Sin pactos y con sanciones a “descolgados”: las tres propuestas para reformar el sistema político pese al portazo de Boric
Tras el triunfo del En Contra en el último plebiscito, al menos tres grupos comenzaron delinear alternativas para disminuir la fragmentación y la ingobernabilidad en el Congreso. Una reforma que no convence del todo al Gobierno.
“Estoy de acuerdo en que el sistema político requiere cambios (…). Pero lo prioritario es sacar adelante la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Por eso, toda discusión respecto a algo tan importante como el sistema político debiera ser posterior a que zanjemos la discusión de (…) la reforma de pensiones”. Con esas declaraciones, expresadas este martes en el marco de un desayuno con la prensa en La Moneda, el presidente Gabriel Boric congeló el apoyo del Gobierno a la reforma que afectará al Congreso y a los partidos políticos.
Pocas horas antes, en entrevista con Cooperativa, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se había abierto a apoyar una reforma siempre y cuando exista un preacuerdo. “Si hay voluntad de hacer una reforma, lo aplaudiríamos, pero se necesita un acuerdo. No sería conveniente enfrascar al Congreso por un año a discutir reformas políticas que paralicen temas tributarios, previsionales. Sería conveniente que los partidos llegaran a un acuerdo y legislen”, aseguró.
Los dichos del mandatario no dejaron indiferentes a los actores del espectro político. A través de X ―antes Twitter― el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, sostuvo que “no aceptaremos condiciones al borde del chantaje. Los temas en que hay consenso no pueden postergarse a pretexto de otros temas en los que no lo hay”.
“Las reformas de pensiones y tributaria están ideológicamente mal concebidas, marginaron la evidencia técnica de lo que funciona en el mundo y no tienen respaldo ciudadano. No se puede exigir aprobar malas reformas a cambio de algo que es necesario”, agregó.
En tanto, el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), señaló que “yo pensé que teníamos bastante consenso sobre eso. Las declaraciones en sentido contrario del Presidente de la República, para mí, son un balde de agua fría. Yo espero que el Ejecutivo recapacite”.
“No puede pretender imponer ideologías minoritarias al modo de un chantaje”, añadió el diputado Diego Schalper (RN).
Desde el oficialismo también hubo respuesta a las palabras de Boric. El senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, comentó que “más allá del cronograma que puede tener el presidente en su cabeza, a nosotros nos parece, como Socialismo Democrático, que el cambio al sistema político es un imperativo. Es precisamente un entendimiento, y no la fragmentación, como la que tenemos en la Cámara, el que nos va a permitir aprobar reformas sociales”.
La inquietud por reformar el sistema político comenzó luego del triunfo de la opción En Contra en el plebiscito de salida del pasado 17 de diciembre. Desde ahí, al menos tres grupos de especialistas comenzaron a trabajar en propuestas para modificar el actual mecanismo electoral, el funcionamiento de los partidos y la representatividad.
Partidos políticos débiles y fragmentados: el diagnóstico de la DC
En marzo, la comisión de constitucionalistas de la Democracia Cristiana (DC) ―liderada por Elisa Walker― empezó a reunirse para estudiar las falencias del sistema político y proponer soluciones. Para el equipo, que integran, entre otros, abogados como Patricio Zapata, Javier Couso, Tomás Jordán y Alejandra Krauss, “tenemos un sistema de partidos altamente fragmentado, con partidos políticos débiles y atomizados, lo que afecta la gobernabilidad democrática y la estabilidad política. Junto con la dificultad de llegar a acuerdos debido a la gran cantidad de partidos existentes, las bancadas parlamentarias no cuentan con la estructura ni el orden partidario necesario para garantizar los votos una vez obtenidos los acuerdos a nivel de partidos”.
A juicio de los juristas, “esto genera una progresiva ineficacia del sistema para tramitar, aprobar y despachar proyectos de ley, ya sea que se inicien en mensajes presidenciales o en mociones parlamentarias”.
El diagnóstico de los abogados DC es que “estos problemas generan tensión en la estabilidad institucional, afectando la democracia y la posibilidad de que la política responda a las necesidades de las personas”.
En ese sentido, en conversación con EL DÍNAMO, Walker asegura que “lo que se busca es responder a la fragmentación en los votos en el Congreso Nacional, que dificulta aprobar políticas públicas o legislaciones. También se busca fortalecer los partidos políticos. Las democracias necesitan partidos políticos fuertes para actuar en forma colectiva en las decisiones políticas que se adoptan. Que no sea sólo la suma de distintas voluntades, sino fortalecer los espacios de decisiones colectivas. Los partidos políticos son los que mejor representan ese espacio de colectividad”.
