De manera unánime, la primera sala del Tribunal Constitucional (TC) admitió un requerimiento presentado por el ex abanderado presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami (ME-O), para declarar inconstitucional la norma que le impide ejercer sus derechos políticos.
En detalle, el requerimiento fue presentado por los abogados de Marco Enríquez Ominami para impugnar la norma incluida en la Ley 18.556, sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral, respecto a que “no podrán sufragar quienes hayan sido acusados por delitos sancionados con penas aflictivas”.
En la actualidad, ME-O mantiene suspendido su derecho a sufragar y a postularse para ocupar cargos públicos porque la Fiscalía investiga su vinculación en el caso SQM de financiamiento ilegal de campañas políticas.
Tras la resolución del TC, la decisión final la tendrá el pleno de la instancia compuesta por diez ministros.
Esta no es la única acción que ha realizado ME-O a través de sus abogados para recuperar sus derechos políticos. Recientemente, solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que “resuelva pronto” el recurso de protección que presentó contra el Servel.
Al respecto, el abogado de Marco Enríquez-Ominami, Ciro Colombara, explicó ante la prensa que acudieron al TC porque la suspensión de los derechos políticos de su defendido “es una situación absurda y que no tiene paralelo en otros países”.
“Es contrario a los tratados y convenciones internacionales que expresamente regulan la situación de los derechos políticos, toda vez que solo pueden ser suspendidos, o alguien puede ser privado de ellos, en virtud de una sentencia penal condenatoria después de un juicio”, explicó el abogado de ME-O.
Tras conocer que el alegato de ME-O fue recibido por el TC, el presidente del PRO, Camilo Lagos celebró la decisión y acusó que el Consejo de Defensa del Estado buscó bloquear la revisión, luego que el organismo solicitó asumir la representación del Servel y que se rechazara la “acumulación de requerimientos” del fundador de su tienda.
“A pesar del intento del Consejo de Defensa del Estado, operado entre otros por Alberto Espina, que intentaba bloquear revisión de suspensión de derechos políticos de Marco, sin juicio, el Tribunal Constitucional declaró unánimemente admisible su revisión”, explicó Lagos.
