La oportunidad perdida (crónica de una ley ‘malhabida’)

Hace algunos días, el presidente Boric presentó una de las promesas que el gobierno le venía haciendo al empresariado del país: el Sistema Inteligente de Permisos y la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, llamada actualmente Evaluación Ambiental 2.0.

El anuncio se dio en el medio de una de las grandes crisis de confianza que ha enfrentado el gobierno y de las que cada día se conocen nuevas y preocupantes informaciones: los encuentros de 6 ministros y parlamentarios (de izquierda, centro y derecha) en la casa del lobbista Pablo Zalaquett con diversos empresarios.

Poco importó la sombra de sospecha que los cheese & wine levantaron sobre el nivel de incidencia de estos encuentros para lanzar las propuestas de regulaciones que norman, precisamente, a la actividad empresarial y su relación con sus entornos.

Pero no sólo se evidencian problemas de forma en este anuncio: el contenido del documento presentado por el Ejecutivo también genera un importante manto de dudas, ya que pone el foco en acelerar proyectos a través de la disminución de autorizaciones, y no en abordar de manera integral cómo la burocracia del Estado puede afectar a diversos actores, privilegiando, incluso, a la industria. Nada se dice respecto de las solicitudes de comunidades que llevan más de 10 años en trámite, mientras subsecretarios y ministros les niegan reuniones solicitadas por Ley del Lobby. Nada se dice sobre cientos de concesiones salmoneras que debieron ser caducadas hace años y que el Estado no ha ejecutado, permitiendo a empresas especular con nuestro mar.

Son diversos los aspectos que se deben relevar en esta discusión, pero quiero referirme a la narrativa que el sector privado ha instalado en todo este gobierno, para poder asentar su agenda.

Por meses hemos escuchado hablar de la “permisología” y cómo las supuestas demoras en las aprobaciones de proyectos impactan gravemente a la economía del país. Pero hay estudios que dan cuenta que eso no es tan así. Un análisis elaborado por Claudio Fuentes, académico de la U. Diego Portales, concluyó que entre 1993 y 2017, el 75% de los proyectos ingresados al sistema fueron aprobados y que el tiempo promedio para obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fue de un poco más de siete meses. Creo que es importante añadir que existe evidencia de que en varios casos las demoras en la evaluación de proyectos, vienen de las prórrogas de plazos solicitadas por las propias empresas.

Del mismo modo, una investigación realizada por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC, dio cuenta que si bien los proyectos más complejos requieren más tiempo de tramitación que aquellos simples, esto se debe a los conflictos socioambientales asociados a esos desarrollos y las observaciones que realizan las comunidades en los mecanismos de Participación Ciudadana establecidos, no sólo a la burocracia del Estado.

Me parece, que lo que buscan las empresas es suplir su falta de diálogo, bajos estándares e información de mala calidad con regulaciones hechas a su medida; una política pública que les dé ‘chipe libre’. Y esto no sólo va en contra del medio ambiente, sino que no resuelve el problema de fondo: a mayor conflictividad, mayores tiempos de tramitación.

Nos preocupa que la propuesta del Ejecutivo contemple normas que podrían llegar a ser regresivas, especialmente en cuanto a validar un proceso de participación temprana sin un mecanismo adecuado. Ejemplo de esto también es la ‘declaración jurada’, que pretende reducir los trámites de las compañías que modifican sus proyectos que ya cuentan con RCA aprobada, y que es más insuficiente que la consulta de pertinencia y podría aumentar los casos de elusión al SEIA.

Nos preocupa que esa búsqueda inflexible por menos tiempos de evaluación provoque una evaluación deficiente, con menor participación para las comunidades y con menos tiempo para intervenir en estos procesos, entendiendo que los recursos con los que se enfrentan en estas instancias las empresas y la ciudadanía son, a todas luces, asimétricos. La reducción de tiempos de tramitación no se puede lograr bajando el nivel de evaluación técnica de los proyectos, sino que fortaleciendo la institucionalidad y exigiendo que la información sobre su desarrollo sea más y de mejor calidad.

Lamentablemente, el actual Gobierno en su necesidad infinita de complacer a un sector que jamás estará feliz con su presencia, perdió la oportunidad dorada de ocupar esta contingencia para avanzar en la evaluación de proyectos altamente contaminantes que jamás se han evaluado, y perdió la opción de abordar el tema de fondo y elaborar un proyecto que aumentara la transparencia, la participación y la accesibilidad en los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos.