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14 de Enero de 2022

Corte de Apelaciones de Copiapó dicta orden de no innovar y suspende proceso de licitación del litio

El dictamen se originó después de declarar admisible un recurso de protección presentado por el gobernador de la Región de Atacama, Miguel Vargas.

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El recurso asegura que se violó una serie de garantías constitucional.
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La Corte de Apelaciones de Copiapó declaró admisible un recurso de protección presentado por el gobernador de la Región de Atacama, Miguel Vargas (PS) en contra del proceso de licitación para explotar el litio en nuestro país que lleva adelante el saliente gobierno del presidente Sebastián Piñera.

De esta manera, la Corte de Apelaciones decretó una orden de no innovar, es decir, suspendió el proceso de licitación, pese a que recientemente dos empresas se adjudicaron dos cuotas de extracción del recurso.

“Corte de Apelaciones de Copiapó acoge a trámite recurso de protección y dicta orden de no innovar que suspende proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio de litio”, confirmó el Poder Judicial a través de sus redes sociales.

 
 
 

 

El recurso de protección de Miguel Vargas, según explicó la autoridad regional, sostiene que el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y el subsecretario de la cartera, Edgar Blanco, habrían violado “una serie de garantías constitucionales” como el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y a la igualdad ante la ley.

“El recurso litio sólo será una alternativa real de desarrollo para el país y sus regiones en la medida que se considere la opinión de todos y todas, el litio está reconocido en nuestra Constitución como un producto estratégico, que es de propiedad de todos los chilenos y chilenas, por lo tanto, cualquier definición asociada a este producto y dada esa condición, lo que requiere es un gran consenso”, agregó Vargas.

Esta no es la única arremetida de la saliente oposición en contra de la licitación del Litio. Anteriormente, la bancada del Partido Socialista en la Cámara de Diputados presentó un oficio ante la Contraloría General de la República para que el organismo investigue el proceso.

Desde La Moneda, en tanto, el ministro Juan Carlos Jobet aseguró que el proceso se realizó de forma abierta y con la aprobación de Contraloría.

 

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