Defensor Caso Bombas II: “Quizás en Fiscalía ha existido ingenuidad ante información de Carabineros”

Poco antes de las 6 de la tarde del viernes 13 de enero, un artefacto explosivo estalló al interior del domicilio del presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche. Nadie demoró en calificar de terrorista el hecho, y en medio de todo el repudio al ataque, el Fiscal Nacional Jorge Abbott manifestó que “el Ministerio Público está dedicando a su mejor gente y va a trabajar las 24 horas para determinar a los responsables y lograr las máximas condenas ante un ataque sin precedentes en Chile”. Luego, especificó que “las causas relativas a bombas están asignadas al Fiscal Regional Sur, Raúl Guzmán, quien tiene un equipo especializado que ha permitido que la próxima semana (esta) sea fijada la fecha de juicio oral por los atentados a la primera comisaría de Santiago, al Metro en los Dominicos y al Subcentro de Escuela Militar”.

Juan Pablo Gómez, defensor penal público de Juan Flores, uno de los acusados de los atentados mencionados, manifiesta su desacuerdo con que el mismo equipo destinado a investigar los bombazos de la capital sea el que se haga cargo del caso de Landerretche. Gómez defendió a los tres gendarmes investigados junto a otros ex funcionarios por el incendio de la cárcel de San Miguel, caso que terminó con la absolución de los acusados.

Sus dardos no apuntan a la Fiscalía, sino a la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), quienes indagaron los estallidos anteriores. “Lo primero para nosotros, es que la investigación sea realizada por las mismas víctimas. En nuestro caso hubo atentados a unidades policiales, comisarías, de Carabineros, y a través de Dipolcar realizaron la investigación. Se presentaba para nosotros una incompatibilidad, un interés, toda vez que la misma víctima desarrollaba la indagatoria y se traducía en que muchos de los resultados eran tendenciosos a la confirmación”, relata a El Dínamo.

– ¿Cómo se aprecia ese sesgo que sugiere?

– Muchos de los informes periciales, por ejemplo, de cotejo de pólvora, la conclusión del perito es que los elementos encontrados ‘parecen similares pero no son idénticos’. Esa expresión ‘similar pero no idéntico’ es un lenguaje ambiguo, y en estricto rigor, un perito debiese dar una confirmación del tipo ‘existe o no existe’ (…) Cuando no se acredita pero tampoco se descarta, a nosotros nos presenta un prejuicio y una tendencia a la confirmación. Un perito debe ser objetivo. Y pasa con evidencia de ADN y cámaras de seguridad, entre otros.

– En las declaraciones de Abbott, tras el atentado a Landerretche, respalda y destaca que esto será investigado por el mismo equipo que consiguió que se vaya a realizar prontamente un juicio oral por el Caso Bombas II. Esta forma de mencionar el atentado y a la vez su caso ¿Lo incomoda?

– Creo que nadie adhiere a ese atentado, al que ocurrió ahora, y tratar de vincularlo a los hechos de Bombas 2, me imagino que lo que se pretende, tanto en la percepción de la opinión pública y del Poder Judicial, es generar un prejuicio positivo a la investigación, hacia una indagatoria que esta defensa ha cuestionado. No hemos cuestionado a los fiscales, pero sí a los que han llevado esto adelante, que es Dipolcar. Y por eso, desde esa perspectiva a mí me parece inconveniente que esta nueva investigación la realice Dipolcar. Si de verdad se esperan buenos resultados, debiera realizarse por un cuerpo investigativo que esté exento de vinculaciones o asociaciones a sospechas de atentados.

– Explique esas vinculaciones que sugiere…

– Como teoría del caso, nosotros hicimos presente ante el tribunal la situación de Lenin Guardia, y el atentado explosivo con la carta bomba. Pues bien, personas que participaron en esa investigación, están también participando tanto en el Caso Bombas II, y probablemente participarán en el caso Landerretche. Entonces, hay conocimiento de una mecánica, de un modus operandi que ya antes fue usado, y que a mí me genera sospechas de que pueda estarse repitiendo. ¿Cuál es? Generar un evento con connotación terrorista, pero a partir de este evento, generar una necesidad. En el caso Lenin Guardia la necesidad fue venta de informes de inteligencia. Hoy la necesidad es modificación de la ley antiterrorista, y con ello, adquisición de mayores implementos de control social.

– ¿Quién concretaría estos hechos, a su juicio?

