Chile más allá del Pacto Fiscal

A fines de noviembre el Comité de Expertos para el Pacto Fiscal, citado por el ministro Marcel, presentó su informe que calcula el dividendo de crecimiento que generarían las medidas que impulsa el Gobierno. Señala que estas generarían holguras fiscales adicionales por 1,04 puntos porcentuales del PIB hacia 2034. Sin embargo, en el corto plazo esas holguras serían negativas, es decir: va a faltar plata. Difícilmente habrá espacio para un aumento relevante en el gasto público, especialmente si las señales del oficialismo son que esos recursos se pretenden destinar en políticas regresivas, como la condonación del CAE. Sin embargo, el informe no se limita a analizar las propuestas de Hacienda, sino que realiza un crudo diagnóstico de la situación país. “El problema es estructural”, dice el documento, y está trabando el desarrollo futuro y explica en gran parte el desempeño mediocre de la economía en la última década.

La primera de esas fallas estructurales, señala el informe, radica en las instituciones del Estado. Un inadecuado funcionamiento del sistema político, que ha derivado en problemas de gobernabilidad. La excesiva fragmentación y los bajos incentivos a la disciplina partidaria están dificultando la adopción y mantención de buenas políticas públicas. A esto se suma un Estado que no se moderniza hace años, lo que complejiza la implementación y evaluación adecuadas de esas políticas subóptimas. Disminuir la fragmentación política, avanzar hacia un nuevo modelo de empleo público e institucionalidad que evalúe políticas públicas son pasos imprescindibles si queremos avanzar.

La segunda está en la economía, donde el nivel de las exportaciones reales -motor del crecimiento de todas las economías avanzadas- se ha desacelerado a un ritmo más rápido que el PIB. Hemos sido tibios en el impulso de nuestra industria de recursos naturales. Respecto al litio, el informe es claro: “Es más rápido promover inversiones que establecer una empresa pública actualmente inexistente”. A esto se suma un sistema de permisos que, en palabras del Comité, es “descoordinado, engorroso y con plazos excesivamente largos”. Debemos dinamizar una economía de recursos naturales que está empantanada, tanto en litio, acuicultura, hidrógeno verde, servicios ecosistémicos y otros; abriendo la cancha a través de sistemas de concesiones transparentes y competitivos. Al mismo tiempo, la modernización del proceso para obtener permisos ambientales y sectoriales debe ser una prioridad.

En tercer lugar, el reporte identifica una baja productividad ligada al capital humano, es decir, un deterioro de la educación, especialmente respecto de los niños en la etapa preescolar y escolar. Es vital reinstalar estas temáticas en el centro del debate público, especialmente con los preocupantes resultados que recientemente mostró la prueba PISA. Reactivación educativa con foco en la primera infancia, revalorización de la importancia de la escuela como espacio de formación y protección, y una mayor autonomía para formar y gestionar proyectos educativos que se adecuen a las necesidades específicas de sus comunidades educativas pueden ser reformas que ayuden a salir del pantano educacional en que nos encontramos.

Finalmente, el Pacto Fiscal incluye medidas para reducir la informalidad laboral en un contexto de estancamiento de la capacidad del país de generar empleo formal. El informe pone especial énfasis en el rol de la participación laboral femenina como motor del crecimiento, el que podría elevar el PIB por una vez en 1,8 puntos porcentuales, y generar holguras fiscales en 0,29 puntos porcentuales del PIB. Es necesario entonces reducir las trabas al empleo formal, para lo que hacerse cargo de las altas indemnizaciones por despido (las más altas de la OCDE) y aumentar los espacios de flexibilidad de nuestro régimen laboral pueden ser los primeros pasos.

El Pacto Fiscal nació como una forma de aumentar los impuestos para financiar más gasto social, y evolucionó, en un esfuerzo por fomentar el crecimiento y hacer eficiente el gasto público. Sin embargo, muchos de los anuncios que se han hecho en torno a este segundo foco (crecimiento y modernización del Estado) están bien orientados, pero tienen poca ambición, mientras que otros son confusos o derechamente contradictorios. Si bien no conocemos aún su versión final, un pacto de este tipo queda herido en el ala cuando el mismo oficialismo vuelve a poner como prioridad de gasto una política regresiva como es la condonación del CAE.

El fin del ciclo constitucional, cualquiera sea el resultado del plebiscito, presenta la oportunidad de iniciar un nuevo período, en donde el foco esté puesto en poner el país en marcha en un contexto de cuatro crisis estructurales -de crecimiento, de empleo, del Estado y de la educación-, y transformarlas en cuatro oportunidades. Hacerlo requerirá que desde la sociedad civil contribuyamos a romper la inercia que ha caracterizado a nuestro sistema político.