La Corte Suprema condenó a la Municipalidad de Linares a pagar $50 millones como indemnización a la familia de un niño que murió baleado por otro estudiante al interior de un colegio.
De acuerdo a la resolución, se logró demostrar “la falta de servicio del sostenedor del establecimiento al no cumplir con la obligación de velar por la integridad física y síquica de la comunidad educativa”.
En ese contexto se señaló que el recinto educacional tiene el “deber de velar por la seguridad de los alumnos, empleando el cuidado necesario para prevenir eficazmente que quedaren expuestos y sin vigilancia ante otros miembros de la comunidad educativa que pudieren agredirlos, como ocurrió en la especie”.
De acuerdo a los antecedentes, el autor del disparo “escapó del recinto y se mantuvo fuera por a lo menos dos horas, sin que dicha situación fuere puesta en conocimiento de su apoderado o de las autoridades, para luego volver, por una vía no destinada al efecto, portando un arma de fuego con la cual disparó a uno de sus compañeros, en un lugar donde se encontraban también otros alumnos”.
Finalmente, en el fallo se destacó que “también ha permitido que tal derecho se vea amenazado respecto del resto de los miembros de la comunidad educativa, que se hallaban en el establecimiento el día de los hechos”.
