Huracán: expertos apuntan a responsabilidades políticas y solicitan modificar Ley de Inteligencia

Con presencia de expertos se desarrolló este martes la sesión de la Comisión Especial Investigadora por la controvertida “Operación Huracán”. En la ocasión, se revisaron detalles respecto a la actuación de Carabineros y el uso del software Antorcha.

Pablo Viollier, analista de políticas públicas de Derechos Digitales, enfocó su presentación en el establecimiento de responsabilidades institucionales así como en posibles modificaciones legislativas que establezcan los debidos controles respecto de Carabineros.

En ese sentido, enfatizó en la importancia de que la institución asuma la responsabilidad política, tras haber utilizado herramientas vinculadas a delitos -como es el método de phishing- para obtener información de manera ilegal, vulnerando derechos de las personas involucradas.

“Nosotros creemos que el hilo no se puede cortar por lo más delgado que es Álex Smith, sino que tiene que haber una responsabilidad institucional y se tiene que modificar las legislaciones. La responsabilidad penal de Smith la determinarán los tribunales, pero no es una persona que se haya mandado sola. La responsabilidad es institucional de Carabineros”, asegura Viollier, junto con enfatizar que “es absolutamente reprochable que Carabineros eche mano a las mismas técnicas que utilizan los delincuentes informáticos”, aseguró a El Dínamo tras su presentación.

Incluso, va más allá y agrega: “Recordemos que el ex subsecretario Aleuy (Interior) hizo de esto un incidente internacional y viajó a Argentina a reunirse con la ministra de Seguridad argentina para dar cuenta de una supuesta red internacional de tráfico de armas. ¿En qué momento el Ministerio de Interior estableció el cumplimiento de los criterios profesionales por parte de Carabineros? Eso nunca sucedió”.

En términos concretos, sus recomendaciones presentadas ante la Comisión Investigadora apuntan a proponer modificaciones a la Ley de Inteligencia, con el fin de determinar de manera más clara que la información recabada a través de dicho mecanismo no puede ser utilizada en el proceso penal, retomando Carabineros su rol como un organismo auxiliar de la administración de justicia.

“Como esto no ocurre ahora, se da la situación que la fiscalía tiene que hacer un peritaje respecto a su propia prueba rendida porque no supo cómo se había obtenido porque Carabineros la había obtenido a través de la ley de inteligencia”, ejemplifica.

Otra de sus recomendaciones fue prohibir la utilización de malware por parte de los organismos públicos, restringiendo además que utilicen métodos para engañar a potenciales imputados para interceptar sus comunicaciones, tal como ocurrió en México a través del software Pegasus.

Asimismo, una tercera recomendación presentada ante los diputados fue que se establezca una modificación a la cadena de custodia de la evidencia digital, implementando estándares internacionales con el fin de evitar así posibles fraudes o implantación de pruebas fraudulentas.

Paulo Colomés, ingeniero en redes y consultor de seguridad en NIS Chile, también participó en la instancia llevada a cabo en la sede del Congreso en Santiago.

Su presentación se centró en demostrar la inviabilidad técnica de Antorcha, mostrando las contradicciones y las carencias en términos técnicos del supuesto software y las posteriores explicaciones por parte de la policía uniformada. Además, Colomés hizo mención a la aplicación denominada Tu Ubicación.cl, la que también habría sido utilizada por Carabineros a partir de la recomendación de Smith.

“Así como él (Smith) fue a mostrar cómo funcionaba, yo ahora fui a mostrar cómo no funcionaba”, cuenta Colomés.

Concordando con Viollier, uno de los aspectos que a su juicio debería abordar el informe que entregue la comisión debería centrarse en el uso de herramientas informáticas amparados en la Ley de Inteligencia. “Yo creo que los diputados que estaban ahí quedaron mucho más conscientes de las herramientas que puede usar el Estado y las que no debería”, asegura.

Asimismo, ambos expertos concuerdan en la necesidad de establecer responsabilidades de tipo administrativo respecto a la validación judicial que se le dio al software Antorcha.

“El Estado tiene que aprender de esto y lo que se espera es que las mismas policías miren los ejemplos de los países desarrollados donde este tipo de cosas se hace de manera mucho más sofisticada, más ordenada, y sobre todo con antecedentes legales que permitan actuar de manera clara respecto a lo que pueden o no pueden hacer. El Estado sería súper irresponsable si no aprende de esta lección, que se haga un mea culpa pero mirando al futuro para optimizar el uso de este tipo de herramientas”, asegura.