Obispo de Aysén: “El Estado favorece a personas poderosas que se apropian de todo”
Luis Infanti criticó duramente a las autoridades, asegurando que solo se han preocupado de satisfacer a la propiedad privada y a grupos de poder.
El obispo de Aysén, Luis Infanti, estuvo hace unos días de visita en la localidad de Petorca, región de Valparaíso, donde constató el problema que afecta a los vecinos de la zona con respecto al acceso al agua, sobre todo tras las denuncias que han realizado sobre las posibles irregularidades en los otorgamientos de derechos y sobre usurpación de aguas.
Ante esto, el jesuita respaldó de manera categórica a los afectados asegurando que esto era una “vergüenza nacional” y de “gran envergadura”, pues “existen personas con nombre y apellido a los que protegen los organismos del Estado para que continúen apropiándose mercantilistamente del vital elemento en perjuicio de la vida de los habitantes de la zona. La actitud de muchos ministerios y de autoridades locales del Estado, favorecen más a la propiedad privada y a grupos de poder”.
“Éstas personas, muy identificadas, tienen influencias con grandes poderes políticos y económicos”, sentenció el religioso.
Infanti aprovechó la tribuna que le entregó Radio Universidad de Chile, donde exigió al gobierno la modificación del Código de Aguas vigente y el cambio en la Constitución que beneficia la propiedad privada por sobre los intereses vitales de la gente. En esa línea, sostuvo que los mismos preceptos de reforma se pueden utilizar en la polémica Ley de Pesca, donde cada día se dan a conocer más antecedentes de los aportes que recibieron políticos de partes de grandes compañías pesqueras, creando así una normativa corrupta.
“Es una ofensa a la soberanía, a la vida de un pueblo y se pregunta uno qué Chile queremos construir”, indicó el obispo, haciendo un llamado a la gente a que vaya a votar en las próximas elecciones, ya que es la oportunidad de que la ciudadanía decida si quiere seguir con un Chile que sólo representa la voz de los empresarios u optar por el que manifieste un real interés en beneficio de los desplazados y su derecho a una vida digna, sana, justa y solidaria.