Informe de comisión investigadora confirma adopciones irregulares

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó -por 88 votos a favor y 13 abstenciones- el informe de la Comisión Investigadora de eventuales irregularidades en procesos de adopción e inscripción de menores y control de su salida del país.

En el informe redactado por los diputados integrantes, se da cuenta de la creación de “asociaciones ilícitas de profesionales de la salud, asesores de adopción e inclusive funcionarios públicos, para operar bajo el alero de la ‘legalidad’ en el tráfico internacional de niños chilenos, despojándolos de sus madres, provocando un daño irreparable en las familias afectadas”.

Los diputados determinaron como “un hecho cierto” que en Chile centenares de niños fueron arrebatados a sus padres para ser dados en adopción, especialmente en el extranjero, situación que fue confirmada por los testimonios de quienes fueron invitados a participar en la comisión investigadora especial.

La forma más recurrente para realizar esta práctica fue “hacerle creer a la madre que su hijo o hija había fallecido, de modo que no hubiera reclamos posteriores y no se les entregaba el cuerpo del recién nacido, comprobante de parto, inscripción de nacimiento ni certificado de defunción”, se explica en el documento.

Este informe ratifica la actual investigación que lleva la justicia por más de 8 mil casos de adopciones ilegales.

“Ninguno de los intervinientes pudo poner en duda el hecho de la desaparición de niños al momento de nacer, como una práctica recurrente propia de todo el siglo XX, debido a las carencias hospitalarias, la falta de un registro de nacimientos óptimo y la presencia de grupos que actuaron coordinadamente para arrebatar a menores, especialmente en el caso de mujeres vulnerables”, acusa la comisión.

Se determinó además en el informe que las adopciones irregulares y/o ilegales, que implicaron una vulneración de derechos fundamentales, existió en Chile entre las décadas de 1950 a 2000, y tuvo su fuente en la falta de un sistema de garantías de derechos de los niños y niñas adoptados, asociado a la participación de instituciones privadas nacionales e internacionales colaboradoras de los procesos de adopción que buscaban un beneficio económico.

En la actualidad, se resalta en el texto, a pesar de existir un programa de búsqueda de origen. Ejemplo de lo anterior, es la dificultad que tienen las víctimas para acceder a sus partidas de nacimiento, los registros vinculados a ellos y la imposibilidad de obtener copias de las fichas clínicas.

El informe destaca que “el robo de menores fue una práctica que superó el contexto histórico y que no se remitió solo a la época de la dictadura militar”, siendo considerado un “negocio muy lucrativo para verdaderas mafias que, durante mucho tiempo, además, aprovecharon la falta de regulación para ver casos de adopción a extranjeros”.

También se informa que la salida internacional de niños no tuvo ninguna regulación hasta 1988, lo que generaba un escenario propicio para el éxodo de muchos niños arrebatados a su progenitora.

La comisión además presentó propuestas para enfrentar la situación de las adopciones irregulares, entre las que destacan diversas enmiendas a la nueva Ley de Adopción, como por ejemplo, facilitar el acceso de información para los adoptados; y garantizar la conservación de la información relativa a la identidad de la familia de origen y demás antecedentes vinculados a la adopción.

Asimismo, se propone perfeccionamientos a los mecanismos que operan en el Registro Civil; establecer sanciones más severas a quienes adopten niños o niñas, sabiendo que detrás de esa acción, hay hechos ilícitos; excluir la participación de entidades privadas en los procesos de adopción, tanto nacionales como internacionales, establecer un enlace directo entre la Asociación Hijos y Madres del Silencio con el Ministerio de Salud y con el Registro Civil, con miras a canalizar de manera rápida las dudas y consultas, entre otras medidas.