“Nosotros no estamos haciendo una imputación a los senadores. Los hechos que nosotros investigamos se refiere a los eventuales delitos que se puedan haber cometido al momento de prestarse asesorías por parte de terceros al Senado”.
Con esas palabras explicó la situación el fiscal Manuel Guerra, quien está a cargo de la investigación de las asesorías parlamentarias que contratan los diputados y senadores.
El Ministerio Público estaba indagando en esta materia solamente a los diputados. Pero luego de conocer que el senador Alejandro Guillier pagó con platas del Congreso informes que eran plagiados íntegramente de información pública y gratuita, se decidió extender la investigación al Senado.
Ante eso, la Cámara Alta se negó tajantemente de entregar la información solicitada. Incluso el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, llamó por teléfono al fiscal nacional Jorge Abbott para expresarle su molestia ante el requerimiento.
Al respecto, el fiscal señaló en Cooperativa: “Podemos insistir ante el mismo Senado, me parece lo más razonable, se puede aclarar algunos de los términos que se señalan en el oficio del Senado. Es una alternativa, me parece la más sensata. Otra alternativa sería solicitar una orden judicial, por ejemplo, frente a la negativa del Senado, pero hay caminos previos que se deben agotar”.
En esa línea, Guerra insistió en La Segunda que prefieren solicitar los documentos sin presiones judiciales, apelando a la racionabilidad de los parlamentarios.
En ese medio aclaró que “no hay ninguna afectación a la presunción de inocencia de los señores senadores, como a lo mejor se ha malentendido”, pero “lo que yo no puedo hacer, y no corresponde que el presidente del Senado me lo pida, es que yo le diga cuáles son las sospechas que tengo, porque eso significaría vulnerar el secreto de la investigación”.
