Una doble urgencia
Es correcto emplazar a los políticos por una solución, para que su pasividad no se convierta en legitimación o normalización de este problema; al Estado para que actúe; y, finalmente, a la sociedad, para que asista en ayuda de sus integrantes, que hace años esperan una solución habitacional.
Frente a las usurpaciones, el Estado no se hace cargo del evidente déficit habitacional que tiene a tantas familias sin hogar y desaparece a la hora de hacerse cargo de las consecuencias de su propia omisión. AGENCIA UNO/ARCHIVO.
Juan Diego Cruzat es director de ArribaChile. Fundación ChileSiempre
El puerto de San Antonio, que lidera por mucho a nivel nacional la entrada de aquellos bienes que necesitamos y la salida de los que proveemos al mundo, lleva más de un año sufriendo algo que se ha vuelto la tónica en nuestro país. Su ampliación está siendo impedida por una ocupación ilegal de cerca de doscientas hectáreas en el terreno colindante, que pertenece al mismo puerto.
La toma de terrenos es una realidad injusta, que involucra a la sociedad completa, por cuanto quienes la realizan y quienes las sufren son las personas, pero quien las permite y no las detiene es el Estado.
Teniendo en cuenta tales antecedentes, no podemos considerar justa la intervención errónea del Estado, sea cuando se equivoca por exceso o por defecto en lo que hace, o cuando derechamente brilla por su ausencia. Frente a las usurpaciones, ocurren todas. No solamente no se hace cargo del evidente déficit habitacional que tiene a tantas familias sin hogar, sino que, además, desaparece a la hora de hacerse cargo de las consecuencias de su propia omisión.
Lo anterior se ve agravado cuando la política es indiferente o, peor aún, cómplice pasiva de esta situación de extrema pobreza instalada en terrenos ajenos, legitimándola tácitamente.
El problema se agrava día a día mientras no proponen una solución integral tomando en cuenta las dos aristas del problema: el respeto del Estado de Derecho, y la disminución del déficit habitacional.
No hay que olvidar que, como telón de fondo, se encuentran una paupérrima calidad de vida, la falta de una vivienda y de un trabajo estable, así como de oportunidades para las familias, o incluso la presencia del narcotráfico con intereses malignos, entre otras muchas razones, que vuelven su solución algo urgente.
Por otro lado, la complicidad de los políticos de extrema izquierda confunde el hecho de que la situación vulnerable de quienes ocupan los terrenos no sirve como justificación, por cuanto el Estado deja también a las personas afectadas, a la propiedad y al Estado de Derecho en una equivalente situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la falta de atención a lo anterior podría ser un indicio de la ausencia de una adhesión sincera al derecho de propiedad como un derecho esencial, teniendo en consideración las declaraciones del exministro Jackson sobre la usurpación del terreno colindante con el puerto San Antonio, de diputados del conglomerado del frente amplio respecto de la ley de usurpaciones, y de la ministra del Interior sobre las usurpaciones pacíficas; incompatibles con el respeto de la propiedad.
En esa línea, el oficialismo relativiza la necesidad de hacer respetar el Estado de Derecho, sumado al desconocimiento del profundo problema habitacional, por cuanto la solución de la izquierda parece ser el eterno arriendo de la casa propia. Eso, desde todo punto de vista, es realmente inaceptable: no puede supeditarse el ejercicio del derecho de propiedad a la disponibilidad del Estado para hacerlo valer, y al interés de los políticos por salvaguardarlo.
Es, por tanto, imperativo atender las usurpaciones como lo que son. En primer lugar, la falta de efectividad del Estado a la hora de atender las necesidades de los grupos más vulnerables en materia de vivienda. En segundo lugar, la imposibilidad de hacer valer la ley y las sentencias; y, como consecuencia, la ausencia del respeto hacia la propiedad privada. Entonces, es claro que no solo hay que resolver los problemas que se producen por malas o equivocadas políticas públicas; sino que también, se debe respetar el legítimo interés que existe de salvaguardar la propiedad y seguridad de las personas.
Finalmente, es correcto emplazar a los políticos por una solución, para que su pasividad no se convierta en legitimación o normalización de este problema; al Estado para que actúe; y, finalmente, a la sociedad, para que asista en ayuda de sus integrantes, que hace años esperan una solución habitacional. Esa ayuda es un deber moral, y no podemos dejarlos a un lado del camino.
