Comisión Ética Contra la Tortura “observará” proceso judicial contra acusados de atentado al Subcentro
Uno de los abogados de las personas vinculadas a este caso presentó licencia médica, la que finalmente fue desechada por el tribunal. Si bien se argumenta que legalmente se puede delegar, el nuevo defensor tendría tres días para estudiar los cerca de 40 tomos, cada uno con 10 carpetas, en las que cada una contiene entre 200 y 300 páginas. Esta, y otras situaciones son las que dieron paso a que la mencionada comisión, que participó en lo que finalmente se transformó en la comisión Valech, determinara hacerse presente en las audiencias del caso.
Mientras Chile está concentrado en las elecciones municipales que tendrán lugar este domingo, la familia de Enrique Guzmán Amadeo, acusado por el atentado explosivo que sufrió una comisaría de Carabineros en el 2014 se enfrenta a una situación que podría complicar su defensa.
El 20 de octubre, el abogado que defiende al joven de 25 años, Washington Lizana, de la Defensoría Popular, presentó una licencia médica, lo que impediría su participación, por motivos de salud, en la Audiencia de Preparación de Juicio Oral de este caso.
Para él, de momento, sería imposible presentarse este lunes 24 de octubre al inicio de la extensa sesión en la que se discutirán las pruebas a incluirse en el juicio que Guzmán enfrentará junto a Juan Flores y Nataly Casanova, investigados por su presunta responsabilidad en otros atentados del mismo 2014, siendo el más notorio de estos el del Subcentro de Escuela Militar.
Sin embargo, este mismo viernes, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal planteó que como legalmente puede delegar la responsabilidad en otro abogado, que no sea titular, determinaba desechar esa solicitud. O sea, para representar a Guzmán, un nuevo abogado tendría tres días para estudiar los cerca de 40 tomos, cada uno con 10 carpetas, en las que cada una contiene entre 200 y 300 páginas.
“La decisión la consideramos tan arbitraria como todo este proceso, porque todo lo que pide la defensa es negado”, relata a El Dínamo Delia Amadeo, madre de Enrique Guzmán. “A mi hijo lo hemos sacado dos veces de prisión, con arresto domiciliario. Revocamos la prisión preventiva y la Fiscalía Sur lo devuelve por la condena que arriesga en caso de que sea condenado. En agosto se revisó la cautelar nuevamente, y el tribunal no dio lugar a la petición”, relata.
La mujer asegura que todo este proceso hace que se sientan “totalmente abandonados. Ahora, estamos pidiendo que respeten la licencia de Washington (en la foto) porque necesitamos tener al abogado titular y resulta que nuevamente nos rechazan esto. En este caso es el tribunal el que rechaza, pero con todas las veces que la defensa ha pedido algo y se lo han rechazado, sentimos que hay una colusión al respecto”.
Por estas situaciones desde hace tiempo Delia Amadeo comenzó a buscar apoyo en diversas entidades. En el Instituto Nacional de Derechos Humanos, anteriormente dirigido por Lorena Fríes no le fue muy bien (“Hasta el día de hoy no tengo respuesta de ellos”), pero sí lograron contactarse con la Comisión Ética contra la Tortura (CECT).
La entidad, que -junto con una serie de otras agrupaciones- se reunió con el ex Presidente Ricardo Lagos desde el 2001 para que posteriormente se instaurara la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (o comisión Valech), recibió a la familia de Guzmán Amadeo.
Su actual presidenta, Juana Aguilera, describe la función de la CECT en juicios contra mapuches, donde participaban para defenderlos de las violaciones a sus Derechos Humanos, y plantea que fenómenos similares han estado ocurriendo con personas “llamadas antisistémicos o anarcos, y otras formas que ha encontrado el Estado de denominarlos, y nos hemos dado cuenta de que la justicia está negada a esas personas”.
“Cuando vimos el caso de esta familia, a cuyo hijo, junto con otros dos jóvenes, se les está acusando de ser autores o encubridores de un delito grave, al que se está aplicando la ley antiterrorista, nos dimos cuenta de que hay vicios e irregularidades que acontecen en este proceso, ante nuestros ojos y que no podemos callar. Necesitamos plantear que estas personas deben tener un juicio justo, que el primer derecho de un preso es el acceso a la justicia, que el juicio sea justo, que exista presunción de inocencia, lo que acá no se ha dado, porque estos jóvenes están condenados antes de ser procesados. Ellos necesitan ser juzgados por las leyes, y no por testigos que ocultan sus rostros que no sabemos quienes son, que exista evidencia efectiva”, indica Aguilera, quien asegura que el juicio contará con gente de la organización que estará observando el proceso, para tener opinión fundada de todo lo que ocurre.
En ese sentido, si es que encuentran algo que no corresponde, van a denunciar tanto a autoridades nacionales como a instancias internacionales, advierte la presidenta del CECT.
