimismo se produjo una controversia entre confederaciones respecto de la modalidad de trabajo. 

Pues bien, cualquiera sea el derrotero de dicho cronograma, lo cierto es que, tal como lo anticipamos en su oportunidad, se trata de una instancia tendiente a recoger las diferentes demandas del sector, las que en su esencia, tienen relación con cuotas y uno que otro aspecto operativo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿Y la sustentabilidad, cuándo?. 

Uno de los caballos de batalla de la crítica sectorial de la actual coalición de gobierno fue precisamente la promesa de sustentabilidad y transparencia. 

Pues bien, desde el punto de vista administrativo, como en los viejos tiempos, es posible seguir viendo decretos modificando cuotas biológicas con fundamentos meramente operativos y que en nada dicen relación con la sustentabilidad de los recursos.

El presupuesto de investigación desarrollado por IFOP apenas se reajusta en un 6,3% por lo que la cartera de proyectos se mantiene. Siendo difícil prever un aumento en el fututo cercano atendidas las proyecciones económicas y sobre todo la amenaza de rebaja en la recaudación sectorial producto del proyecto de nulidad que dejará sin efecto tanto el royalty pesquero como el ingreso por subasta, o por una eventual modificación en el fraccionamiento con efecto similar. Moción que pese al criticado performance de la autoridad en la comisión de Constitución del Senado, sigue presente como una espada de Damocles.  

Respecto de la futura ley poco y nada se ha sabido al respecto. Las autoridades solo han reconocido que algunos aspectos de la normativa actual serían efectivamente virtuosos, como por ejemplo la existencia de los Comités Científicos Técnicos, los Comités de Manejo, el principio ecosistémico, y el sistema de fijación de cuotas. 

En dicho contexto, se esperaba que uno de los ejes de los futuros cambios, estuvieran dados por perfeccionar el actual marco legal de conformidad con las oportunidades de mejora identificadas en su oportunidad a propósito de la asesoría de FAO, impulsando la investigación científica en materias oceánico-pesqueras, incorporando la seguridad alimentaria y nutricional en la política acuícola y pesquera, a fin de promover el desarrollo sustentable del sector pesquero. Pero como se ha dicho, consultadas las ONGs, tampoco han sido parte de la discusión. 

Lo anterior resulta lamentable, en tanto existen múltiples espacios para dicha discusión. Consideramos que una nueva ley, en el formato que sea, junto con conservar los aspectos positivos, debe perfeccionar las normas sobre uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, entendiendo por tal su uso de un modo y a un ritmo que no ocasionen la disminución a largo plazo de tales recursos, manteniéndolos así para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Para ello se deben modificar una serie de conceptos a fin de alinear nuestra legislación a los instrumentos y buenas prácticas internacionales.

En el caso de recursos de stocks compartidos con países limítrofes y pesquerías con baja información biológica, para la determinación del rango de la cuota global, se debe facultar al Comité Científico Técnico para aplicar otros puntos biológicos de referencia considerando la información disponible de los recursos de que se trate.

Como medida de administración, se puede incorporar el establecimiento de zonas de resguardo temporales para aves, reptiles y mamíferos marinos, en las cuales se restrinja la actividad pesquera extractiva a efectos de evitar la interacción durante los procesos biológicos de dichas especies, y donde se pueda realizar investigación, monitoreo y acciones de manejo debidamente justificadas.

A fin de avanzar en la transparencia de la administración pesquera, se debe incorporar a las pesquerías respecto de las cuales se debe informar anualmente su estado de situación a otras de interés biológico, ecológico o económico. 

Respecto de la protección de los sistemas involucrados, se debe ampliar el concepto de Enfoque Ecosistémico para incluir los demás componentes bióticos y la dimensión humana del ecosistema; así como sus interacciones, aplicando un enfoque integrado de las pesquerías dentro de los límites ecológicamente significativos. 

En el marco de la política pesquera nacional, se debe incorporar como elemento a considerar, el impacto de la pesca en la conservación del medio acuático y en la mortalidad o daño al ciclo de vida de otras especies procurando minimizar la pesca incidental. 

Respecto de la sostenibilidad económica y social de la actividad, junto con las modificaciones tendientes a la incorporación de elementos que contribuyan no solo a la sostenibilidad de los recursos, se deben incluir también mecanismo que contribuyan a la del medio ambiente, la económica y la social, como la participación social y el co-manejo pesquero a fin de integrar a las comunidades pesqueras con las autoridades en los procesos de gestión.

En dicho sentido se debe incorporar, dentro de las especialidades de los miembros de los Comités Científicos Técnicos, las ciencias sociales y económicas. En el mismo sentido, se debe modificar la integración del Consejo del Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura.

Adicionalmente, se deben incorporar dentro de los antecedentes generales de los planes de manejo, los aspectos económicos y sociales derivados del manejo de las pesquerías respectivas, de su administración y conservación.

Para dar aplicación concreta a lo anterior, se debe disponer que los proyectos del programa de investigación, consideren los aspectos económicos, ambientales y sociales derivados del manejo, administración y conservación de las especies y los ecosistemas, cuando sea pertinente.

Se deben incorporar, además, dentro del ejercicio de las funciones y competencias sobre la materia, el cumplimiento de las políticas nacionales de diversificación productiva e innovación, con el objeto de mejorar la competitividad del sector pesquero. 

En concordancia con las recomendaciones de FAO, se debe consagrar explícitamente la obligación de velar por las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Así también, resulta recomendable incorporar dentro de los planes de manejo las contingencias producto del cambio climático. Adicionalmente, crear un Comité de Manejo para los territorios especiales. 

El proyecto de ley debería considerar además, incorporar normas tendientes a facilitar y hacer más eficiente y oportuna la investigación realizada por el Instituto de Fomento Pesquero, y crear el Departamento de Recursos Bentónicos dentro de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

La experiencia de la Convención Constitucional y el naufragio de su propuesta, debería servir como experiencia suficiente a fin de evitar que la ambición refundacional del gobierno en estas materias termine con el mismo resultado. Sería bueno asimismo que revisara la historia de las diferentes modificaciones sectoriales que quedaron en el camino y rectifique una estrategia maximalista que pareciera condenada al fracaso. Máxime en un escenario de baja popularidad campo fértil para los díscolos, con minoría parlamentaria, y ante el riesgo inminente de perder la presidencia de la Cámara y probablemente de las comisiones. Aún es tiempo.