Desprotegidos

El 20 de agosto, la Dirección del Trabajo —que es parte del Estado— suspendió temporalmente las operaciones de una farmacia en La Cisterna argumentando que ha habido demasiados asaltos y no se estaba protegiendo la vida y salud de los trabajadores de forma adecuada. Además de estar completamente equivocada, esa decisión evidencia la falta de interés del Estado por la libertad de los chilenos.
 
Como bien explican ex directores del trabajo, las empresas tienen que proteger a sus empleados en el ámbito de su trabajo. En el caso de una farmacia, por ejemplo, se deben tomar los resguardos para evitar los peligros de manejar cajas de remedios pesadas. Pero, no tienen por qué tomar acciones para que no existan narcotraficantes o delincuentes en el barrio completo.

El que hoy en día experimentemos casi 40% más casos policiales por homicidio que en 2018 es una señal de que el Estado está fallando, no los empresarios. Es más, entre 2013 y 2023, el gasto público anual en orden público y seguridad disminuyó 7% en relación con el PIB. O sea, el crimen más violento ha aumentado, pero los recursos públicos para combatirlo son cada vez menos.

Ante la falta de interés del Gobierno por combatir la delincuencia, las empresas no han tenido de otra más que invertir en su propia protección. Hace una década, el gasto público contra la delincuencia era más del doble de lo que los privados destinaban al mismo fin. Pero, con el aumento del crimen durante los últimos años, los privados quintuplicaron su gasto en servicios de empresas de seguridad privada, totalizando un gasto contra la delincuencia igual a 1,4 veces el del Estado en 2022.

Poco a poco, el Estado va abandonando a las empresas a su suerte, llegando al ridículo de exigirles que sean ellas quienes velen por la protección de sus trabajadores frente al crimen. O sea que, además de ser víctimas de la delincuencia, y además de pagar impuestos precisamente para combatir esa delincuencia, ¿los ciudadanos tenemos que suplir el rol que el Estado no está cumpliendo?  Y si no, ¿el Estado va a cerrar los almacenes, farmacias y kioscos?

Tanto forzar negocios a cerrar como dejarlos desprotegidos frente a la delincuencia significa menos empleo, menos incentivos para invertir y menos ingresos para las familias. ¿Quién va a estar tranquilo yendo a trabajar si sabe que lo pueden asaltar en el camino? ¿Quién va a querer invertir en un negocio que constantemente tiene pérdidas por robos y asaltos? Estimaciones recientes indican que las pérdidas económicas del aumento de la delincuencia son 2,1% del PIB, que es más o menos lo mismo que nos cuesta financiar la PGU de todos los que la reciben hoy en día.

Nuestra libertad para trabajar, para comerciar y para realizar nuestras vidas en paz no es posible si el Estado no cumple su función más básica, que es proveernos de seguridad mediante su uso legítimo del monopolio de la fuerza. Cuando el Estado no está a la altura, los delincuentes ganan y el resto de los chilenos pagamos el precio.