A casi dos meses de que se iniciara la investigación penal por la compra de la ex clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, los parlamentarios del Partido Republicano, Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, solicitaron ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte nuevas diligencias para determinar si hubo fraude al fisco por parte de la alcaldesa Irací Hassler y de los funcionarios municipales en la compraventa del inmueble.
Según el documento presentado por el abogado querellante Sergio Rodríguez, se solicita que la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI “se constituya en la Ilustre Municipalidad de Santiago a fin de obtener copia e incautar desde sus servidores los correos institucionales de Irací Luiza Hassler Jacob”.
También, se suma la diligencia a otros funcionarios del municipio, como al director jurídico, Jean Pierre Chiffelle; al jefe de Planificación, Luis Mayorga; a la directora de Salud Municipal, Beatriz Chamorro, y al administrador municipal, Claudio González.
En el escrito también se sumaron otros requerimientos, como la recuperación de los aparatos electrónicos de los abogados Felipe Sánchez y Pablo Casanueva, encargados de la transacción por parte de la ex Clínica Sierra Bella. “Incautar los computadores personales y teléfonos, como requerir de ambos las claves de acceso a sus cuentas de correos electrónicos”. También, se solicitó hacer lo mismo con los tasadores Patricio Gajardo, María José Sepúlveda y Mylena Cárcamo, para que “una vez realizada la diligencia se revisen y analicen los correos electrónicos, remitiendo copia de aquellos que tienen interés criminalístico”
Según explicó el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval “el fraude es tan evidente que distintos organismos del Estado, como la Contraloría General de la República, el Conservador de Bienes Raíces, la Fiscalía y la justicia han hecho lo suyo para detener a toda costa la compra de la ex clínica Sierra Bella. Sin embargo, y con una falta de pudor impresionante, sus perpetradores persisten en llevarlo a cabo al borde del desacato, lo que también habla de su ánimo en esta causa”.
Irarrázaval agregó que “no basta con la incautación del vale vista que como diputados querellantes en su momento solicitamos y es por eso que ahora hemos solicitado nuevas diligencias al Ministerio Público que se sumarán a la declaración como imputada de la alcaldesa Hassler a nivel probatorio para ir asegurando el proceso cuanto antes. Estamos a la espera que se resuelva rápidamente, ya que los vecinos de Santiago merecen saber la razones que motivaron a la municipalidad hacer esta irracional compra, aun sabiendo el perjuicio que se esto podía generar en el patrimonio municipal”
En el documento, los querellantes explican que este presunto ilícito “consistió en perjudicar a la Ilustre Municipalidad de Santiago en la adquisición de dos terrenos para la construcción y puesta en marcha de un centro de salud municipal. Se trata de un delito complejo en el cual, a lo menos, intervienen tres ámbitos de sujetos: funcionarios municipales en el ejercicio de su cargo, terceros o privados, que son los dueños del inmueble, y tres tasadores contratados para tasar los inmuebles”. Además, denuncian supuestas “tasaciones ideológicamente falsas, que no dan cuenta del valor comercial de los propiedades”.
Los diputados republicanos adicionalmente solicitaron al Ministerio Público un informe de la Asociación de Tasadores de Chile (Asatach), porque “ha manifestado que en la confección de dichas tasaciones se infringieron las reglas establecidas por la NCh 3658/1”.
