“Dinero y política, una tensa relación“, se titula el libro que el geógrafo Giorgio Martelli, ex administrador financiero de la primera campaña de Michelle Bachelet, publicó el año 2008. Una antología que recoge nueve trabajos sobre el tema y cuyo prefacio contiene frases que a la luz del caso Penta-SQM resultan extrañamente proféticas.
Martelli es cuestionado a partir de la relación que tendría su sociedad Asesorías y Negocios SpA -a la que el ministro Rodrigo Peñailillo y el director del SII Michel Jorratt habrían prestado servicios- con la empresa SQM.
El prefacio del libro, consigna Emol, fue escrito por el operador político, quien junto con señalar que “cuando acepté ser el administrador financiero de la campaña de Bachelet todos me preguntaron si estaba loco“, menciona en su dedicatoria al ingeniero Jorge Rosenblut, quien junto a él tenía la misión de contactar empresas claves para que donaran un millón de dólares cada una a la campaña presidencial, en 2005.
En dicha introducción, Martelli le expresa al ingeniero y consultor su reconocimiento “por invitarme a participar, y por la sabiduría de la amistad“. Situación que llama la atención tras lo declarado recientemente por Rosenblut, quien negó haber contactado al geógrafo con Patricio Contesse, ex gerente de SQM, durante la segunda campaña presidencial de Bachelet.
Martelli defiende en su texto los aportes de las empresas a las campañas políticas, expresando su rechazo a que es posibilidad sea excluida de las normas electorales.
“Al eliminarse el aporte de las empresas y bajar el tope del aporte a las personas, se reduce el financiamiento ciudadano de sus candidatos y se refuerza el financiamiento público”, señala. Algo que a su juicio “va en contra de las tendencias de los países con sistemas democráticos más desarrollados“.
Frente a esto, el ex administrador financiero presenta una propuesta “que surge a la luz de nuestra experiencia y de algunos hechos involuntarios de facturas dudosas, irregulares y falsas“. Consiste en que “el Servicio de Impuestos Internos (SII) establezca un mecanismo de consulta y certificación de cada factura de gasto (sólo facturas), de modo de evitar que un determinado candidato se vea perjudicado por situaciones anómalas de proveedores sin tener responsabilidad en ello”. Casi como anticipándose al actual escenario que vive la clase política a raíz del caso Penta.
Se advierte además que así “como el caso Watergate exigió al sistema norteamericano transparentar el financiamiento de la política”, en Chile el caso MOP-Gate “tensionó nuestro sistema y levantó nuestra propia legislación sobre la materia”.
“Este libro obedece a la convicción fehaciente que Chile debe desarrollar mayores y mejores políticas de financiamiento transparente para mantener una cultura cívica hacia las estructuras democráticas representativas”. Un llamado que, a la luz de lo que hemos vivido en los últimos meses, mantiene plena vigencia.
