Ley de inclusión: las consecuencias de una implementación improvisada

El reciente caso de agresión de un alumno autista a una profesora en Ñuble vuelve a poner en evidencia la grave crisis que atraviesa la educación debido a una política de inclusión mal ejecutada.

Basta leer los comentarios en redes sociales para advertir el bajísimo impacto que han tenido las escasas iniciativas de educación en la población general, y lo peligroso que es imponer obligaciones sin tomar en cuenta los derechos y deberes de todos los actores de la sociedad.

Expresiones como: “ahora todo el mundo es TEA”, “es la moda, en mis tiempos no existía”, o incluso “apuesto que el TEA se le quita a palos” denotan no solo la magnitud del desconocimiento, sino también el muy humano temor a lo desconocido y a aquello que escapa a nuestro control.

La tragedia radica en que este caso, al igual que muchos otros que suceden a diario y no aparecen en las noticias, era evitable.

¿Por qué debería una docente conocer estrategias de abordaje de un alumno autista? ¿Por qué se impone a los colegios a educar a personas con necesidades especiales en entornos que no están preparados para ello? ¿A alguien se le ocurriría poner a un médico general a ejecutar una cirugía compleja sin la preparación adecuada, para luego sorprenderse por resultados desastrosos?

El autismo es una condición con base neurológica cuyo núcleo sintomático son las dificultades de comunicación y relación, acompañadas de extrema rigidez cognitiva y conductual, además de importantes alteraciones en el procesamiento sensorial. No todos los autistas son discapacitados, pero todos son pacientes complejos, únicos, y la mayoría -hasta el 80%- va a presentar alguna comorbilidad (condición patológica co-ocurrente) en algún momento de su ciclo vital, principalmente depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos conductuales, epilepsia, trastornos del sueño, de la digestión, etc. Así, la severidad es dinámica y está dada por la magnitud de los apoyos que requiera para funcionar adecuadamente en sociedad, esto es, relativa autonomía, autocuidado, comunicación de deseos y necesidades, habilidad para adaptar y adaptarse al ambiente. Ser autista, por lo tanto, incide en todas las dimensiones de la vida de esa persona y de su familia de diversas maneras a lo largo de sus vidas.

En concreto, no es lo mismo un niño autista que presenta solo las dificultades nucleares de interacción y comunicación, que un adolescente autista con múltiples comorbilidades no tratadas, por ello, pretender la inclusión de todas las personas autistas en ausencia de las condiciones mínimas indispensables para su abordaje simplemente no es viable.

El escenario es este: profesores que tienen a su cargo hasta 45 niños en el aula, entre 5 y 10% de los cuales presentan necesidades especiales, la gran mayoría sin cobertura de tratamiento especializado. A estos profesionales, ya por definición sobre exigidos, quienes no reciben la capacitación ni los recursos adecuados, ni tienen el tiempo disponible para dedicarle a cada niño, se les exige educar en inclusión. Y a estos padres, sin psicoeducación disponible, se les ofrece el anhelado espacio que todos queremos para nuestros hijos.

¿Qué podría salir mal? Prácticamente todo: alumnos autistas que son incomprendidos, víctimas de bullying o exclusión social, solitarios, tristes, enojados.

Profesores frustrados, con alta tasa de licencias psiquiátricas, sin redes de apoyo. Alumnos neurotípicos asustados, confundidos y a la defensiva. Todos con justa sensación de ser víctimas de un trato injusto.

La actual ley de autismo es una declaración de intenciones. Expresa una voluntad del Estado de Chile de promover la inclusión de las personas en el espectro del autismo en todos los espacios de convivencia: educativo, de salud, laboral y comunitario. Pero no entrega lineamientos específicos, condiciones de inclusión ni menos herramientas ni estrategias para quienes deben impartir educación, atenciones de salud y convivir con autistas en la vida real.

La tragedia ocurrida en Ñuble es responsabilidad directa del Estado de Chile, encargado de cumplir con las leyes que él mismo define y de garantizar que se protejan los derechos fundamentales. No es el TEA, no son los compañeros, y por supuesto que no son los profesores el problema.

El problema, una vez más, es la carreta puesta delante de los bueyes. Es URGENTE inyectar recursos –humanos, tecnológicos, materiales, estructurales- a la implementación de esta ley, de lo contrario seguiremos lamentando situaciones como éstas, que se olvidarán con las noticias de mañana.