Formalizar o fracasar
La informalidad es una de las causas principales de las bajas pensiones en nuestro país, así como fuente de precarización del empleo.
AGENCIA UNO/ARCHIVO.
Juan Pablo Lira es investigador de IdeaPaís.
Habiendo reflotado con fuerza en las últimas semanas el debate previsional, pareciera haber algunos consensos mínimos que sirven como base para creer que es posible concebir algún acuerdo en los próximos meses. Y, aunque vale celebrar que al menos existan mínimos comunes —como sería aumentar en 6 puntos la cotización o fomentar la competencia en el mercado previsional—, pareciera haberse soslayado en la discusión política uno de los elementos centrales: la imperante informalidad laboral, bastante arraigada en nuestro país.
Si bien, la discusión técnica ha sabido sopesar los efectos que cualquier fórmula previsional podría tener sobre la informalidad, ésta no ha sido lo suficientemente relevante en el curso que ha tomado el debate político. Lo cierto es que, en un contexto de envejecimiento poblacional acelerado, la informalidad emerge como un desafío aún mayor para la sostenibilidad del sistema de pensiones: a medida que aumenta el número de personas jubiladas y se mantienen los niveles de trabajadores que no contribuyen, aumenta también la necesidad de un mayor gasto público que mantenga el sistema, poniendo en riesgo, por un lado, la sostenibilidad fiscal de las políticas sociales y, por otro, el bienestar de los futuros pensionados. Lamentablemente, la propuesta del Gobierno, lejos de hacerse cargo de éste desafío, pareciera apuntar en la dirección opuesta. De acuerdo al reciente estudio realizado por CLAPES UC, la fórmula sobre la que insiste el Ejecutivo tendría efectos perjudiciales sobre el empleo formal, reduciéndolo en más de 2 puntos porcentuales.
Ahora bien, reducir la informalidad es más un desafío de la política social y laboral que del sistema de pensiones. Por desgracia, nuestra política social aún está bastante al debe en este tema. De hecho, un reciente estudio del Centro de Políticas Públicas UC da cuenta cómo muchos de los subsidios estatales (¡10!), más que mitigar los incentivos a la informalidad, terminan incentivándola. De igual manera, es crucial analizar cómo nuestro sistema laboral termina por desincentivar la formalización en ciertos grupos, como sería el caso de miles de madres que, para conciliar labores de cuidado con trabajo, optan por empleos más flexibles que se encuentran más fácilmente en el mercado informal.
La informalidad es una de las causas principales de las bajas pensiones en nuestro país, así como fuente de precarización del empleo. Así las cosas, en la medida que nuestra institucionalidad no se haga cargo de los problemas estructurales arraigados en nuestro sistema laboral y en el diseño de la política social, habremos fracasado en dar solución al drama que se vive en la vejez.
