Multa por colusión: Agrosuper y Don Pollo entregarán más de $20 mil millones a fundaciones

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) decidió aceptar el acuerdo de conciliación presentando por Conadecus y Fojucc, donde se señala que las empresas Don Pollo y Agrosuper deberán pagar una millonaria multa como indemnización tras coludirse entre 2008 y 2011.

El fallo determinó que la multa que pagarán ambas empresas será de $18.541 millones (Agrosuper) y $2.431 millones (Don Pollo) por indemnización de perjuicios.

Junto a ello, se informó que los dineros se repartirán en 23 fundaciones de ayuda social con presencia nacional como Coanil, Fundación Las Rosas, Amigos del Hospital Roberto del Río, Pianos para Chile, Fútbol+, entre otras.

Asimismo, se acordó que aquellas fundaciones con mayor patrimonio recibirán más dinero, ya que pueden manejar de mejor forma un alto flujo de caja, por esta misma razón, las fundaciones pequeñas recibirán menos dinero.

Según explicaron las organizaciones, a diferencia de la colusión del papel higiénico de octubre de 2015, donde se compensó con $7 mil a todos los chilenos mayores de 18 años, en este proceso legal fue imposible detectar a los consumidores afectados. Por esta razón, se decidió beneficiar a instituciones de ayuda social.

Si bien fueron tres empresas de pollo las que se coludieron, en el caso de Aristía, decidió restarse del acuerdo y seguirá adelante con el proceso judicial.

Sernac denuncia a Líder y Unimarc

Durante el año pasado, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que presentó una demanda colectiva contra Walmart (Lider) y SMU (Unimarc) para que la justicia determine compensaciones para los consumidores que fueron afectados por la colusión del mercado de los pollos ocurrida entre los años 2008 y 2011.

Según indicó el Sernac, las empresas cuestionadas decidieron “no entregarán una propuesta de compensación que cumpliera con las exigencias emanadas del análisis de un grupo de seis connotados economistas (…), que establecieron un rango para cuantificar el monto del daño provocado a los consumidores”, por lo que se vieron obligados a judicializar el proceso.