La minera no metálica SQM, controlada por Julio Ponce Lerou, está en un juicio arbitral con la Corfo por el arriendo de 28 mil 54 pertenencias mineras del Salar de Atacama. Sin embargo, la entidad estatal determinó rechazar la conciliarión y solicitó terminar anticipadamente el contrato de alquiler que originalmente vencía el 2030.
De concretarse el fin de este contrato, la situación de la firma –actualmente en la mira por eventuales pagos irregulares de campañas políticas– se complicaría de forma grave. Esto porque entre el 60 y 75% de sus ventas (en torno a 2 mil 14 millones de dólares en el 2014) dependen de productos extraídos en la zona arrendada. Estos productos, entre otros, son potasio, litio y ácido bórico.
De acuerdo a El Mercurio, el consejo directivo de Corfo que sesionó el pasado 11 de junio, discutió que la minera no metálica habría incurrido en “incumplimientos graves” en el contrato. Entre estas irregularidades se encuentran ventas a empresas relacionadas usando precios de transferencia menores al valor de mercado, impedir la entrega de información relevante para los cánones de arriendo, sobreexplotar el agua de la zona, y además tener un comportamiento poco “ético”.
El próximo 9 de julio, en tanto, se solicitará el término del contrato.
Citando altas fuentes fubernamentales, “SQM no es una empresa idónea para tener contratos con el Estado de Chile”, en tanto que la minera aseguró que no se referirá a un arbitraje en curso, pero precisaron que han cumplido todas sus obligaciones contractuales.
La decisión inicial de Corfo se sustenta en que la firma no quiere cambiar el contrato original de 1993, donde se estipulan condiciones económicas que la entidad gubernamental considera poco equilibradas. A esto se suma que existirían “riesgos de operaciones y de gobierno corporativo de la actual situación de SQM que afectan el interés de Corfo”.
