Las principales causas detrás de la expulsión de extranjeros durante 2022
Durante el año pasado se registraron más expulsiones que en 2021.
En un 62,5% aumentaron en 2022 las expulsiones desde Chile de ciudadanos extranjeros que cometieron delitos en el país, con casi 470 casos más que los registrados el año anterior.
En la mayoría de los casos, esta pena sustitutiva se aplicó en las regiones del extremo norte del país, con el 15% de los casos en Arica, el 29% en Antofagasta y el 36% en Iquique.
En concreto, en 2022 fueron expulsados 1.220 ciudadanos extranjeros, frente a las 751 personas que salieron del país en 2021.
La mayoría de las personas que fueron expulsadas del país se vincularon a casos relacionados con el tráfico de drogas y robos violentos, según revelan datos del Poder Judicial, que reveló este lunes el diario El Mercurio.
Entre los motivos que explicarían el aumento en el número de expulsiones del país, se cuenta el término de las medidas adoptadas por la pandemia del COVID-19, pero también por el incremento en el número de “juicios por tráfico de drogas”, según planteó el juez presidente del Tribunal Oral de Iquique, Moisés Pino.
La cifras
De hecho, según las estadísticas del Poder Judicial, mientras que en 2021 el tráfico ilícito de drogas constituyó el 65% de los casos, con un total de 513 expulsiones del país, el año pasado esa cifra subió al 75%, totalizando 909 casos.
Los imputados en esas causas “son en su mayoría extranjeros, sin residencia en Chile y que han ingresado por pasos irregulares“, aseveró el juez Moisés Pino.
El segundo motivo más común para la expulsión de ciudadanos extranjeros tiene que ver con los robos con intimidación y con violencia.
Sin embargo, en este caso en 2022 disminuyeron las expulsiones respecto del año precedente por esta causa, pues en 2021 se les aplicó la expulsión a 69 personas, el año pasado fueron 67.
Cabe recordar que para que se realice una expulsión desde Chile se invoca el artículo 34 de la Ley 18.216, la cual autoriza al tribunal, ya sea de oficio o a petición del extranjero condenado, que sustituya la pena de cárcel, siempre que ésta no supere los cinco años de presidio.