Espacios costeros marinos de los Pueblos Originarios: no tomemos decisiones a la ligera

Ya han pasado 15 años desde la entrada en vigencia de la Ley Lafkenche, normativa que  permite a los pueblos originarios solicitar al Estado el reconocimiento y la administración de espacios costeros a través de la acreditación de usos ancestrales y ceremoniales, con el fin de resguardar su cultura y tradiciones.

Sin embargo, en este tiempo, la poca información pública respecto a las solicitudes, la masiva presentación de estas a nivel nacional, el excesivo tamaño de los espacios, la poca coordinación entre los servicios públicos intervinientes, la falta de recursos para llevar adelante estos procesos y el que las peticiones suspendan por varios años cualquier trámite para desarrollar o renovar proyectos en el borde costero (como puertos, áreas de manejo, caletas, concesiones marítimas, etc.), han generado conflictos y dificultades entre las diversas actividades y solicitantes que conviven en el borde del mar.

El ejemplo más patente de lo anterior es el actual trámite de los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) en Cisnes e Islas Huichas, en la Región de Aysén, procesos que partieron hace casi 8 años y que, con sorpresa y desconocimiento de parte importante de la comunidad, se votarán el próximo 29 de febrero. En ellos, CONADI ya acreditó a cerca de 30 personas 621 mil hectáreas, lo que las convierte, por lejos, en una de las peticiones más extensas a nivel país, abarcando un porcentaje mayoritario del borde costero de la región.

Desgraciadamente, a pesar de su relevancia en materia social y económica, en estos procesos que llevan años de tramitación, no hemos visto por parte de la institucionalidad responsable ni de parte de las autoridades de la Región de Aysén una voluntad real de informar, ni de hacer parte a la diversidad de actores que ocupan el borde costero.

Tampoco, se advierte que se sopese esta desproporción, donde un grupo reducido de personas podría poner en jaque el desarrollo futuro de una región completa, generando preocupación por los precedentes futuros y el impacto que podría generar una medida de este tipo en la macro zona sur, donde lo que ocurre en una región impacta a las regiones vecinas por el encadenamiento productivo que acá se genera.

Todos estos antecedentes tienen que poner la voz de alerta. La mala utilización de la norma, el no cumplimiento de plazos y la desprolijidad en la aplicación de la ley ya ha generado que senadores de todos los sectores políticos presentaran un proyecto de ley para revisar la Ley Lafkenche, tema que también se ha debatido en la Comisión Presidencial por la Paz y entendimiento.

Por lo mismo, creemos que frente a la votación de estas dos solicitudes controvertidas no pueden tomarse decisiones a la ligera, ni a última hora. Las autoridades nacionales y regionales deben tomar nota de los vicios detectados, analizar las solicitudes en su mérito, y también deben tener en cuenta los impactos de la mismas en el desarrollo de los territorios y el bienestar de sus habitantes, poniendo en la balanza la convivencia de este espacio con otras comunidades de pueblos originarios, pescadores artesanales, el turismo, la acuicultura y, por cierto, las comunidades que viven y trabajan de cara al mar.

Desde nuestra vereda, estamos siempre dispuestos a conversar y generar acuerdos que apunten a avanzar hacia un trabajo armónico, tomando en cuenta la opinión de los diversos actores que forman parte de esta mesa.