Cuando la salmonicultura transgrede los límites

Hace unas semanas estuvimos en el Tercer Tribunal Ambiental solicitando que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) esté a la altura de sus funciones.

Esto ocurre en el contexto en que la empresa Australis Mar se autodenunció a fines de 2022 por sobreproducción en 33 centros de cultivo de salmones: más de 88 mil toneladas por sobre lo autorizado. Los esfuerzos de la SMA han estado puestos en que la empresa vuelva a cumplir la ley, en lugar de aplicar sanciones ante los enormes impactos de las infracciones.

Si vamos más atrás, en el año 2021, la abogada de la organización AIDA, Florencia Ortúzar,  realizó dos denuncias por sobreproducción y condiciones anaeróbicas, esto significa pérdida total o parcial de oxígeno, en centros ubicados al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, en los que opera la empresa Australis Mar.

La Superintendencia de Medioambiente constató los hechos y los calificó como graves. Sin embargo, al evitar calificar las infracciones como gravísimas, como debiera ser cuando se trata de un infractor contumaz, abrió el espacio para que la empresa presente un programa de cumplimiento, en lugar de aplicar sanciones ejemplificadoras.  

Desde Greenpeace sostenemos que Australis no debe beneficiarse de ninguna rebaja de las sanciones por el solo hecho de haber presentado una autodenuncia, dado que, en gran parte de los casos, las infracciones habían sido denunciadas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) a la SMA, antes de presentada dicha autodenuncia.

Recordemos que el presidente Gabriel Boric, en una visita a la Región de Magallanes, en mayo de 2022 indicó: “Queremos decir de manera muy clara a las distintas industrias que acá la convivencia tiene que ser en términos de respeto a la comunidad y al medioambiente, y eso implica, aunque sea duro decirlo, que industrias como la de la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas”. 

Por tanto, en Greenpeace exigimos a la Superintendencia de Medio Ambiente que se sancione a una empresa que ha reconocido públicamente la existencia de un mecanismo institucionalizado para violar la legislación chilena.  Es inadmisible que esta industria siga afectando la salud de los mares patagónicos. No se puede hacer la vista gorda ni emitir sanciones “a la medida” para quienes violan la ley. Exigimos la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) cuando la sobrecarga al ecosistema se desarrolla al interior de Áreas Protegidas. Sobre estas, fue el mismo Boric quien apuntó que «hay límites que no se pueden cruzar”.