Educación 2022: balance de espejismos y postergaciones

La expectativa de la educación como prioridad nacional era enorme a la llegada del actual gobierno. Todo hacía prever que la generación de los secundarios 2006 y de los universitarios 2011-2012, que habían liderado los mayores movimientos de masas desde el retorno a la democracia, una vez en el gobierno, pondrían las bases de un sistema educativo más igualitario, capaz de distribuir con justicia, para todos, las oportunidades educativas.

El actual ministro Jackson sostenía en 2012: “El sueño de una educación de calidad sin distinción de clases no es el sueño de un grupo, sino el sueño de un país mejor”. Los adjetivos que representaban entonces los problemas que esos jóvenes apreciaban en educación, eran, “discriminación, segregación, desigualdad, marginación” (Arrué, M. 2013).

Parte importante de las demandas estudiantiles fueron abordadas desde 2014, en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Luego de una larga y compleja discusión, en 2015 se promulgó la Ley de Inclusión Escolar. Ella puso fin al lucro con recursos públicos en educación, al copago de las familias y a la selección de los estudiantes por parte de los establecimientos educacionales con financiamiento público. Determinó que todos los establecimientos particulares subvencionados funcionaran como fundaciones o corporaciones sin fines de lucro y solo con propósitos educativos. Se encargó a la Superintendencia de educación la fiscalización de esto. Creó un sistema único y estatal de admisión y definió una gradualidad y condiciones para terminar con el copago de las familias y con la selección de estudiantes. A esta iniciativa se agregó la Ley que terminaba con el sistema municipal de educación y creaba el nuevo Sistema de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación y que operaría a través de 70 servicios públicos destinados a administrar lo que quedaba del sistema municipal de educación.

El Programa del actual Gobierno, no sufrió modificaciones entre primera y segunda votación presidencial. Anunciaba la instalación de una nueva e integral visión de la calidad de la educación, la revisión y ajustes profundos al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, la renovación del currículo, un nuevo currículo para la Educación Técnica, una ley de educación sexual integral, la reformulación de la normativa de integración escolar. También se ofrecía equiparar el financiamiento público de los establecimientos de Educación Parvularia financiados por el Estado (JUNJI, INTEGRA, Jardines VTF, Municipales y de los Servicios Locales de Educación) y un nuevo sistema de financiamiento público a los establecimientos educacionales, para reemplazar la actual subvención escolar por asistencia diaria de los estudiantes.

A lo anterior agregaba el Plan de Reactivación del Aprendizaje y Bienestar de las Comunidades Educativas, para asegurar las condiciones para el retorno universal a las clases presenciales luego de su extendida suspensión (sanitarias, laborales y de infraestructura). También compromisos de conexión y de nuevas tecnologías para todos, las carreras directivas en Educación Parvularia y Escolar, la revisión y mejora de los Servicios Locales de Educación, entre otras ofertas.

Al cerrar el primer año del Gobierno, no se conocen los avances técnicos de cada una de estas promesas. La mayoría de ellas requiere iniciativa legal y en algunas incluso se ha comprometido su presentación, pero no ha sucedido. Sería bueno saber si ello se debe a que se ha desplazado para los años siguientes o si está en duda su viabilidad o su pertinencia. Una revisión del sitio de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, da cuenta de 22 proyectos en estado de tramitación en diciembre de 2022; todos son de iniciativa parlamentaria, ninguno del Ejecutivo.

De los esfuerzos de recuperación emocional y del aprendizaje de nuestros estudiantes, se sabe poco y se sabrá poco. Nunca se trazó una línea de base para evaluar un itinerario de avance, tampoco para saber quiénes lo hacen y dónde poner más atención; no son conocidas de metas de recuperación de asistencia, de retención de estudiantes o de reintegro para los que abandonaron el sistema. Se prometió una “hoja de ruta”, pero como lo demás, sigue pendiente.

Es complejo hacer un balance de este año en educación. La instalación no fue sencilla y los diseños están demorando más de lo previsto. Educación está lejos de ser lo prioritario y los grandes desafíos parecen postergados indefinidamente. La pandemia y la crisis social afectó a todos transversalmente, pero infinitamente más a los y las estudiantes y educadores de jardines, escuelas y liceos que atienden a los sectores más desfavorecidos. Esa postergación parece la más grave de todas y si no hay medidas en el corto plazo, podría llegar aconsiderarse una omisión que afecta a la ética pública.

Carlos Concha Albornoz
Profesor