FNE, TDLC, CMF y fiscalizadores SII se restan de Comisión Antielusión
En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, representantes de las tres primeras entidades apelaron a inhabilidades con sus propios ámbitos de gestión y falta de tiempo.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE), el Tribunal de la Defensa de Libre Competencia (TDLC), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos rechazaron incorporarse a la Comisión Antielusión que propuso el Gobierno en su proyecto de modernización tributaria.
En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, representantes de las tres primeras entidades apelaron a inhabilidades con sus propios ámbitos de gestión y falta de tiempo. Los fiscalizadores del SII, en tanto, refutaron de plano la nueva instancia y pidieron que la facultad de fiscalización quede consignada solo para el Servicio, por la especificidad de la materia.
Los titulares de la FNE, del TDLC y de la CMF, Ricardo Riesco, Enrique Vergara y Joaquín Cortez, respectivamente, dijeron apoyar un mayor combate a la elusión y, en general, estimaron positivo crear una entidad colegiada e independiente, aunque optaron por no pronunciarse mayormente sobre la efectividad real de su institucionalización, estimando que ello es atribución de los parlamentarios.
Donde fueron muy claros y categóricos fue en pedir no ser considerados para el cargo que se les plantea, como integrantes de la citada Comisión Antielusión, apelando a inhabilidades respecto de sus actuales funciones y a falta de tiempo. En dos casos, incluso, se planteó también falta de especialidad en la materia, ya que no se tendría conocimiento sobre derecho tributario.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII, Juan Apablaza, dijo que la visión contraria a la propuesta fue consensuada con la Asociación de Funcionarios del servicio.
En primer lugar, recalcó que la Comisión Antielusión vulneraría el principio legal que determina que los impuestos y los gravámenes se determinan por ley, ya que un grupo de personas, independiente del Servicio, podría definir si es correcto que un contribuyente deba tributar y cuánto. Además, se refutó que los eventuales comisionados utilicen facultades que por ley están consagradas solo a los fiscalizadores del Servicio.
Asimismo, se sostuvo que, hoy en día, existe un procedimiento normado, conocido, que entrega certeza jurídica a las partes y que posee normas de debido proceso, con una instancia de apelación a las decisiones del SII, como son los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA).
En dicho plano, llamó a los parlamentarios a mantener las facultades en el Servicio, pudiendo requerir, de ser necesario, informes no vinculantes a las instituciones mencionadas, que completen el cuadro de evaluación.
En otra visión, el subdirector jurídico del SII, Miguel Zamora, presentó una visión positiva del proyecto y de las propuestas complementarias presentadas por el Gobierno, en particular de la Comisión Antielusión -que fue objeto del presente análisis-, recordando que también estaría integrada por el director del SII, con derecho a vos y voto.
Miguel Zamora informó, además, que hoy, en la práctica, ya opera en el servicio un comité como el que se propone funcione complementariamente junto a la Comisión Antielusión, punto que llamó la atención de algunos legisladores.
