"Sobre prejuicios, gobiernos de derecha y medio ambiente", por Marcelo Mena

Existen muchos prejuicios con respecto a lo que podría hacer un gobierno de derecha sobre el medio ambiente. Sin embargo, esos prejuicios se basan en que la derecha está emparentada con grandes intereses económicos, y que el medio ambiente va en contra del desarrollo económico. 

 

El Gobierno anunció recientemente la aprobación, por medio del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, de dos normas vitales para la calidad de aire del país: la norma de calidad de aire para material particulado fino y la norma de emisión de termoeléctricas. La primera se estima generará ahorros de 20.100 millones de dólares entre el año 2012 al 2021, a un costo de 4580 millones de dólares. Una relación beneficio costo de 4,3. La norma de emisión de termoeléctrica costará a los privados cerca de 1.700 millones de dólares, con beneficios de 3.600 millones de dólares. Una rentabilidad dos veces más que los costos. En términos estrictamente económicos pareciera ser que estas normas van en una dirección pro desarrollo. 

 

En efecto estos “beneficios” son muertes, enfermedades, ataques de asma y días perdidos de trabajo evitados. Se estima que la fuerza laboral chilena pierde 1,6 días de trabajo por trabajador al año. Y se estima que con las reducciones de PM2.5 (material particulado fino) a las que apuntamos podríamos mejorar nuestra expectativa de vida en cerca de dos años. 

 

Al final la contaminación es una carga para la economía. Una carga real que les toca pagar a los privados o al Estado. A mí me cuesta el inhalador, gotitas, y jarabes de tos. Entonces no es de extrañar que un gobierno de derecha sea el que termine aprobando una norma que demoró muchos años en publicarse durante el tiempo de la Concertación, incluso adelantando los plazos de cumplimiento de la norma de PM2.5. Es una norma que mejorará nuestra competitividad laboral, y además defiende la vida.

 

La norma de emisión de termoeléctricas tiene notable relevancia hoy en día. Esta norma, compleja por cierto, fue tratada con especial sensibilidad por el Ministerio de Medio Ambiente. Se armó un equipo grande de especialistas en calidad de aire, termoeléctricas, y de tarificación eléctrica. Se estimó cuánto costaría a cada planta existente cumplir las normativas, y cómo afectaría esto la tarifa eléctrica. 

 

El resultado fue que la norma genera el doble de beneficio que los costos de abatimiento, y que la tarifa eléctrica se vería afectada en un máximo de 0.1%. Algunos sectores encuentran que los valores son muy exigentes, ya que el parque termoeléctrico actual y entrante, tiene tecnología de abatimiento atrasada, pero son muy similares a los que exige el Banco Mundial para otorgar financiamiento a proyectos termoeléctricos.

 

Al final estas dos normas muestran que con herramientas de evaluación social como las que se han desarrollado en Chile, se pueden derribar dogmas ambientales. Dogmas que insisten que Chile, al ser un país pobre, no puede aspirar a normativas de excelencia. Y que un gobierno de derecha, con tendencias economicistas, se da cuenta que el verdadero desarrollo sustentable se trata de incorporar lo ambiental a lo social y lo económico.