– Para mí las sospechas recaen sobre personas que están vinculadas a organismos policiales. Son agentes externos, pero que tanto por el trato diario en la adquisición o venta de suministros, se relacionan con los cuerpos policiales, no sólo a nivel operativo, sino a nivel directivo, a nivel de la decisión de adquisición de estos elementos.

– ¿Qué empresas o funcionarios identifica, vinculados al caso Lenin Guardia, en torno a este tipo de operaciones, que aparecen de nuevo en el Caso Bombas II y que podrían aparecer ahora, en la investigación del Caso Landerretche?

– Los nombres no los puedo revelar en una entrevista, porque si no tengo los antecedentes, o el respaldo suficiente para poder hacer una afirmación de esas, la verdad es que prefiero mantenerlo así. Ahora, en el juicio oral están siendo citados muchas personas que participaron en todas las investigaciones. Pretendemos tenerlas sentadas, y estando juramentadas, les vamos a preguntar. Prestarán declaración bajo juramento, y si desvirtúan o mienten, van a estar incurriendo en un ilícito.

– Insisto en el punto respecto de que no presentará aquí estos nombres, porque dice que esto se verá en el juicio oral ¿No le parece irresponsable entonces mencionar esto ahora, en estos términos, de esta manera?

– Para nosotros poder rendir prueba en el juicio oral, para acreditar esos hechos, necesitábamos dar esos argumentos ante el tribunal. Es un tecnicismo, no una justificación. Es un requisito, si quieres, legal-jurídico. Para presentar prueba, necesito dar previamente mis argumentos de defensa, y esto parte del caso Lenin Guardia, de las personas que participaron en esa investigación, de las empresas que proveen insumos, de también cómo el conflicto mapuche también se ha utilizado para la modificación de cuerpos normativos, y que detrás de eso estaría la mayor asignación de recursos. Estamos absolutamente conscientes de la gravedad de las denuncias que hemos hecho en el marco de la Audiencia de Preparación de Juicio Oral, y que pretendemos plasmar durante el juicio oral. De alguna manera esperamos incluso estar equivocados respecto de los hechos que pretendemos denunciar. Porque de confirmarse estos, estaríamos en presencia de alguna crisis institucional, o una crisis del estado de derecho. Yo creo que locos existen en ambos lados. Puede ser también cierto que existan estos grupos eco-terroristas, y que hagan este tipo de advertencias, pero también existen locos del otro lado. Locos que, con el afán de perpetuar su negocio, genere atentados de ‘falsa bandera’.

– ¿Y este tipo de locos no podría vincularse o parecerse a la gente que representa usted?

– Ellos se autodenominan anarquistas. Nadie los ha cuestionado en ese respecto. Pero dentro del espectro anarquista existen varias tendencias o formas de vivirlo. Mis representados tenían una forma de vivir el anarquismo bastante particular. Creían en la autosustentabilidad y desempeñaban labores de autogestión: vender hamburguesas de soya, vender ropa en la feria, pero era una posición frente a la vida. El sentirse y el creerse más libres. No era un anarquismo extremista, y eso yo por ejemplo lo represento en varias cosas. Vivían en una casa de propiedad de una imputada. No en una casa Okupa. Juan Flores trabajaba, e incluso trabajó para empresas vinculadas al retail. Tenían nexos, apegos bien fuertes en su relación con sus hijos, y en ese orden de cosas, la verdad es que yo no veo que una persona que teniendo ese estilo de vida, de la noche a la mañana, comenta un atentado como el de Subcentro. No conozco todo el núcleo de mi representado, pero él sí viene de un núcleo sin violencia intrafamiliar, sin violencia entre sus pares o con sus padres, o rebelión contra estos últimos. Parece que fuese un denominador común que en esta desafección a la autoridad parte por los padres. No había eso. Por tanto, igual se me generarían muchas dudas que personas afines a mis representados pudieran tener que ver con ese hecho.

– ¿Y el estallido en la Primera Comisaría?

– El vínculo de mi representado con el atentado a la Primera Comisaría, está sobre la base de que existe evidencia que, de alguna manera, lo sitúan si no a él, que es lo que sostendremos en juicio, con elementos que él alguna vez utilizó. Pero en relación a las comisarías a esos atentados, la forma cómo estos se perpetran, uno sí puede advertir que pueden haber métodos que grupos anarquistas radicales violentos utilizan, que es la propaganda por el hecho. Poner una bomba en un centro penitenciario, por ejemplo, son figuras de autoridad que son las instituciones contra las que ellos luchan.

– ¿Y en Los Dominicos?

