Voto obligatorio sin multas: las razones del oficialismo para rechazar las sanciones y el proyecto que duerme en el Senado

El lunes recién pasado, la Cámara de Diputados aprobó, por 87 votos a favor, 44 en contra y cuatro abstenciones, el proyecto que propone realizar las elecciones municipales y regionales de octubre próximo en dos días y perfecciona el sistema electoral. Así, la iniciativa volvió al Senado para ser revisada.

Se proyectaba que uno de los nudos de la discusión en la sala sería la reducción del monto del reembolso fiscal que reciben los candidatos y partidos políticos por los votos obtenidos en las elecciones. Pero eso no ocurrió y la indicación del Gobierno fue visada por 119 votos a favor, cuatro en contra y 12 abstenciones (la mayoría, de la UDI). Así, el retorno fiscal podría pasar de $1.500 a $975.

Contrario a lo previsto, el principal punto de desacuerdo fueron las sanciones a quienes no concurran a votar.
La iniciativa legal —de quórum especial de 78 votos— proponía multas de entre $32 mil a $200 mil, cuestión que, finalmente, fue rechazada con 74 votos a favor, 54 rechazos, y siete abstenciones.

Durante la sesión, los diputados socialistas Leonardo Soto y Raúl Leiva propusieron eliminar esa indicación. Para zanjar el debate, Vlado Mirosevic (PL) propuso votarla por separado. Sin embargo, en la sala ya cundía la idea de rechazar, cuestión que materializó —en bloque— el oficialismo.

El martes, el Senado votó en contra de las modificaciones realizadas por la Cámara y, para corregir la reforma electoral, convocó a una comisión mixta, que comenzará a sesionar el 8 de julio a las 15:00 horas. La instancia estará presidida por el senador Manuel José Ossandón (RN), quien busca que las sanciones se repongan en el proyecto de ley.

En conversación con EL DÍNAMO, Ossandón plantea que “aquí ha habido un cálculo miope de buscar resultados electorales y no fortalecer la democracia. El no sancionar significa que el voto es voluntario, y con eso, esta ley no tiene ningún sentido“.

El monto de la multa y un error de mecanismo legislativo: los argumentos del oficialismo para rechazar las sanciones

Uno de los argumentos de los parlamentarios oficialistas era que el monto de las multas parecía excesivo para la realidad financiera del país.

Consultado por Emol, el diputado Soto explicó que el problema es que “permitía que una persona, un adulto mayor, sea sancionado por no ir a votar con una multa de hasta $200 mil, que es el monto de una PGU. Es casi la mitad del sueldo mínimo”.

“Es una multa evidentemente desproporcionada, gigantesca, que no tiene relación con el poder adquisitivo de los chilenos”, cuestionó.

En diálogo con EL DÍNAMO, Raúl Leiva comenta que “a nuestro entender siempre el incumplimiento tiene que venir asociado a un tipo de sanción. Que, en este caso, es una multa”.

A juicio del diputado Leiva, “esto no es sólo aplicar una multa, cuyo tope máximo el máximo era muy alto y hay que moderarlo, sino también regular ciertos casos especiales. No podemos seguir improvisando en una materia tan sensible como las sanciones”.

En ese sentido, Leiva sostiene que el margen de las multas “es muy amplio”, y falta una regulación que permita distinguir caso a caso. “Principalmente, el tema es la regulación de las causales de exención, por ejemplo, en caso de adultos mayores de 90 años o personas cuidadoras de postrados dependientes“, dice.

El parlamentario señala que se debiera tender a la gradualidad y a tomar elementos que se utilizan en el pago de otras sanciones. “Por ejemplo, en el caso de las multas de tránsito, tramitadas por los propios Juzgados de Policía Local el pago anticipado conlleva un descuento de un 25% en infracciones graves”, sugiere.

Pero, según el militante socialista, “esto es un problema de mecanismo legislativo”. Al respecto, recuerda que cuando se volvió a instalar el voto obligatorio, a inicios de 2023, se estableció en la Constitución que “una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ellas y el procedimiento para su determinación”.

“Si se aprobaba esta forma de sanción, lo que iba a suceder es que quedaba aprobado y ratificado, y no podía ser objeto de modificación en la comisión mixta. Por eso votamos en contra, para que esto se regule de mejor manera. A mi juicio, lo que hace este proyecto de ley es replicar el mecanismo improvisado usado para los dos procesos constitucionales fallidos”, sostiene.

Una visión distinta tiene la diputada Catalina Pérez, que ha ejercido como informante del proyecto. La parlamentaria —actualmente parte del FA— está en desacuerdo con la existencia de multas y espera defender ese punto en la comisión mixta.

“Debemos resolver el establecimiento de multas en caso de que no se cumpla la obligación de sufragio. En la Cámara de Diputados defendimos la idea de que en este contexto económico para las familias cobrar multas por no votar nos parece inadecuado”, plantea consultada por EL DÍNAMO.

En la DC, en tanto, optaron por tomar distancia del oficialismo en este tema. “Tener voto obligatorio sin sanciones es, simplemente, revivir el voto voluntario”, reclama el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC).

