Ministra de Salud arriesga destitución por posible apoyo de independientes y diputados de la Nueva Mayoría

Casi como si fuese la gota que rebalsó el vaso, ayer en la mañana se informaba la dimisión de la jefa de inversiones del Ministerio de Salud, Francisca Toro, ocurrido casi medio día después de que trascendiera y luego se confirmara la salida de la subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo.

Pese a que desde esta secretaría de Estado niegan que Toro haya renunciado, la que estaría de vacaciones, de acuerdo publica La Tercera, esta información da luces de la crisis que estaría enfrentando Salud, profundizada por la reducción de los recursos que iba a recibir este ministerio, que del 11% que habían solicitado, sólo les asignaron un 5,1%.

Este punto sería crucial, ya que a causa de esto el gobierno terminaría por dejar en duda la construcción de 11 recintos asistenciales a lo largo del país, arriesgando a incumplir una de sus promesas de campaña.

En paralelo a la renuncia de Verdugo, los parlamentarios empezaron a criticar el presupuesto para este ministerio. La respuesta del gobierno estuvo centrada en que no hay margen para entregar más recursos. Esto dio paso para que algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría y algunos legisladores independientes empezaran a considerar apoyar la Acusación Constitucional en contra de la Ministra de Salud, Carmen Castillo.

El escrito fue ingresado a mediodía de ayer, donde están alineados la UDI, RN, el diputado de Evópoli Felipe Kast, y también se sumarían la independiente Karla Rubilar y los parlamentarios de Amplitud Joaquín Godoy y Pedro Browne.

En la Nueva Mayoría algunos legisladores de la DC estarían evaluando el documento “en su mérito”. Entre estos se encuentran Víctor Torres y Gabriel Silber.

El voto de los independientes se vuelve especialmente relevante, porque esta moción necesita de mayoría simple en la cámara de los diputados que estén presentes el día de la votación (50% más uno) para aprobarse. Por lo tanto, Gabriel Boric, Alejandra Sepúlveda, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic deberán determinar si apoyan o rechazan la Acusación Constitucional.

El Senado, en este caso, también ha manifestado desacuerdo con cómo el gobierno ha llevado el presupuesto de Salud. Por ejemplo, el senador PPD por la región del Bío-Bío, Felipe Harboe, indicó que “el no cumplir el compromiso presidencial de iniciar la construcción del hospital de Chillán afecta la fe pública. Comprometimos nuestra palabra y esperamos que el gobierno cumpla sus compromisos”. Luego agregó que “es impresentable que, frente a una contracción económica, se prefiera recortar la construcción de hospitales antes que programas que sólo generan contratos de asesorías. He sido leal con la Presidenta, lo seguiré siendo, pero no soy funcionario de gobierno y me debo a los ciudadanos de Ñuble”.

Su postura es similar a la expuesta por sus pares de la Araucanía, Eugenio Tuma (PPD), quien calificó que era “inaceptable”. Fuad Chahín, diputado DC, que representa la zona de Lonquimay, en la IX región, pidió que el Ejecutivo “cumpla su palabra”.

La Cámara, en estos casos, actúa como “acusador”, presentando los “cargos” en contra de la Ministra de Salud, en este caso, entre los que se consideran “infracción a la Constitución”, por parte de la ministra al “no tomar medidas” por la “crisis” en esta secretaría de Estado. Además, acusan “graves problemas de gestión hospitalaria en el sector público” -con deuda del sistema público que se eleva a 246 mil millones de pesos- y aseguran que ha dejado “sin efecto las leyes en el caso de garantías explícitas de Salud”.

Luego, de aprobarse, el Senado actúa como juez, y si en su mayoría apoya la acusación, la persona objeto de libelo, en este caso, la ministra Carmen Castillo, resulta destituida de su cargo y no puede ejercer empleos públicos por cinco años.

El gobierno, en tanto, a través de su vocero Marcelo Díaz, calificó esta Acusación Constitucional como “pirotecnia”.