Así, la primera propuesta de los especialistas DC es la prohibición de los pactos electorales. Para los constitucionalistas, “lo que explica la excesiva fragmentación partidaria, son los pactos electorales (y las excesivas facilidades para formar partidos). Si se eliminan dichos pactos, se obtendrá como resultado un número acotado y razonable de partidos con representación parlamentaria, al igual que en los años 60 y 70”.
Según Elisa Walker, “el fin de los pactos electorales quiere decir que en la papeleta, cuando vayas a votar, vas a ver a los candidatos de los partidos políticos, o a los independientes apoyados por partidos políticos o que corran solos. Pero cada uno va a votar por las listas, que son partidos. Ya no habría listas que son coaliciones de partidos, como ahora”.
“Esto es interesante porque le permite a la ciudadanía reconocer las propuestas de los partidos. Hoy en día, las propuestas de los partidos son difusas. Se genera poca claridad a través de la creación de los pactos electorales. El pacto, al final, agarra un poco de distintas propuestas de los partidos, pero cuesta saber lo que opina cada partido sobre algunas materias. Eso también abre un espacio de deliberación política interesante, de que los partidos políticos tengan su propio proyecto, su propia voz, clara para la ciudadanía”, agrega la abogada.
La segunda idea es la creación de partidos políticos nacionales, que obtengan un mínimo de firmas en todas las regiones del país. “Es importante que existan estándares mínimos para asegurar que la proliferación de partidos no constituye una atomización. En la actualidad, basta con constituir un partido en ocho regiones o tres regiones contiguas del país para que tenga reconocimiento formal. Para constituirse en una región se requiere un 0,25% del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados, siempre y cuando dicho porcentaje del electorado en cada región fuere superior a 500 electores”, plantea el documento DC.
“En la práctica, lo que ocurre es que los partidos se constituyen en tres regiones contiguas pequeñas y muchos no tienen fuerza para seguir sumando regiones con posterioridad”, añade el escrito falangista.
Según Walker, “para nosotros es importante que la variedad de proyectos esté disponible de norte a sur en nuestro país y que los partidos no cambien según la región. Eso también da una mirada nacional y fortalece a los partidos políticos, porque los obliga a tener más militantes. Serían una representación de una mayor cantidad de personas”.
El tercer punto que abordan los constitucionalistas democratacristianos son las sanciones a los parlamentarios que renuncien a su militancia. Para el equipo, “existe una normalización de la indisciplina partidaria, asociada a una débil regulación de la vida interna de los partidos, y de la relación de estos con las bancadas parlamentarias, entre otros aspectos (…). Especial preocupación merece la práctica recurrente de renunciar a los partidos en cuyas listas fueron elegidos los parlamentarios”.
Ante ello, sugieren “que el parlamentario que renuncia a su partido, pierde su escaño parlamentario. Por lógica, esta sanción es solo aplicable a afiliados y no a independientes declarados por un partido. En el caso de expulsión, y a fin de evitar el abuso de este mecanismo, debe garantizarse en la ley y en la práctica interna de cada partido el debido proceso”.
“Los ciudadanos votan por personas, pero que están en un partido, y van apoyados por un partido. Entonces, tú sabes que hay una cierta tendencia política detrás de la persona. No es sólo el individuo, es el partido el que lo apoya. Para ser fieles a la intención política original, planteamos que si una persona quiere renunciar a ese partido, lo razonable es que pierda el escaño. El partido político original debería tener que reemplazarlo. Es una forma de respetar la intención política de voto de quienes lo apoyaron”, esbozó la abogada Elisa Walker.
Fragmentación y disciplina partidaria: los problemas que busca enfrentar el documento que delinea el Frente Amplio
En el oficialismo, en tanto, también han sostenido una serie de encuentros para definir las bases para una posible reforma al sistema político. Este lunes, de hecho, las directivas de los partidos de Gobierno se reunieron en la sede del Partido Socialista (PS) para avanzar en mínimos comunes. Uno de los acuerdos de la cita fue que cada colectividad debatiera en la interna sus ideas y luego se avanzara en una propuesta común.
En ese contexto, un grupo de abogados ligados al Frente Amplio (FA), que integran Domingo Lovera (RD), Álvaro Ramis, Marcelo Díaz, Claudia Heiss, Raúl Méndez, Rossana Carrasco (Plataforma Socialista) y Juan Pablo Orrego, trabaja a contrarreloj para entregar, a más tardar este jueves, a la mesa del FA ―que preside provisoriamente Diego Ibáñez (CS)― un documento con una serie de propuestas.