En conversación con EL DÍNAMO, dice que “nosotros, en la bancada de la DC, somos absolutamente contrarios a eso. Queremos evitar el clientelismo, que le ha hecho pésimo al país. Las tortas, las medallas, y que un grupo muy reducido termine tomando decisiones para el país, influidos por caudillismos políticos, que después se dedican a cobrar”.

El proyecto de voto obligatorio que lleva nueve meses durmiendo en el Senado

El 11 de octubre de 2023, el Gobierno ingresó al Senado un proyecto de ley que modifica la legislación electoral para establecer el voto obligatorio y perfeccionar el sistema. Además de modernizar el proceso eleccionario y precisar plazos, la iniciativa señala facilidades para personas con discapacidad y la posibilidad del voto anticipado.

Sin embargo, el foco está puesto en la regulación de la obligatoriedad del voto. Al respecto, la norma propone que “el elector que no sufragare en las elecciones y plebiscitos regulados por la presente ley, será sancionado con una multa a beneficio municipal de 3 unidades tributarias mensuales”.

Al mismo tiempo consagra que no reciban sanciones los gravemente enfermos o imposibilitados física o mentalmente, personas con algunos tipos de discapacidad certificadas, residentes de establecimientos de larga estadía y cuidadores. También, excluye de las multas a quienes estén a más de 200 kilómetros o fuera del país, los sometidos a pena aflictiva y quienes desempeñan funciones durante la elección.

Pese a que el Ejecutivo le ha puesto urgencia 10 veces, según Aedo, el proyecto “no ha tenido ninguna tramitación. Lo ideal es que le den rapidez y lo tramiten ya, que no pierdan más tiempo”.

“Lo que estamos votando es para las elecciones de octubre. El proyecto que está en el Senado es general, aplica para todas las elecciones”, explica el diputado DC.

Leiva agrega que “esa era la instancia para discutir, de verdad y con seriedad, la obligatoriedad del sufragio. Sin embargo, no se ha iniciado siquiera la discusión general pese a las urgencias del Ejecutivo”.

¿A quién beneficia el voto obligatorio y el voto voluntario? La explicación de dos especialistas

Desde la oposición se apuntó, también, a motivos electorales tras el rechazo a las sanciones por no votar. “Los llamo a que sean más transparentes, porque aquí algunos creen que el voto obligatorio no les conviene y pueden tener un mal resultado electoral. Pero la democracia hay que cuidarla y fortalecerla”, acusa el senador Ossandón.

Consultado por EL DÍNAMO, el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones en Universidad Central, Marco Moreno, confirma esa tesis. “De lo que sabemos, el voto obligatorio tiende a perjudicar más a los sectores de izquierda. Pero, en general, también a los de derecha, que se habían acostumbrado a trabajar con clientelas o electores capturados, que eran más fáciles de mover, con un discurso de polarización e identitario”, comenta.

El académico agrega que otro factor que influye es el “sesgo de clase”. “Hay sectores de la sociedad que votan menos. En cambio, en los sectores donde hay un electorado importante de derecha, votan más. Quizás eso es lo que distorsiona un poco la idea de que esto tiende a favorecer a la derecha y perjudicar a la izquierda”, explica Moreno.

Para el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, “en teoría, el voto obligatorio coacciona legítimamente a la población a expresar su posición. Es una coacción legítima porque está arreglada bajo la ley. Por lo tanto, no es un ejercicio violento, sino al contrario, incide en la voluntad de participación y corresponsabilidad en las decisiones públicas”.

El especialista en Ética y Democracia asegura que “normalmente, los que se van a expresar por medio de esa obligatoriedad son sectores de menores ingresos. Ellos normalmente quedan con menos condiciones o estímulos a la participación electoral. El voto voluntario se eliminó justamente por ese diagnóstico”

“Otra cosa es que, finalmente, la voluntad de esos sectores más vulnerables de la sociedad no se exprese como teóricamente debería expresarse y muchas veces sean captados por el voto de protesta en un sentido volátil. Por lo tanto, su propensión a votar por un partido u otro no está clara y pueden ser inducidos a tendencias más populistas o de cierta acción que tienda al inmediatismo”, dice Ramis.

La Moneda sigue esta discusión con atención. De hecho, este jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), amenazó con vetar el proyecto en caso de aprobarse sin sanciones por no votar. “El Gobierno es promotor de un voto obligatorio con multa. Y lo vamos a defender, nos convenga o no nos convenga, lo hemos defendido siempre”, sostuvo.

Tohá agregó que “lo que se juega en el voto obligatorio no es a quién favorece o perjudica, sino la fortaleza de la democracia”.

“Pero nosotros nos vamos a encargar. Si no fuera así, vamos a ocupar los mecanismos que nos da la legislación, incluido el veto, para que el voto obligatorio quede con multa”, afirmó.

“Porque los chilenos no aceptarían la hipocresía de un voto obligatorio sin ningún tipo de sanción. Sería contarnos cuentos”, reconoció la secretaria de Estado.