En diciembre de 2019, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro (PRO), se querelló en contra del Presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad que habría cometido -por omisión- durante el estallido social que se inició el 18 de octubre.
Según consta en la acción legal presentada por el abogado Mauricio Daza, solicitaron la presencia de al menos 20 autoridades del Gobierno actual y de otras administraciones, así como también, de las unidades médicas que atendieron a los heridos durante manifestaciones.
La citación más llamativa es la de la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien según la querella deberá explicar el tenor de las reuniones con autoridades nacionales, respecto de las violaciones de derechos humanos. Además, para que acredite “la existencia de ataques generalizados o sistemáticos (…) en contra de la población civil”.
Las otras autoridades que deberán compadecer
Además del testimonio de la actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, solicitaron la presencia del contralor Jorge Bermúdez, el defensor nacional Andrés Mahncke, la jefa del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros Karina Sosa, el director del INDH Sergio Micco y el secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao.
“Las diligencias tienen por finalidad verificar o descartar el conocimiento de los miembros de la autoridad civil, en especial del presidente, ministro del Interior, así como del Director General de Carabineros y del Comandante en jefe del Ejército, sobre ataques de agentes del Estado a la población civil”, dice el documento publicado por radio Bio Bío.
La querella presentada por Navarro también busca establecer las responsabilidades del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, del actual ministro Gonzalo Blumel y del general director de Carabineros, Mario Rozas.
Sobre la información solicitada a las unidades médicas que atendieron los manifestantes con lesiones oculares u de otro tipo por el uso de municiones antidisturbios, la querella estableció que se hace para “sumar antecedentes sobre el conocimiento que tuvo la autoridad de las violaciones al protocolo del uso de la fuerza”.
Por ello, el abogado Daza, solicitó que se remita el Ministerio Público el estudio efectuado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde se estableció que las municiones utilizadas por Carabineros durante gran parte del estallido social están compuestas en un 80% por elementos nocivos para la salud y no por goma, como se creía en un comienzo.
