En todas las democracias serias

En marzo, el Congreso retomará el debate sobre las sanciones a quienes no voten en el marco del voto obligatorio. Pero la discusión no solo girará en torno a las multas, sino también sobre quiénes pueden ejercer el derecho a sufragio en Chile. En un giro llamativo, el Gobierno ha ingresado indicaciones al proyecto de ley en tramitación que restringen el voto migrante. La propuesta busca que los extranjeros con al menos cinco años de residencia solo puedan votar en elecciones municipales y plebiscitos comunales, excluyéndolos de comicios presidenciales y parlamentarios. Además, se exigirá un certificado de antecedentes penales de su país de origen y se endurecerá la definición de “avecindamiento” contenida en la Constitución para efectos electorales. Es un cambio drástico del oficialismo, que hasta hace poco se oponía tajantemente a estas restricciones.

“La derecha quiere pasar gato por liebre con el voto obligatorio… En todas las democracias serias, solo los ciudadanos pueden votar en elecciones nacionales”, dijo recientemente el senador Juan Ignacio Latorre (FA). Lo curioso es que, en 2020, el mismo senador hizo reserva de constitucionalidad contra el artículo 175 del proyecto de migración impulsado por el expresidente Piñera, que establecía restricciones al voto migrante. Su argumento era que limitar el sufragio de los extranjeros atentaba contra sus derechos adquiridos y contra nuestra tradición democrática. Pero en 2025, su postura ha cambiado radicalmente.

Este giro no es exclusivo de un senador oficialista. En 2021, el entonces diputado Gabriel Boric también recurrió al Tribunal Constitucional para impedir que avanzaran restricciones al voto migrante en el mismo proyecto de ley. Solicitó que el TC se pronunciara sobre el artículo 175. El Tribunal Constitucional dio la razón a los recurrentes, permitiendo que los extranjeros con cinco años de residencia (temporal y discontinua) siguieran votando en elecciones nacionales. Entre los firmantes estaban Karol Cariola, Camila Vallejo, Diego Ibáñez, Maite Orsini, Catalina Pérez, Gonzalo Winter y Miguel Crispi. ¿Qué cambió? Al parecer los números. Según Panel Ciudadano UDD, las tres principales figuras presidenciales de la derecha -Matthei, Kast y Kaiser- suman el 59% de las preferencias del electorado migrante. En contraste, las principales opciones de la izquierda -Bachelet, Tohá y Vodanovic- apenas alcanzan un 19%. Más que principios, lo que está en juego es el temor a un electorado que ya no les es favorable.

Pero la inconsistencia no es exclusiva del oficialismo. La derecha, que ha impulsado restricciones al voto migrante, ahora se opone a las propuestas del Ejecutivo. Sin ir más lejos, en mayo de 2024 senadores de la UDI propusieron reformar la Constitución para limitar el sufragio extranjero. Sin embargo, hoy rechazan la medida de Boric, no por un repentino amor al universalismo democrático, sino porque han descubierto que el voto migrante podría beneficiarlos en noviembre. En este debate, más que principios, abundan cálculos electorales.

Actualmente, según datos del Servel, el padrón electoral en Chile incluye cerca de 786 mil votantes extranjeros, el 5% del electorado. Su exclusión de las elecciones nacionales podría modificar resultados estrechos, especialmente en regiones con alta presencia migrante como Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá.

Más allá del impacto electoral, preocupa la inestabilidad de las reglas del juego y la poca seriedad legislativa. En democracias consolidadas, las reformas electorales no se hacen a meses de una elección. En Francia, el Consejo Constitucional exige que se aprueben con al menos un año de anticipación. En Alemania, la Corte Constitucional ha anulado reformas de último minuto por afectar la certeza jurídica. En EE.UU., la doctrina Purcell desaconseja cambios cercanos a los comicios para evitar confusión y afectar la confianza en el proceso electoral.

Chile, en cambio, legisla sobre la marcha. En marzo quedarán poco más de ocho meses para las elecciones. Cambiar las reglas ahora no es un acto de justicia electoral, sino de oportunismo político. Si el Gobierno y el Congreso creen que esta es una discusión necesaria, deben abordarla con perspectiva de largo plazo y no con la calculadora en la mano. Porque, en todas las democracias serias, la estabilidad de las reglas electorales es un principio fundamental. Y en Chile, lamentablemente, lo que estamos viendo es todo lo contrario.