El Gobierno de Boric y la trampa identitaria
La efectividad del Gobierno en materia de cumplimiento de compromisos programáticos no permite sostener que este gobierno sea el menos efectivo en la serie desde el 2010 en adelante. Por cierto, tampoco es el que muestra mejores resultados a nivel de producción legislativa.
Marcelo Mella es analista político y académico del Departamento de Estudios Políticos de la Usach.
En el balance sobre los dos años transcurridos del gobierno del presidente Gabriel Boric la discusión sobre su cumplimiento de compromisos instala la pregunta sobre si su administración es más bien un reflejo de la crisis política de nuestra democracia o un factor para la solución de los problemas del país.
La primera consideración es que el actual gobierno sigue la tendencia de gobiernos minoritarios desde 2001, con un legislativo en creciente fragmentación partidaria y en un contexto de menor crecimiento de la economía chilena.
Los gobiernos minoritarios son una de las curiosidades del régimen presidencial que pueden gobernar con cierta efectividad solo en la medida que constituyan una coalición legislativa mayoritaria. De no ser así, el Ejecutivo queda expuesto a la parálisis legislativa o a ataques de la oposición sobre ministros o el propio presidente.
La tendencia a la fragmentación del sistema de partidos que ha venido aumentando desde el gobierno de Ricardo Lagos, y que se aceleró desde las elecciones de 2017 con la nueva ley electoral, aunque no es culpa del gobierno de Gabriel Boric, si establece restricciones y desafíos importantes para gestión del poder Ejecutivo.
Dada la corta trayectoria de los partidos del Frente Amplio (FA) que llegaron al poder en marzo de 2022, se puede entender el exceso de confianza durante sus primeros seis meses. No se ponderó adecuadamente las condiciones políticas iniciales, por ejemplo, el apoyo de Boric en primera vuelta (25,83%), la correlación de fuerzas en el Congreso (minoritaria en ambas cámaras), la persistencia de problemas sectoriales que están detrás del malestar social (vivienda, educación, salud, previsión, seguridad) y la aversión al riesgo en la ciudadanía en un contexto de crisis prolongada (tendencias restauradoras).
Una vez verificada la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre aparecieron al menos dos grandes problemas estratégicos.
Primero, extender el oficialismo hacia el centro político que fue una decisión tomada a cuentagotas desde el cambio de gabinete realizado dos días después de la derrota del Apruebo en el plebiscito de 2022.
En segundo lugar, administrar los costos internos en Apruebo Dignidad y en el Frente Amplio por el desplazamiento de los propósitos del gobierno.
Por su parte, el rechazo de la reforma tributaria el 8 de marzo de 2023 no hizo sino debilitar la idea de que la táctica del “pirquineo” de votos de los pequeños partidos del centro político podría ser la mejor estrategia. El argumento para la cooptación de los votos individuales de parlamentarios de pequeños partidos se apoyaba en disminuir los costos en el oficialismo por concesiones ideológicas desmesuradas. Sin embargo, el rechazo de la tributaria mostró que hacia adelante resulta indispensable asegurar la votación de los partidos históricos de la “oposición blanda” con el costo interno para el oficialismo que se deriva de ello, por transacciones que podrían resultar más costosas en lo ideológico.
Con todo, la efectividad del gobierno en materia de cumplimiento de compromisos programáticos no permite sostener que este gobierno sea el menos efectivo en la serie desde el 2010 en adelante. Por cierto, tampoco es el que muestra mejores resultados a nivel de producción legislativa si se quiere hacer estricto y contabilizar solo aquellas leyes aprobadas que son de iniciativa presidencial y que iniciaron su trámite dentro del período de cada gobierno.
En este contexto y pensando en los últimos dos años, la mejor trayectoria posible para el gobierno consiste en asumir un necesario desplazamiento propósitos desde sus objetivos refundacionales originarios, para abocarse a destrabar los nudos legislativos de las reformas que en este momento se encuentran bloqueadas y de esta manera generar señales para la recuperación del país.
Transitar de la refundación a las reformas al propósito de la recuperación del país, obliga a internalizar altos costos en términos identitarios. Pero de lo contrario, la imagen de falta de efectividad del gobierno será un duro escollo para la proyección electoral del oficialismo.
La tensión entre las creencias originarias y la necesidad de mostrar resultados se ha traducido en una dicotomía no resuelta por el gobierno de Boric entre identidad y estrategia. Superar esta dicotomía requiere que el oficialismo, especialmente el FA., entienda tres cosas.
Primero, que la distancia entre un programa de gobierno y lo que el gobierno puede hacer usualmente termina siendo bastante grande. Segundo, que el cumplimiento de los compromisos del programa es generalmente parcial dependiendo de condiciones políticas heredadas. Tercero, que la única forma de crecer electoralmente y evitar el ensimismamiento identitario es salir del espacio político originario e
incorporar demandas y sectores nuevos.
Por lo demás, abandonar el propósito de la refundación y enfocarse en impulsar la “política de lo posible”, permitirá a cúpulas y bases del FA revalorizar a aquellos que hace más de 30 años debieron sacrificar creencias propias por el bien superior del país.