La Moneda entrega detalles de veto a Ley de Usurpaciones: elimina la “legítima defensa privilegiada”

Carolina Tohá, ministra del Interior, confirmó que este viernes se ingresó el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, ratificando la eliminación de la “legítima defensa privilegiada”.

La ministra Tohá puntualizó desde Palacio que “se hizo esta modificación para evitar que se promueva que los civiles a través de la violencia reivindiquen sus derechos y para salvaguardar que el delito se mantenga como un delito permanente y que en todo momento puedan actuar las policías”.

Por su parte, el ministro Alvaro Elizalde explicó que “es muy importante aclarar que en el caso del veto supresivo y sustitutivo, en caso de que el Congreso lo rechace, tiene que votarse favorablemente por dos tercios de los integrantes de ambas Cámaras presentes en la sesión para insistir en el texto original”.

El titular de la Segpres se sumó a las palabras de Tohá respecto a que “el tema de la violencia ejercida por particulares para resolver conflictos jurídicos, algo que va en contra de las bases de nuestro entrenamiento jurídico y particularmente de nuestro sistema penal”.

“En ese sentido nos parece que se tiene que restablecer el principio de que son las policías y los tribunales los que restablecen el imperio del derecho, estando el monopolio de la fuerza radicada en el Estado”, acotó Alvaro Elizalde.

Junto con ello, precisó que “se establece esta forma de restitución anticipada o rápida de manera tal que, por un lado, las policías pueden actuar en cualquier momento y adicionalmente los tribunales pueden ordenar la restitución sin esperar el fin del juicio”.

“Creemos que es una norma que otorga herramientas adecuadas para el rápido restablecimiento del imperio del derecho, pero al mismo tiempo respetando los principios básicos sobre los cuales se ha construido nuestro sistema penal. No podemos autorizar la violencia de particulares para ejercer más bien para resolver sus conflictos jurídicos, porque eso genera más violencia”, recalcó.

Consultados sobre si el veto presidencial tendrá apoyo en el Congreso, Carolina Tohá reconoció que “no está cerrado un acuerdo. Hubo harto esfuerzo por lograrlo, pero al final había algunos temas en que no había realmente un entendimiento común, particularmente respecto a cómo debe sancionarse la pena pacífica”.

“Esto es un delito, pero tiene algo excepcional que otros delitos no tienen y es la flagrancia permanente para efecto la actuación de las policías. Eso, por ejemplo, en el robo no existe, pero aquí va a existir. Eso significa que en cualquier momento la persona puede ir y pedir que Carabineros intervenga y desaloje el lugar en cualquier momento sin esperar que haya una resolución judicial, salvo que judicialice el caso y en ese caso ya el juez tendrá que definirlo”, aseveró.