Según Lovera, la iniciativa aborda cuatro ejes: el sistema de partidos, el sistema electoral, cómo se forma la ley y los mecanismos de participación y descentralización. Para ello, tomó como base el texto de la Comisión Experta del segundo proceso constituyente.
“Hay un diagnóstico que merece una reflexión. Una cosa es la fragmentación. Pero durante el binominal también había 17 partidos. No es que la fragmentación de partidos políticos sea necesariamente un problema. Nosotros creemos, en línea con la ciencia política, que el problema principal es la disciplina partidaria. Nos interesa tener un diagnóstico adecuado para ver cuál es el problema que tiene el sistema político en verdad”, dice en conversación con EL DÍNAMO.
El académico de la Universidad Diego Portales (UDP) comenta que “es costoso negociar en el Congreso. Eso se debe, en parte, al discolaje que hay, y a la falta de disciplina partidaria. Uno esperaría que, en el Congreso, las bancadas estuvieran relativamente ordenadas y voten en una determinada dirección”.
“El diagnóstico de la fragmentación merece ser suplementado con el de la representación, cuánto los partidos políticos representan, hoy en día, a la ciudadanía”, añade.
Uno de los aspectos que el bloque oficialista desea sumar es la paridad de género. Se trata de “una cuestión importante para el Frente Amplio. Es una cuestión que debiésemos mirar. Lo mismo con los mecanismos de participación, que pueden dar a los ciudadanos formas de involucrarse en la discusión política”.
Para Lovera, actualmente “la idea de legislar ya está. Hay un acuerdo transversal para reformar el sistema político. Para entrar a la discusión, necesitamos masticar mejor el diagnóstico, pero la idea general de que se necesita modificar el sistema, está”.
“No creo que el acuerdo transversal, que iba desde el PC hasta el Partido Republicano en la Comisión, se traslade a este tiempo. Estamos en año electoral, y es difícil modificar el sistema político, porque la gente quiere tener certeza de las reglas con que va a jugar. Pero sí hay una intención de que ocurra algo, aunque no sé si los tiempos lo van a permitir”, comenta.
Un miembro del equipo adelanta a EL DÍNAMO que ya se ha acordado generar mecanismos para “racionalizar el sistema de partidos” y crear barreras numéricas de entrada, aunque “no hay una definición precisa aún”. También señala que “existe una conciencia de que los pactos son un gran problema y debiesen ser considerados como un factor para racionalizar”. Otros temas que aborda el documento son la calidad de la democracia, la representación de las regiones y las sanciones para quienes dejen los partidos.
Un aspecto que el FA está dispuesto a conversar es la proporcionalidad. El bloque está abierto a discutir la fórmula de la proporcionalidad, para tender hacia una mayor representatividad social. Esto, evitando volver a un sistema parecido al binominal.
El grupo transversal y silencioso que impulsa Más Democracia para reformar el sistema político
Entre enero y febrero, un grupo de 11 expertos de izquierda y derecha comenzaron a reunirse para rescatar algunas propuestas de la Comisión Experta en esta materia. El primer impulso provino de la plataforma Más Democracia, liderada por Hernán Larraín Matte (Evópoli), a quien se unió Javiera Parada (IND). Con ella llamó a una serie de especialistas, entre los que están Gabriel Osorio (PS), Antonia Rivas (CS), Juan José Ossa (RN) y Ernesto Silva (UDI).
Según uno de sus miembros, el equipo ha seguido trabajando durante marzo y abril, enfocándose especialmente en los partidos. Esto, con el fin de consensuar un paquete de medidas urgentes, según un grupo de técnicos. “Si esto no se hace ahora, vamos a pasar al 2027, y quizás ya sea demasiado tarde”, desliza.
La misma fuente asegura que “el grupo que tenemos no ha agotado las instancias de llegar a un acuerdo acotado. Entendemos que para que algo se llame reforma al sistema político, no puede ser simplemente el umbral y la pérdida del escaño”.
Los miembros opositores del grupo sostienen que es muy difícil que se llegue entre los distintos sectores. Sin embargo, en las directivas de Chile Vamos el ánimo es otro: a su juicio, pese al año electoral, hay piso político para iniciar una negociación. El único problema, sostienen, es que 2024 es año electoral, por lo que la problemática podría salir rápidamente de la agenda.