El padrón electoral del Servel y el debate de los datos personales
Nombre completo, RUT e incluso dirección de los votantes son los datos que el Servicio Electoral debe hacer públicos antes de la elección.
El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer el padrón auditado para el Plebiscito de 2020, con 14.753.345 personas habilitadas para votar. Sin embargo, la publicación del padrón también preocupa, ya que implica revelar datos personales de esas 14 millones de personas.
De acuerdo a la Ley 20.568 -que regula la inscripción automática, modifica el servicio electoral y moderniza el sistema de votaciones- tanto el Padrón Electoral y la Nómina Provisoria de Inhabilitados “son públicos“, agregando que deben indicar los nombres y apellidos del elector, su número de rol único nacional (RUN), sexo, domicilio electoral y el número de mesa receptora de sufragio en que le corresponde votar.
De acuerdo a un estudio de la ONG Datos Protegidos, hasta 2010 el Servel tenía el padrón electoral publicado en su catálogo de productos electorales a la venta por un monto de $21.698.799. Sin embargo, por la ley de acceso a la información, se determinó por parte del Consejo para la Transparencia (CPLT) que la entrega de dicha información procedía de manera gratuita a quien lo solicitara.
Sin embargo, Marcelo Drago, consejero y ex presidente del CPLT, explicó a EL DÍNAMO que la Constitución y la ley dicen que el proceso electoral es público: “la ley lo obliga“. En ese sentido, Drago afirma que el CPLT no puede interferir y plantea que, para un mejor sistema de protección de los datos personales, es necesario cambiar la ley.
“El consejo tiene que fallar siempre en el marco de la ley y, en este caso, la ley es demasiado clara. El Servel tampoco puede. Este no es un problema de las instituciones. Por eso, para limitar el acceso, hay que modificar la normativa”, afirma.
Si bien el directivo del CPLT afirma que “los objetivos detrás de publicar este padrón son bien correctos” ya que “se necesita que haya un escrutinio público de la exactitud de los padrones”, para que todos puedan revisar si el padrón tiene errores, afirma que tiene que iniciarse una reflexión sobre el derecho de protección de datos personales de todos los que tienen derecho a voto, afirmando que “eso implica, por ejemplo, limitar el acceso al RUT o a la dirección completa y sanciones a quienes utilicen el padrón para cualquier otro fin que no sea la elección además de las limitaciones existentes para fines comerciales”
“Es bueno tener un padrón auditado público, pero no hasta el último detalle“, concluye Drago.
En agosto de 2019, el Servel debió a salir a desmentir una vulneración a sus sistemas informáticos luego de que en la prensa apareciera una supuesta filtración de los datos de 14,3 millones de chilenos (80% de la población del país).
A través de distintos medios de prensa apareció la información que los nombres completos, RUT y direcciones de los chilenos se encontraban en servidores extranjeros. Sin embargo, el Servel aclaró que “los antecedentes que se encontrarían alojados en servidores extranjeros corresponden, según lo publicado, a los datos del Padrón Electoral del año 2017 que son públicos, tal como lo establece la Ley 18.556″.
