¿Derogar o mantener el control preventivo de identidad?: la discusión que volverá al Congreso tras casi 5 años

Durante el segundo Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, en junio del 2016 se promulgó la Ley 20.931 que, junto con facilitar la aplicación de penas para los delitos de robo, hurto y receptación de especies, instauró el control preventivo de identidad que permite a cualquier funcionarios policiales exigir el documento de identidad a mayores de 16 años en nuestro país.

Por esos años la iniciativa enfrentó una dura oposición de los partidos de la izquierda, sin embargo, algunos votos claves de la Democracia Cristiana (DC) convirtieron el control preventivo de identidad en ley. Eso sí, antes de su promulgación, fue llevaba hasta el Tribunal Constitucional, organismo que ratificó la iniciativa.

En la actualidad, después de casi cinco años de su promulgación, la muerte de un joven malabarista identificado como Francisco Martínez en Panguipulli volvió a encender un debate que prácticamente parecía superado, ya que, justamente, durante un control preventivo de identidad el hombre perdió la vida a causa de tres disparos en el pecho percutados por un carabinero.

Si bien el Congreso se encuentra en receso legislativo durante todo febrero, el 5 de enero del 2021 un grupo de diputados del Frente Amplio presentó una moción para derogar la Ley Antibarricadas, de Seguridad Interior del Estado y dejar sin efecto el control preventivo de identidad, por lo que fuentes al interior del conglomerado indicaron a EL DÍNAMO que buscarán retomar estas discusiones en marzo.

Principalmente, como dijo una de las firmantes de la iniciativa, la diputada Maite Orsini (RD), porque el control preventivo de identidad busca “estigmatizar a un sector de la población que han sido vulnerados en sus derechos fundamentales por parte de agentes policiales”.

En el Senado, en tanto, José Miguel Insulza (PS) también instó a sus colegas de la Cámara Alta para “eliminar el control de identidad, porque es una mala herramienta”, ya que, “la relación entre delincuencia y control de identidad es muy baja o ninguna, y en realidad la gente controlada no tiene ningún problema. Sirve como un elemento discriminatorio y muy molesto para la gente”.

Senadores se abren a modificar implementación de control preventivo

Ante la arremetida de la oposición en contra del control preventivo de identidad algunos de los parlamentarios que entregaron su voto a la normativa en 2016 mantienen su postura y se abren sólo a pequeñas modificaciones. Incluso hay quienes afirman que los problemas derivados de la ley tienen se relaciona a falencias en su implementación por parte de Carabineros.

Por ejemplo, el senador Pedro Araya (IND) afirmó en entrevista con EL DÍNAMO que lo ocurrido en Panguipulli con la muerte del malabarista no es precisamente culpa del control preventivo, sino que “de la preparación y formación que recibe la policía. No es un problema de la ley, sino de cómo se aplica”.

“Hay que recordar que se han hecho millones de controles de identidad en el país y aquellos que han sido reclamados por problemas son la mínima parte. Yo soy de mantenerla, sin perjuicio que siempre uno puede modificar los cuerpos legales a fin de que sean más eficaces en base a para lo que fue dictada la legislación”, agregó el senador.

El parlamentario también pidió a los sectores más críticos de la normativa que dicen se asemeja a la detención por sospecha, aplicada hasta 1998 en nuestro país, ser responsables con sus declaraciones porque “si hay que compararlas, son absolutamente distintas”.

“Espero que haya más seriedad en el debate y que no se utilice el trágico fallecimiento de esta persona en Panguipulli para levantar consignas que no corresponden. No existiendo el control preventivo, Carabineros perfectamente pudo haber controlado a esta persona en Panguipulli en base a otros argumentos legales que tiene la institución”, recalcó Araya.

Por su parte, uno de los miembros de la Democracia Cristiana que entregó su voto al control preventivo, Jorge Pizarro, contó a EL DÍNAMO que sigue estando a favor de la legislación que aprobó en 2016, pero se mostró dispuesto a analizar qué tan efectiva ha sido durante los últimos años para eventuales modificaciones.

Para Pizarro, lo más importante es “tener objetividad en la evaluación respecto a la eficacia del control de identidad”, el cual, “debe ser analizado y estudiado de forma objetiva porque la correcta aplicación de cualquier ley va a depender de los criterios usados durante su implementación”.

“Hay que ver si el instrumento es eficaz, si la aplicación del mismo lo es o si se debe modificar. Las normas siempre se puede mejorar, corregir y modificar, siempre hay que estar dispuesto a eso”, indicó.

Controles y discriminación

Uno de las críticas más comentadas en torno al control preventivo de identidad es cómo esta herramienta es aplicada mayoritariamente a sectores de menores ingresos del país, mientras lo de mayores recursos, son menos fiscalizados por parte de Carabineros.

Al respecto, la plataforma Monitor de Seguridad del centro de estudios Chile 21, reveló que de los más de 2,6 millones de controles ocurridos en la Región Metropolitana entre enero y septiembre del 2020, 298 mil se hicieron en Santiago, 257 mil en Estación Central y 108 mil en Puente Alto.

En tanto, en el sector oriente de la capital las cifras son mucho más bajas. Por ejemplo, en Vitacura se concretaron unos 40 mil controles preventivos de identidad y en Lo Barnechea apenas 27 mil.

Para el senador Pedro Araya estas cifras sólo demuestran que el problema va en la “formación policial”, porque la ley “puede ser perfecta”, pero, “si las personas llamadas a implementarla no tienen una formación adecuada que les permita no discriminar es difícil que se mejore”.

“A mi juicio el Gobierno de Sebastián Piñera debe tomar la decisión de refundar a Carabineros y no puede seguir generando mesas de trabajo con los mismos de siempre, con sus amigos, que no tienen una clara visión de lo que ocurre con las policías”, detalló Araya.