Quiénes están a favor o en contra de que los parlamentarios desaforados pierdan su dieta parlamentaria
Actualmente hay dos proyectos en el Congreso que buscan impedir que parlamentarios que no ejerzan su labor por estar imputados por algún delito sigan recibiendo su sueldo.

Actualmente, en el Congreso, hay dos proyectos que buscan que parlamentarios que sean desaforados pierdan su dieta parlamentaria. Uno de ellos fue presentado por la senadora Fabiola Campillay (IND) el 13 de agosto de 2024 y sigue en primera instancia.
En el escrito plantea que en los casos donde se apruebe el desafuero, “es del todo razonable que el parlamentario sea suspendido del pago de su dieta parlamentaria durante el tiempo en que sea impedido de desarrollar sus funciones como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución”.
Ahí, además, sostiene que en estos casos el pago del sueldo sería “una causa de enriquecimiento injusto” porque se le estaría pagando a una persona “a pesar de estar impedido de realizar su trabajo por un motivo que es imputable a él”.
El proyecto de Campillay busca agregar al inciso final del artículo 62 de la Constitución la frase: “La dieta no será pagada al parlamentario durante el tiempo que se encuentre suspendido de sus funciones por desafuero conforme el inciso final del artículo 61”.
La segunda iniciativa fue ingresada por el diputado Andrés Giordano (FA) el pasado 10 de enero, pero aún no inicia su tramitación. En él, sostiene que “es de toda justicia que, si por un procedimiento constitucional somos suspendidos de nuestras actividades, no recibamos nuestra dieta“.
A diferencia de la senadora, en este caso se quiere agregar un inciso final del artículo 61 de la Constitución el que indica que “mientras dure la suspensión del cargo, el diputado o senador imputado no percibirá la dieta mencionada en el artículo 62 de esta Constitución”.
El tema ha vuelto al debate en los últimos días luego de que, por ejemplo, este jueves, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificara el desafuero de la diputada Catalina Pérez, quien ahora deberá enfrentar a la justicia por el Caso Democracia Viva. En diciembre pasado, la Corte Suprema ratificó el desafuero de Francisco Pulgar, quien esta semana quedó en prisión preventiva por la denuncia de violación contra una menor de edad de 14 años.
Estos dos parlamentarios se suman a María Luisa Cordero, desaforada en junio de 2023; y Mauricio Ojeda, desaforado en julio de 2024. Aún podrían sumarse otro nombre: Joaquín Lavín Jr., luego de que la Fiscalía no descartara presentar esta solicitud a raíz de la investigación por la entrega de presuntas boletas falsas.
Respaldos y llamados al Gobierno
En el oficialismo, la posibilidad de que aquellos diputados desaforados pierdan su dieta parlamentaria cuenta con un amplio respaldo. Desde el Gobierno, la vocera Aisén Etcheverry, quien ante los medios señaló que “es una discusión que hay que dar. Son temas que aparecen y que están en el debate público, y que tienen que discutirse, pero discutirse en el lugar y en el espacio que corresponde que es en el Congreso“.
Por su parte, hace una semana, la senadora Fabiola Campillay emplazó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, al igual que la vocera sostuviera que es una discusión que se tiene que dar en el Congreso. Ante esto, la parlamentaria a través de X le mandó el siguiente mensaje: “Es momento de darle suma urgencia. Hay que darle dignidad al cargo y ponerle fin a los privilegios“.
En esa misma línea, el diputado Diego Ibáñez (FA) llamó al Gobierno a darle suma urgencia al proyecto. “Es importante que los diputados y diputadas que han sido desaforados no reciban recursos que provienen de impuestos de todos los chilenos, para ellos defenderse en su procedimiento judicial. Creo que no corresponde y, en ese sentido, pido al Gobierno que le coloque urgencia al proyecto que suspende el sueldo a los desaforados para terminar con este privilegio“, dijo.
El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), también cuestionó en CNN Chile, que, por ejemplo, Catalina Pérez siga recibiendo su sueldo. Más aún por el delito que está siendo investigada.
“Es legítimo que la gente se cuestione por qué alguien que está siendo acusado de fraude al Fisco sigue recibiendo recursos fiscales. Creo que es un debate necesario, y me parece bien que se instale”, dijo.
“Es un tema que debemos analizar con seriedad. La ciudadanía merece que abordemos este tipo de casos, especialmente cuando se trata de recursos públicos. Este debate es parte de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra democracia”, agregó.
La diputada Javiera Morales (FA) recordó que “cualquier trabajador chileno que esté suspendido de su trabajo por problemas judiciales, no recibe sueldo. En el caso de los parlamentarios, es incomprensible que aquellos desaforados sigan recibiendo la dieta parlamentaria”.
En tanto, el diputado Miguel Ángel Calisto (AMA), presidente de la Comisión de Constitución, confirmó diálogos para acelerar la iniciativa del Frente Amplio, por lo que va a priorizarlo en marzo. Así, destacó que “es importante también hacer un análisis crítico, pero también bien apegado a la ley respecto de este tema”.
“El desafuero es un proceso que es parte de un proceso investigativo. Por lo tanto, en ningún caso involucra que la persona que ha sido desaforada ha sido parte o tiene responsabilidad en la comisión de un delito“, precisó, según consignó La Tercera.
Desde la oposición, Paula Labra (IND-RN) se desmarcó de su sector. “Si un trabajador común y corriente, una persona esforzada, no asiste a su trabajo sin justificación, no recibe su sueldo, ¿por qué un parlamentario desaforado sí continúa recibiendo su remuneración?“, cuestionó, según El Heraldo.
“Los diputados debemos ser tratados con igualdad de condiciones que todos los chilenos, por lo mismo no hay motivo para que tengamos inmunidad frente a la ley, es decir, fuero parlamentario… el que nada hace, nada teme”, agregó.
Proyecto “popular” y “desafuero no es culpabilidad”
A diferencia de Labra, la diputada y jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, afirmó que “este año vamos a estar llenos de proyectos populares, pero tenemos que ver si son justos y atingentes. En estos casos hay que tener presente la presunción de inocencia“.
En esa misma línea, el diputado Jorge Alessandri (UDI), integrante de la Comisión de Constitución, también calificó de “popular” la iniciativa de quitarle la dieta parlamentaria a diputados y senadores desaforados. “Va a tener fácil tramitación en un momento como este con tanto parlamentario desaforado, pero no es una buena idea, el desafuero es una protección no para el parlamentario, sino para el que se querella contra él“, sostuvo.
“El desafuero no es culpabilidad, es que te van a empezar a investigar, igual que la formalización. No es bueno castigar antes que un tribunal independiente te encuentre culpable”, agregó.