Los delitos que se le imputaron al alcalde de San Ignacio: quedó en prisión preventiva
El alcalde de San Ignacio, César Figueroa, fue formalizado este martes junto a otros funcionarios públicos.
César Figueroa, alcalde de San Ignacio, quedó en prisión preventiva tras la formalización que se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Bulnes este martes, donde también estuvieron presentes otros funcionarios.
Al jefe comunal se le imputaron los delitos de cohecho, fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos.
El alcalde de San Ignacio, César Figueroa, fue detenido el pasado viernes por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, luego de que la Fiscalía Local de Chillán asegurara que está vinculado a eventuales traspasos irregulares de recursos municipales, en al menos dos procesos de licitación.
El sábado tuvo el control de detención, ampliando su detención hasta este martes donde fueron formalizados, con el fin de reunir más evidencia.
Durante la misma jornada en la que fue detenido César Figueroa, se realizaron diversas diligencias como los allanamientos en las municipalidades de San Ignacio y de Graneros donde se incautó documentación y equipos tecnológicos.
En la audiencia se decretó un plazo de siete meses para la investigación.
No solo César Figueroa
Junto al alcalde de San Ignacio, César Figueroa, también enfrentaron a la justicia otros cuatro funcionarios públicos.
El director de Salud del Municipio de San Ignacio, Krysler Monroy, fue imputado por los delitos de cohecho y fraude al Fisco, quedando en prisión preventiva.
Rodrigo Figueroa, operador político, también quedó en prisión preventiva, mientras que el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Edgardo Suazo, quedó con arresto domiciliario total, por los delitos de cohecho y fraude al Fisco.
El tesorero municipal, Hugo Troncoso, fue formalizado por el delito de cohecho, quedando con arraigo nacional y firma mensual, junto con la prohibición de acercarse a la Municipalidad de San Ignacio.
En tanto, el funcionario Carlos Fernández, fue imputado por los delitos de violación de secreto y cohecho, quedando con las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la Municipalidad de Ñiquén y de comunicarse con los otros imputados.
A ellos se suman también el empresario Rodrigo Carmona y su colaborador Rodrigo Sandoval que quedaron en prisión preventiva acusado de cuatro sobornos, estafa frustrada y violación de secretos.