Contraloría objeta pagos por $872 millones durante gestión de Cathy Barriga en el municipio de Maipú
Junto con ello, se objetó el pago de licencias médicas a trabajadores de la municipalidad de Maipú en 2020 que habían recibido su remuneración de manera completa.
"No procede incorporar en un contrato a honorarios una cláusula de indemnización por término de servicios, puesto que, aunque estos se rigen, en principio, por las reglas contempladas en los mismos convenios”. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La Contraloría General de la República objetó el pago por 872 millones de pesos a 46 proveedores durante la gestión de Cathy Barriga al frente de la Municipalidad de Maipú, por lo que los antecedentes serán derivados al Ministerio Público.
Según una auditoría realizada por Contraloría no pudo comprobar que los proveedores involucrados hayan realizado las labores por las cuales fueron contratadas, ya que no existe documentación alguna.
En su informe, el organismo explicó que “la revisión tuvo por finalidad verificar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas y realizadas, la exactitud de sus cálculos y que las cuentas contables y presupuestarias estén imputadas correctamente”.
En esta línea, Contraloría expresó que “la Municipalidad de Maipú desembolsó un monto de $872.502.849, en el pago de 46 prestadores de servicio. Sin embargo, no fue posible corroborar si efectuaron las labores para las cuales fueron contratados, debido a que no se encontraban respaldados con los antecedentes que permitan determinar, en cada caso, si se dio cumplimiento al desempeño efectivo de las funciones encomendada”.
“En consecuencia, esta Contraloría Regional Metropolitana de Santiago deducirá el reparo correspondiente por un monto de $872.502.849”, agregó.
Junto con ello, se objetó el pago de licencias médicas a trabajadores de la municipalidad de Maipú en 2020 que habían recibido su remuneración de manera completa, además de la entrega del Bono Años Dorados a 14 personas, por un monto de $81,6 millones.
Para Contraloría, estos hechos no se ajustan “a lo consignado en el dictamen N° 25.694, de 2005, de la Contraloría General, toda vez que no procede incorporar en un contrato a honorarios una cláusula de indemnización por término de servicios, puesto que, aunque estos se rigen, en principio, por las reglas contempladas en los mismos convenios”.