– Igualmente uno puede ver componentes similares a otros atentados contra medios de transporte. El punto es que son atentados contra el medio, no contra personas. O sea, hemos tenido noticia de casos que incluso la misma fiscalía, atentados incendiarios contra microbuses, que incluso la misma fiscalía solamente los ha calificado de eso, como atentados incendiarios y no atentados terroristas. Entonces, la situación de Los Dominicos también es la instalación de un artefacto explosivo, que uno lo podría entender dentro de una lógica anarquista a esta estructura de poder que es el Metro, como institución del Estado, pero las características de cómo se vio ese hecho despejan la intencionalidad de que esta situación hubiese tenido que ver con la idea de generar miedo o temor a la población o afectación de personas. Por eso digo que Subcentro escapa de ese molde.

Bombas 1 vs. Bombas 2: “Se ha visto una Fiscalía mucho más reflexiva. El problema es que las manos siguen siendo las mismas”

Gómez especifica que intentaron alargar la investigación el 2016 para investigar aristas que pudieran beneficiarlos como defensa. Eso, plantea el defensor, no es normal para un imputado, el que regularmente busca salir lo más pronto posible de prisión preventiva, situación que pesa sobre Juan Flores desde su detención el 8 de septiembre de 2014.

“Desgraciadamente nos encontramos con obstruccionismo por parte del Ministerio Público, con la eliminación de antecedentes y evidencia de parte de organismos policiales, que de alguna manera nos vetaron la posibilidad de llegar al juicio con más evidencia. Llevamos evidencia, pero nos gustaría haber llevado más, y eso se vio impedido de alguna manera por eso mismo que estoy señalando, en cuanto que mi sospecha es que en definitiva agentes que participaron en la investigación estaban involucrados en el atentado propiamente tal”.

– Si bien ya dijo que apunta a Carabineros, como ente de inteligencia policial, los que tendrían vínculos cuando menos ‘inconvenientes’ en esta investigación, no profundizo en la actuación del Ministerio Público en este sentido ¿Qué opinión le merece su trabajo?

– Se ha visto una forma distinta de trabajo respecto del caso Bombas 1. Se ha visto una cabeza distinta. Mucho más reflexiva, mucho más prudente, y cuando me refiero a cabeza me refiero a Fiscalía que es quien dirige la investigación. El problema ha estado en que las manos siguen siendo las mismas. A lo mejor lo único que podría decir es que de parte de la fiscalía yo creo que ha habido quizás ingenuidad respecto de la información que Carabineros les proporciona. Mis dardos van apuntados a que existe aquí manipulación de información de parte de los cuerpos policiales, y eso quedó en evidencia en una situación que nos vimos enfrascados en el 2016, que dio para muchas audiencias y muchas peleas, que decía relación en la existencia de videos de seguimientos de mis representados previos al atentado del 8 de septiembre. La fiscalía argumentaba en audiencia, sobre la base de la información que Carabineros, Dipolcar, entregaba, que eso no existía.

– ¿Cómo le parece que respondió en ese momento el Ministerio Público?

– La posición de la fiscalía en diversas audiencias es que esos videos no existen. Esa cámara no existe. Fue gracias a que se logró por parte de un tribunal ampliar la detención y tomar declaración en función a lo que captó la imagen, que se revirtió y Carabineros tuvo que evacuar nuevos informes, dando cuenta y explicando por qué inicialmente habían dicho por qué no existían, y después explicando que sí existían. En lo concreto aquí existió un registro, una actuación que es una grabación a mi representado, y ese video se borró. Se eliminó. Lamentablemente ya no tenemos posibilidad de tener acceso a ese elemento. Y en ese punto yo sí planteo de que a lo mejor a nivel de fiscalía pudo haber ingenuidad. Cuando Carabineros les dice que no, que este video no existe, que no es un video, cuando incluso en la imagen aparecía un signo ‘Play’, la fiscalía respaldó a Dipolcar y después el funcionario que realizó la diligencia, termina reconociendo que efectivamente había grabado. Entonces tienen que desdecirse todos. Eso yo solamente podría reprocharle a la fiscalía, ingenuidad. Pero a nivel de las manos, quienes ejecutan la investigación, Dipolcar, se organizó una investigación que fue tendenciosa por lo que primero señalaba, eran las primeras víctimas las que estaban investigando atentados contra ellos mismos. Y eso genera, que en los márgenes donde existe ambigüedad o insuficiencia de prueba, tiendan hacia la confirmación.