Las reformas venideras
Así las cosas, ya reanudadas las discusiones legislativas, el Gobierno de Gabriel Boric deberá discernir si, por un lado, perseverará en su agenda de cambios profundos o, por otro, moderará sus propuestas con sentido de realidad y perseguirá acuerdos transversales por la vía del diálogo.
AGENCIA UNO/ARCHIVO.
Juan Pablo Lira es IdeaPaís.
Este 2024 podría ser un año de reformas sustantivas para nuestro país. Está por resolverse la reforma al actual sistema de pensiones; y por otro lado, sigue pendiente el acuerdo por un pacto fiscal para los próximos diez años. Ambas reformas —necesarias, por cierto— ofrecen una oportunidad para corregir el rumbo de una política desorientada por la polarización y las agendas ideológicas que obstruyen las reformas que Chile necesita. En este sentido, para que ambas iniciativas prosperen, es imperativo que prevalezcan los consensos y la capacidad de las fuerzas moderadas de tomar distancia de los extremos.
Respecto a la reforma previsional, el rechazo del seguro social representó un golpe directo al espíritu refundacional de una izquierda dura que, a pesar de las advertencias, se aferró a la alternativa del reparto como la única vía para incorporar solidaridad al sistema. Es cierto, Chile necesita avanzar hacia un sistema de pensiones capaz de asegurar una vejez digna a quienes están por jubilarse. También es una realidad que nuestro sistema previsional está lleno de inequidades que deben ser atendidas. Sin embargo, ambas premisas no son razón suficiente para reformar a todo evento, sobre todo si esa reforma significa volver insostenible el sistema en el largo plazo. De cara a un nuevo ciclo de discusión, el Gobierno está a tiempo de entender que incorporar solidaridad a nuestro sistema previsional no pasa necesariamente por instalar mecanismos de reparto que son insostenibles con los cambios demográficos que experimentamos. Sobre todo si existen alternativas como la solidaridad intrageneracional, capaces de emparejar la cancha con quienes hoy se encuentran en desventaja, y al mismo tiempo proteger el ahorro de los trabajadores.
En paralelo, en los meses que vienen, el Ejecutivo se dará a la tarea de acordar un pacto fiscal que sirva como hoja de ruta en el largo plazo. La intención es acertada: no podemos seguir pretendiendo cambiar las reglas del juego cada cuatro años. El diagnóstico del ministro Marcel respecto a los componentes que debe abordar este pacto, también es clave. Elementos como mejorar la eficiencia del Estado, reformar el sistema de permisos sectoriales e incorporar medidas de cumplimiento tributario parecieran ir en la dirección correcta respecto hacia donde debiera avanzar un acuerdo transversal en materia fiscal. Sin embargo, la insistencia del Gobierno —y de sus parlamentarios— en aumentar la carga del impuesto a la renta pareciera responder más a una necesidad de conservar su relato, que a diseñar un pacto fiscal coherente con las necesidades del Chile de hoy. Diversos expertos han advertido que en Chile hay poco o nulo espacio para seguir subiendo la carga tributaria si consideramos que sólo uno de cada cuatro trabajadores paga este impuesto. Y aunque para algunos suene descabellado, ampliar la base tributaria —esa batalla que nadie quiere dar— es un elemento que, tarde o temprano, deberemos resolver.
Así las cosas, ya reanudadas las discusiones legislativas, el Gobierno de Gabriel Boric deberá discernir si, por un lado, perseverará en su agenda de cambios profundos o, por otro, moderará sus propuestas con sentido de realidad y perseguirá acuerdos transversales por la vía del diálogo.
Esta encrucijada representa una oportunidad —probablemente la última de su administración— para ejercer un liderazgo conciliador, que tenga por resultado destrabar dos reformas necesarias y urgentes para nuestro país. Y aunque optar por esta vía tiene costos políticos, pareciera ser la única manera de que ambas iniciativas lleguen a buen puerto y se traduzcan en cambios positivos para el Chile que vendrá.
