Chahuán presiona al SII por riesgos de casos Penta-SQM: sin querellas “hasta ahí llega la investigación”

Hace semanas que el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, entregaba señales respecto de, a lo menos, discrepancias con el Servicio de Impuestos Internos, a causa de la forma como éste opera a la hora de enfrentar eventuales casos de ilícitos tributarios, que en estos casos estarían vinculados con el financiamiento irregular de actividades políticas -casos que tienen transversalmente afectada a los espectros partidarios en Chile.

Si en la revista Capital indicó sobre la entidad que “si está haciendo todo lo que la fiscalía quiere, no necesariamente”, ayer en Chillán, según plantea La Tercera, habría hecho una fuerte advertencia, respecto del futuro de los casos Penta, SQM, Corpesca, y además una serie de otras empresas que podrían entrar a ser investigadas por la emisión de documentos tributarios supuestamente falsos.

“Hay denuncias hechas y sobre esa base estamos trabajando. Y en otros casos si aparecen antecedentes y nosotros les enviamos los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos y en algunos casos no denuncia o no se querella, hasta ahí llega esa investigación por delitos tributarios”, hizo ver el máximo persecutor del Ministerio Público.

La explicación a esto es porque -hasta ahora- sólo el Servicio de Impuestos Internos está facultado para presentar querellas o denuncias en contra de contribuyentes con actitudes sospechosas, y una vez presentados estos escritos, la Fiscalía puede profundizar sus indagatorias y presentar querellas “con seguridad”.

Y “con seguridad” nos referimos a la advertencia que hace el persecutor , ya que en el Octavo Juzgado de Garantía, donde se radican los procesos en contra de los dueños del Holding Penta, y que también reciben los escritos atingentes al caso SQM, sólo una magistrada, Ema Tapia -después de que cinco otros jueces participaran en audiencias de formalización- indicó que al no existir una querella nominativa, en este caso, en contra del ex Vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, no podía ser formalizado, por lo que anuló la instancia.

El comportamiento errático del Servicio de Impuestos Internos, que en el contexto de estos casos había presentado todas las querellas correspondientes, habría empezado a cambiar según declaró anoche su ex subdirector jurídico, Cristián Vargas (quien en la práctica estaba encargado de las querellas por delitos tributarios mientras el SII era dirigido por Michel Jorratt).

Las presiones habrían empezado en cuanto -indicó- se involucró a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, empresarios históricamente vinculados a la Unión Demócrata Independiente. Y las presiones desde el Ministerio de Interior y desde el Ministerio de Hacienda -en ese entonces encabezados por los ex ministros Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas respectivamente- fueron por primera vez confirmadas en público por Vargas, y además precisó a que éstas “apuntaban principalmente a cuestionar el que esto fuera delito”.

Así, citó indirectamente a la doctrina Escobar, del abogado y ex jefe del Servicio, Ricardo Escobar, que aboga por salidas administrativas en caso de irregularidades tributarias, y no de persecución penal.

Análisis que es considerado “interesado” por parte de los detractores de esta “doctrina” . El comportamiento del SII habría empezado a mutar, en la medida en la que crecía la posibilidad de que más representantes de la clase política chilena, particularmente los vinculados a la Nueva Mayoría, pudieran enfrentar un escenario judicial complejo. Michel Jorratt, ex superior de Vargas en el SII, también -según trascendió- habría ratificado las presiones, circunscribiéndolas al ex ministro Peñailillo.

El SII cambió de director, y a días de asumir Fernando Barraza, Vargas -que si bien dejó la subdirección jurídica, se mantenía trabajando en la entidad- fue cesado de su cargo. Esto fue leído como una señal de “cómo se venía la mano” en los casos de financiamiento irregular de la política.

Antecedentes

Después de que la Corte Suprema condenara a Sergio “Checho” Hirane, Iván Arenas (Profesor Rossa) y Mario Mauriziano, el fiscal Carlos Gajardo, persecutor que lleva la causa Penta -bajo las órdenes del Fiscal Nacional- tuitió que con esto se demuestra que el criterio histórico de la justicia es que “boletas falsas son delitos siempre”.

Condena a Arenas, Hirane y Mauriziano ratifica jurisprudencia uniforme de tribunales y política del SII. Boletas falsas son delitos siempre.

— Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) agosto 18, 2015

Y hay otras causas, tramitadas por el mismo Gajardo junto con su par Pablo Norambuena, que ratificarían aquella postura. Por poner un ejemplo, el caso de la Comisión Nacional de Acreditación, en la que su ex presidente, Luis Eugenio Díaz, pedía a distintas personas emitir boletas con cifras mayores a las que se pagaba por servicios que no se habrían prestado. Los emisores de estas boletas confesaron y Díaz actualmente enfrenta este proceso. El SII presentó una querella en contra del ex dirigente de la Concertación y esta causa está en curso.

O el caso Fragatas, donde también el Servicio se querelló por ingreso de dineros no declarados por el capitan (r) Juan Alberto Tapia, el que recibió cerca de 400 mil dólares desde la sociedad Eurotechnology, que también estaba siendo investigada por lavado de dinero. Tapia fue condenado en juicio abreviado.

La audiencia de formalización de las 19 personas que solicitó el Fiscal Nacional, que consideran operadores y dirigentes tanto de la oposición como del oficialismo, debiera resolverse a lo largo de esta jornada, y la postura del Ministerio Público es que sí se debería avanzar en estos procesos.

Incluso, en una pequeña victoria, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de hecho presentado por la defensa de Eguiluz, para cuestionar la misma apelación a la instancia que anuló su formalización. Es algo de procedimiento pero no deja de ser una señal.

Aún no hay fecha para que tengan lugar los alegatos que podrían sentar jurisprudencia respecto del actuar de los tribunales ante la persecución penal de delitos tributarios, por el caso de Claudio Eguiluz. Con los antecedentes que existen en torno al Servicio, aún es una incognita si impulsarán las querellas que quedaron pendientes, como contra SQM Salar por su vínculo con el operador político de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, o si es que de a poco esta trama judicial irá resquebrajándose en el camino.