Empresas de energía y derechos humanos

Hasta el 10 de agosto, diez días después del temporal de viento y lluvia que afectó el centro y sur de Chile, la SEC informaba que 60 mil familias continuaban sin suministro de electricidad en el país. De ellas, 42 mil correspondían a la Región Metropolitana.

Ello ha generado no solo la molestia de los usuarios perjudicados por los prolongados cortes en el suministro de energía, quienes legítimamente han protestado manifestándose de diferentes maneras, incluyendo a través de barricadas en diversos barrios de Santiago, sino también de las autoridades, incluyendo al propio presidente Gabriel Boric. 

Particularmente crítico es el caso de ENEL, empresa de capitales italianos (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica), que en nuestro país funciona a través de Enel Chile S.A., la que además de la generación de energía, tiene a cargo la distribución de la electricidad en 33 comunas de la Región Metropolitana.

Si bien es efectivo que el temporal de viento y lluvia tuvo una fuerza inusitada – fuerza que con la crisis climática resulta predecible volverá a repetirse y posiblemente incrementarse- todos los análisis existentes indican que esta empresa no tuvo la debida diligencia para prevenir lo ocurrido, tampoco para reparar los daños ocasionados a los usuarios oportunamente.

En efecto, los cortes de energía provocados por el derribamiento de postes del tendido eléctrico y árboles, pueden en una medida importante ser previstos, a través de la mantención de dichos postes, de responsabilidad exclusiva de las empresas, y mediante la poda o eliminación de árboles cuando estos se debilitan, lo que es responsabilidad compartida entre las empresas proveedoras y la municipalidades respectivas. 

Por otro lado, la reposición de un servicio tan elemental como el suministro eléctrico no puede demorar un tiempo tan prolongado como ha ocurrido afectando a miles de familias, con graves perjuicios consecuencia de la pérdida de alimentos, la ausencia de calefacción en temporada invernal, los problemas de comunicación que generan, entre muchos otros.

Ello resulta paradojal teniendo presente las enormes ganancias que ENEL obtiene por sus actividades en el país. En efecto, de acuerdo a la empresa sus ingresos en Chile durante el primer semestre de 2024 alcanzaron a US$2.411 millones, siendo previsible que estas se incrementen exponencialmente con el alza de tarifas decretada a contar de julio de este año.

Mas allá de las multas dispuestas por la legislación del consumidor, que en ningún caso compensarán el daño provocado, las que ENEL ha manifestado su disposición a pagar, estamos en presencia de una afectación grave a los derechos humanos como consecuencia de la negligencia empresarial.

Es importante precisar que servicios como el agua potable y la energía son considerados como parte fundamental del derecho a una vivienda adecuada reconocido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ratificado por el Estado de Chile.

Se debe valorar la actitud asumida en este caso en días pasados por el Ejecutivo. Así, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció primero y procedió después a impulsar la primera etapa de caducidad de la concesión de ENEL en la Región Metropolitana a través de una fase adversarial.

Tratándose de una empresa cuya matriz se encuentra ubicada en el extranjero, el presidente Boric instruyó al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, tomar contacto, a través del embajador en Italia, Ennio Vivaldi, con los representantes de ENEL en Roma para representar lo ocurrido. 

Según ha trascendido en la prensa, Vivaldi fue contactado por el consejero diplomático de la presidenta Giorgia Meloni, quien expresó la preocupación de su gobierno y la disposición para contribuir a que ENEL cumpla sus compromisos en nuestro país.

Lo ocurrido en el caso de Enel deja en evidencia el vacío existente en nuestro marco normativo a objeto de asegurar que empresas como ENEL Chile cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

La necesidad de contar con legislación que permita asegurar la debida diligencia empresarial, tanto pública como privada, en derechos humanos para evitar que su accionar afecten los derechos humanos, y que los afectados puedan exigir la reparación y sanción por vías administrativas, civiles y penales, cuando sea pertinente, como aquella hoy existente en numerosos países europeos, formaba parte del programa de gobierno del presidente Boric.

A mediados del año pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inició un proceso participativo con distintos sectores, incluyendo las empresas y la sociedad civil, para elaborar un anteproyecto de ley sobre la materia. Lamentablemente, dicho proceso fue paralizado, sin que exista información sobre cuándo este será reiniciado.

Si los daños provocados por Enel al no garantizar ni reponer oportunamente a miles de usuarios el servicio eléctrico consustancial al derecho a una vivienda adecuada ante contingencias como el último temporal, cuestión que ha sido repudiada trasversalmente por usuarios y autoridades, no nos hace reaccionar en esta materia, cabe preguntarnos, ¿que se requiere para que avancemos en este ámbito?

Esperemos no sea necesario que eventos naturales o consecuencia de la actuación humana con igual o mayor afectación a los derechos de la población dejen nuevamente en evidencia el actuar irresponsable de las empresas, incluyendo aquellas que generan grandes utilidades como ENEL Chile, como la inacción del Estado en esta materia, para que ello ocurra.