Mineduc reflota impuesto a titulados y discrepa con Hacienda por bono de retiro de profesores

“Agitada”. Así fue descrita por los dirigentes de la Confech la reunión que sostuvieron con funcionarios del Ministerio de Educación. Esto, porque de acuerdo a los estudiantes, uno de los asesores de esa cartera habría insistido en reinstalar en la discusión el impuesto a los titulados de la educación superior, que hayan sido beneficiados con la gratuidad.

No es la primera vez que se discute este mecanismo, el cual ya recibió el repudio por parte de los dirigentes estudiantiles. En marzo, de acuerdo a La Tercera, se estaba analizando aplicar este impuesto, y en ese momento Nicolás Eyzaguirre, quien encabezaba la cartera, calificó la información de “rumores”.

Estos “rumores” habrían reflotado ayer y según el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, Nicolás Fernández, “vemos que el gobierno no sabe de dónde va a sacar la plata para financiar la reforma a la educación superior y quedamos preocupados, porque vimos que intentan obtener los recursos con un impuesto a los profesionales titulados”.

No es sorpresa que la actual administración ha debido enfrentar diversos reveses en materia económica a la hora de organizar una de las reformas estrella de Michelle Bachelet: la educacional.

La desaceleración económica que afecta al mundo y en particular a Chile, fue mal enfrentada con proyecciones económicas poco acertadas, lo que obligó al gobierno a sincerar la capacidad para llevar adelante todos los cambios prometidos. O en pocas palabras: transparentar cuánta plata había y qué cosas se iban a poder hacer y cuáles no. Para nadie es sorpresa recordar la reducción del porcentaje de estudiantes que podrían entrar a estudiar gratis el próximo año, que partió en 70 y actualmente ronda el 50%, contemplando planteles privados sujetos a una serie de condiciones.

El punto es que desde el Ministerio de Hacienda insistían en que no estaban las condiciones para embarcarse en “aventuras”, porque si bien el país está relativamente bien parado para enfrentar las revueltas aguas de las finanzas internacionales, errores presupuestarios podrían empujar al país a un despeñadero si es que se es irresponsable.

El punto es que aún se está armando cómo se financiará la gratuidad, y para poder cumplir con el plazo de que estos estudiantes puedan recibir este beneficio el 2016, el Ejecutivo incluirá este tema en la ley de presupuestos, lo que generó otro tipo de destiempos con las universidades, que deben planificar con antelación sus proyecciones, cupos y vacantes.

Ahora resurge esta polémica medida. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Valentina Saavedra, tras ratificar que se planteó -y rechazó- esta posibilidad, indicó que “nos llamó la atención que nos plantearan que lo están evaluando, porque la gratuidad y el derecho a la educación no puede ser condicionado a un pago por parte de los estudiantes y sus familias”.

Trascendió que el tema se volvió a conversar, a causa de que los dirigentes habrían hablado de la necesidad de que los impuestos a empresas terminaran financiando la gratuidad.

“Lamentamos muy sinceramente que en las declaraciones de la Confech se confunda un diálogo abierto, en que se comentan diversos escenarios y propuestas que varios actores han planteado, con lo que podría constituir una proposición de política pública por parte del Mineduc. Esto, más aún cuando se entregó para la discusión un documento borrador que no contempla el financiamiento mediante el instrumento de impuesto a los graduados”, declaró el jefe de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez.

Los rectores de diversas casas de estudio se manifestaron en contra de la medida. “Seguimos con un proyecto sin financiamiento, porque cualquier impuesto significa que no está la plata para financiar esto, lo que habla de improvisación”, indicó Andrés Benítez, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Hacienda versus Educación

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, administrador de la billetera fiscal, indicaban que trabajaron juntos en la discusión de la ley, y aseguraron que no había desacuerdo entre ellos. Los hechos, sin embargo, indican otro tema que tensionaría la discusión de esta ley, y nuevamente por temas presupuestarios.

La controversia gira en torno al bono de incentivo al retiro de los profesores. “Lo que tenemos aquí es un artículo aprobado y éste vale (…) por lo que sería bueno que el Ejecutivo se comprometa a buscar una solución intermedia y ver la posibilidad de extenderlo”, indicó el diputado Pablo Lorenzini (DC), en plena Comisión de Hacienda.

Una curiosa escena se llevó adelante en la discusión. El titular de Hacienda indicó que se buscaría eliminar el beneficio: “estamos dispuestos, también, a vetar este artículo si fuera necesario o recurrir al Tribunal Constitucional. Eso creo que grafica bien nuestra postura respecto del artículo”.

Por otro lado, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, calificó el bono “desde el punto de vista de justicia para los profesores y, también, como una necesidad inherente del proyecto”.

A esto Valdés retrucó que la carrera de los docentes irá cambiando. Aumentarían los sueldos y mejorarían las pensiones, “por tanto, argumentar que una carrera como ésta requiere de un bono de salida es, creo, completamente fuera de lugar”.

Los parlamentarios, por lo bajo, estaban confundidos. Y según cálculos de la Dirección de Presupuesto, este bono de retiro tendría un costo de 72 millones de dólares al año, y hoy, según el Colegio de Profesores, la jubilación llega con pensiones menores a los 300 mil pesos mensuales.

La reforma educacional cada vez se está volviendo un hueso más duro de roer para el gobierno, y estas diferencias, por mucho que son desestimadas por los secretarios de Estado, siguen dejando en la incertidumbre a todos los actores que terminarán afectados por los efectos de esta reforma.