¿Avanzamos o habría un nuevo estallido? El balance de los cuatro años del 18 de octubre
En conversación con EL DÍNAMO, diversos expertos expresan cuáles son las deudas pendientes y avances que provocaron las manifestaciones ciudadanas en todo Chile.
El cuarto aniversario del inicio de las protestas sociales se realizará en el contexto de un segundo proceso constituyente. AGENCIA UNO/ACHIVO.
“Si uno es pesimista, podría decir que el estallido social sirvió al menos para revolver el gallinero político. Pero si se es optimista, se podría pensar que dentro de 10 años la respuesta a las demandas sociales serán parte de la realidad del país“.
Así al menos lo plantea el sociólogo Marcelo Santos, académico de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, cuando se le pregunta respecto de un balance a cuatro años de la revuelta que remeció al país a partir del 18 de octubre de 2019.
Y, como para reforzar algo una visión positiva de lo ocurrido, el docente le recuerda a EL DÍNAMO que “los procesos históricos no siempre tienen la velocidad que uno quisiera“.
Riesgo de impunidad en derechos humanos
Una opinión más crítica tiene la docente de la misma casa de estudios, Judith Schönsteiner, editora general del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2023.
“Hoy podemos observar que, efectivamente, hay un gran riesgo de impunidad a un año de la prescripción de las acciones penales”, apunta la académica respecto de la represión durante el estallido social.
Detalla que en esta materia “hay dificultades principalmente con la evidencia e identificación del autor material. Y, en ese contexto, el avance de los de los casos o el empuje que le da el Ministerio Público no es suficiente”, asegura.
“En particular, está la falencia de que el Ministerio Público no ha ido investigando e imputando las responsabilidades de los superiores, que el derecho penal internacional exige determinar”, plantea Schönsteiner.
Cambio de escenario
Por su parte, el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Luis Garrido-Vergara, considera que “el estallido social abrió un espacio, un momento reflexión sobre un sector de la población que no se siente cómodo pensando en la prevalencia de las desigualdades“.
A cuatro años de ese momento, el sociólogo considera “muy llamativo el hecho de que pasamos de un escenario donde se plantearon las posibilidades de desarrollar muchos cambios, muchas transformaciones, a un escenario mucho más conservador y donde se están planteando en el nuevo proceso constituyente medidas que incluso quieren cambiar situaciones que se habían logrado con anterioridad, como por ejemplo, el caso del aborto”.
Al preguntarle por una evaluación de lo ocurrido en este tiempo, Judith Schönsteiner habla de “un balance bastante mixto. Hemos tenido ya dos procesos constitucionales para buscar que la reivindicación en materia de derechos sociales, en términos de pensiones, educación y salud, quede consagrada en las leyes”.
“Específicamente, en el primer borrador de Constitución estos derechos quedaron plasmados en forma consistente. En cambio, en el segundo borrador veo una gran dificultad en el reflejo de estos derechos sociales“, apunta la docente de la UDP.
Estallido social, pandemia y crisis económica
En tanto, Marcelo Santos asegura que no tiene dudas de que las problemáticas de ese momento no se solucionaron. “Lo que sucedió acá fue que las sofocaron otros temas que se tomaron la agenda“, manifiesta.
“Creo que el estallido social se tapó primero por el tema sanitario de la pandemia, y luego por una crisis económica profunda”, argumenta. Y para él “lo paradójico del proceso constituyente es que en el segundo hay una propuesta que es aún más en contra de lo que ocurrió en ese momento, especialmente en los derechos sociales”.
Según el docente de la UDP, el estallido social “hizo ver a Chile muy distinto. En América Latina siempre se habla de Chile como modelo de estabilidad, de economía sana. Sin embargo, no se veía la precariedad laboral, el endeudamiento de las personas, el alto costo de vida“, recalca.
Respecto de si se puede considerar que estos cuatro años fueron perdidos, Luis Garrido-Vergara lo descarta. “Uno podría pensar que no es que los temas que derivaron en el estallido social perdieron importancia, sino que el oficialismo ha tenido dificultades para impulsar su agenda de reformas en estos temas”, asevera.
“El elemento fundamental es que el Gobierno ha intentado promover una agenda de reformas que no ha tenido el éxito esperado, salvo en el ámbito laboral“, destaca el docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
Por último, sostiene que “sería un gran fracaso para nuestro país tener dos procesos constituyentes fallidos. Tener dos fallos en un período corto tiempo sería una muy mala noticia para nuestro país y también para el Gobierno“.
